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QUÉ HAY DETRÁS DE LAS REFORMAS CONSTITUCIONALES QUE HOY SE PROMUEVEN

Ponencia presentada por Iván Marulanda en el Seminario “La Constitución de 1.991, evaluación sobre su desarrollo y aplicación” organizado por la “Corporación de Estudios
Constitucionales PLURAL”. 

Rionegro, Antioquia, 6 y 7 de Julio de 1.995
Recinto de Quirama

Los parlamentos y los gobiernos son expresión de la política. En Colombia no. Aquí son, por estos años y por lo general, fruto del dinero que compra votos: El dinero del narcotráfico y el de los conglomerados económicos.

El dinero decide las elecciones en este país porque la mayor parte de la población vive en la miseria y esta dispuesta a vender su voto. Y por el otro lado, fortunas desproporcionadas que se han consolidado en esta sociedad desigual -deformada por la codicia e infiltrada por el crimen- buscan seguridades, legitimidad, privilegios
en las leyes y en los actos administrativos, y los consiguen a través de congresistas y gobernantes que obtienen su elección mediante el dinero que condiciona la política, que compra votos. Ellos son instrumentos de esos intereses.

En Colombia no se puede hablar de partidos políticos. No existen. Personas aisladas buscan su propia nominación a corporaciones de elección popular – congreso, asambleas, concejos- o al ejecutivo -presidencia, alcaldías, gobernaciones- utilizando el nombre y los símbolos de partidos históricos. Pero no representan la tradición ideológica de esos partidos, ni su testimonio del pasado, ni sus anteriores compromisos con la nación. Ni están articulados entre sí ni lo que piensan los unos tiene que ver con lo que predican los otros. En muchos casos se trata de personas que no tienen ideales políticos, ni conocimientos sobre el Estado, la historia, la situación del país, la administración pública, o las realidades que pretenden manejar. No lo necesitan ni allí está el origen de su ambición política, ni tampoco es lo que motiva a quienes los eligen.

Lo hemos dicho: A la mayoría de ellos los respalda la cuota de dinero que compra los votos para su elección, y basta. El vínculo con el votante es pasajero y termina cuando le paga el voto. Hacia adelante, durante el período de ejercicio del cargo, los elegidos cancelan la deuda pendiente con sus patrocinadores. En las sesiones legislativas y en los escritorios de la burocracia se desarrolla la relación empleado- empleador, es decir, político-donante.

La Constitución Nacional no tiene la culpa de tal malformación de la democracia. Es el resultado del tipo de capitales que se han configurado en Colombia y de su correlación con la pobreza generalizada: Esos capitales están expuestos a permanentes peligros frente a las autoridades por su voracidad en unos casos, o por su ilegalidad en otros, o frente a la comunidad por su desproporción e injusticia. Entonces necesitan poder político detrás que los proteja, y que además ayude a consolidarlos y acrecerlos.

Hace pocas semanas el jefe del Estado propuso que se cambiara la Constitución para crear una sola cámara legislativa. Él no estaba tomando en consideración el problema de fondo expresado atrás. Por el contrario, una sola cámara es más vulnerable al influjo del dinero porque son menos los legisladores. En esa eventualidad, el costo de cada curul crecería en forma exponencial y disminuirían las probabilidades de que llegaran al Congreso representantes de la libre voluntad ciudadana. La política sería absorbida y asfixiada por las fortunas, en extremos que no concibe la imaginación.

No se le encuentra explicación a la inquietud del presidente de la república, porque inclusive la fórmula puede terminar quitándole funciones y dominios. De hecho, él influye menos hoy en los congresistas que los dueños de los emporios empresariales e incluso que los gerentes de las grandes compañías, y claro está, que los carteles de la droga. Cada que el gobierno requiere del voto en las cámaras, tiene que derramar el presupuesto nacional y la burocracia a los pies de los congresistas. En cambio, el contrato de trabajo de estos con los empresarios y con el crimen organizado es a término fijo, hasta el fin del período, porque el pago lo reciben por adelantado, en la campaña electoral. Además, el incumplimiento puede costar la no reelección y algunas veces la muerte, como ha ocurrido.

Pero la erosión del poder presidencial no termina ahí, cuando se trata de la cámara única. Ya saltó la liebre, como era obvio. Detrás de esa figura viene por añadidura la del régimen parlamentario que sustituye al presidencialista, con Primer Ministro a bordo. Ese fue el revire de los congresistas a la zafada del primer mandatario: De inmediato pidieron Primer Ministro.

Tal vez valga la pena recordar que la cámara única nació con la Asamblea de Diputados en la revolución francesa, a finales del siglo XVIII. Los constituyentes populares tenían ante sus ojos las referencias de las instituciones que se habían conformado en Inglaterra un siglo antes, y veían con prevención la posibilidad de que se les colaran la nobleza, la aristocracia y el clero por la grieta de una segunda cámara como la de los lores. Querían desaparecerlos con todo y sus privilegios, y no dudaron en fundar la cámara única, popular, y de sepultar cualquier posibilidad de un segundo colegio legislativo.

Pero para comenzar, la Asamblea Francesa es una cámara con más de seiscientos miembros representantes de partidos políticos organizados. Y a continuación le sigue el sistema parlamentario en el que gobierna el Primer Ministro escogido por las mayorías legislativas. El Presidente de la República es la versión civil del monarca – casi un simbolismo- pero con período fijo y sin derechos de sucesión por la sangre. Igual que el Rey en las monarquías constitucionales, tiene funciones reducidas y más bien de solemnidad. Quien tiene el poder real es el Primer Ministro, que no depende del Presidente sino del Congreso. Ni siquiera es siempre de su propia filiación. Miterrand, socialista, tuvo que “cohabitar” durante sus catorce años de reinado con varios Primeros Ministros conservadores.

Para encontrarle explicaciones a la ventolera unicameralista del presidente Samper se necesita imaginación. Subir los precios de cada butaca en el congreso a niveles superiores a los actuales, parece de por sí mala idea. Y si a esto se agrega que los poderes y funciones presidenciales se reducirían a las de un figurín, ni hablar.

Ahora, solo pensar que el presupuesto y la burocracia públicos se los festinarían los parlamentarios que logren hacer coalición mayoritaria repartiéndose el poder por pedazos, produce escalofrío. Con los microempresarios electorales que hacen la política nuestra, que no tienen partido político, ni Dios, ni ley, tendríamos bancadas mayoritarias diferentes cada ocho días, como ocurre en los Concejos Municipales y en las Asambleas Departamentales. Y así, estrenaríamos Primer Ministro después de cada coctel. Un delirio.

Ahora bien, supongamos esa cámara única de la que habla Samper, sin tocar el régimen presidencialista. Tal posibilidad ofrece dos escenarios, no se sabe cual peor. Una mayoría parlamentaria comprada por el ejecutivo, abyecta y obsecuente, sin capacidad de ejercer controles ni de discernir sobre las leyes de manera autónoma; o una mayoría hostil, cerrada en la oposición, atravesada a todo porque sí y que bloquearía la operación del gobierno y el funcionamiento del Estado. Ese es un país atascado, atrancado. Pésimo.

Delante de los panoramas descritos atrás solo se puede llegar a una conclusión: El presidente Samper no sabía lo que estaba proponiendo cuando habló de traer a Colombia la figura de una sola cámara legislativa. Y para que esté disparando descargas de fuegos artificiales, debe ser que su ánima se encuentra desesperada y acosada por remordimientos y temores secretos.

Pero miremos más allá del mal momento por el que pasa la democracia colombiana.

Ayer observaba a un grupo de madres administrando a sus bebés, y pensaba que como ellas, nosotros trabajamos para el futuro. Estamos levantando una criatura, construyendo los cimientos de la nación, para que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, vivan bien. En una sociedad civilizada, sin atropellarse. Eso no se hace de la noche a la mañana, menos cuando partimos del atraso político y de la barbarie actuales.

La historia nos manda a las generaciones presentes hacer el esfuerzo de ponerle piso a la formación de partidos políticos de verdad, fundados en ideas, disciplinas, valores, respuestas programáticas, actividades permanentes de capacitación, discusión, divulgación. Partidos organizados que trasciendan los individuos y naveguen por los tiempos haciendo historia.

Para que viva un partido se necesita más que una ambición personal, más de una elección y más de una generación. Debemos entenderlo los colombianos, reducidos como estamos al esquema de vivir al minuto, sin panorama, detrás de candidatos que nacen y mueren en espacios nimios de tiempo, como flores de un día, unas veces quijotes, otras -las más- personajes ambiciosos, megalómanos, truculentos, vacíos.

En la perspectiva de abrir la mente al porvenir de los colombianos y no al futuro individual, se desconfía cuando se oyen voces que proponen reformar las instituciones en vez de desarrollarlas. Lo primero que se piensa es que provienen de sectores a los que no les interesa sino el presente. Quieren acomodar fichas para arreglar problemas pasajeros. Componer situaciones, amarrar el juego democrático, y utilizan el pretexto de la reforma política.

Se debe advertir que ningún congresista, ni tampoco el Presidente de la República, dijeron en sus campañas que querían cambiar la Carta Fundamental. Ahora sorprenden a los ciudadanos. No fueron elegidos para eso, como si lo fue la Asamblea Nacional Constituyente, precedida de mesas de trabajo populares y discusiones públicas de las que salieron miles de propuestas que fueron analizadas y sirvieron de materia prima para hacer la Constitución.

Nadie cree que ante las urgencias de una economía en crisis, camino a la recesión, con saldo creciente de empresas en concordato, personal desempleado, deudores morosos, bienes productivos inactivos, invadida de contrabando y de divisas espurias, y con el costo de vida en ascenso; o que en una sociedad incendiada de violencias y barbaries, el afán esté en cambiar la Constitución.

Menos cuando es tan joven y ni siquiera se ha desarrollado en leyes y actos administrativos suficientes e idóneos, en jurisprudencias y doctrinas de las Cortes o interpretaciones de los jueces, ni tampoco se ha divulgado y enseñado para transmitirla a la conciencia colectiva, ni se le ha dado oportunidad a los ciudadanos para que se la apropien y la conviertan en forma de vida.

Debemos preguntarnos si la dirigencia política de este país, cuestionada en buena parte por su dependencia del financiamiento ilegal, tiene la autoridad moral para modificar las estructuras jurídicas de la sociedad. Y cuestionarnos si a estas montoneras que se agitan en el mundo de la política colombiana les asiste sindéresis para hacerlo. Partidos sin jerarquías sólidas, sin liderazgo, sin disciplina. ¿Quién inspira y armoniza a los personajes que quieren incursionar en los textos de la Constitución? ¿Qué representan estas personas? ¿Qué tienen en común más allá de remoquetes partidistas vacíos de contenidos y de compromisos nacionales?

La Asamblea Constituyente de hace cuatro años, popular, equilibrada en sus múltiples representaciones de partidos y vertientes del pensamiento, pluralista en su conformación étnica, religiosa, regional y social, puede producir como lo hizo, un texto universal e imparcial, fundado en el interés de todos los asociados. Pero un Congreso y un Gobierno monolíticos y hegemónicos como los de hoy, inclinan la balanza hacia la consolidación de privilegios y discriminaciones en las propias instituciones. Eso es lo que buscan. Ventajas en la Constitución para perpetuarse en el poder. Es violencia política que engendra otras violencias, dentro del panorama nacional ya saturado de confrontaciones.

Los que intentan ser reformadores hoy están, pues, haciendo demagogia, actuando por conveniencias propias a espaldas de la realidad colombiana, y ejerciendo violencia virtual sobre la sociedad.

¿Pero por qué debemos referirnos aquí a la discusión actual sobre la posible reforma a la Constitución? Es simple: Porque esas reformas tienen por común denominador y motivación uniforme, apuntalar las reelecciones de los parlamentarios. Si se siguen los caminos de las propuestas que circulan, siempre se llega a ese punto de partida: Llevan consigo ventajas que se quieren crear para reducir las contiendas electorales a eventos desiguales de resultados previsibles, anticipados, asegurados de antemano por las propias reglas del juego.

Puede decirse que ese fenómeno expresa no solo la tradición de decenios, sino además la debilidad de esas agrupaciones políticas, aferradas al poder como si fuera derecho propio, adquirido con el tiempo. A falta de líderes, de influjo en la conciencia ciudadana, de ideas, de soluciones a los problemas del país; a falta de organizaciones que interpreten a la nación y tengan raíces populares, montan un aparato electoral desde la Constitución y desde el Estado, y rodean de garantías y salvaguardias sus ambiciones para impedir que la política se ventile y se renueve.

Es lo que han hecho siempre. Castrar las ideas, el debate, la contienda política. Asfixiar las posibilidades de competencia democrática e impedir la formación y materialización de corrientes renovadoras de opinión, de nuevas fuerzas políticas. Frustrar la modernización política. La vida pública ha sido reducida así al ejercicio de una especie de dictadura civil constitucional. De una rutina en el poder. Y la perpetuidad de esto hay que impedirla a como dé lugar. Es la razón para defender la Constitución del 91 en su espíritu pluralista y democrático: Impedir el retroceso de la historia y el bloqueo de la política.

Necesitamos tiempo para encausar la política y consolidar versiones legítimas de poder popular. Partidos y movimientos que representen a la comunidad en su libre expresión. Y para esto, habrá que esperar elecciones que sean financiadas por el Estado de forma que la representación que resulte del voto, sea independiente de fuentes de poder económico o criminal. Y también, que los medios de comunicación estén abiertos al acceso de las organizaciones políticas, sin discriminación. Buena parte de esos medios de comunicación están en manos del dinero que compra la política en Colombia. Se utilizan para ese fin, para apuntalar el negocio de la compra y venta del poder. La Constitución tiene herramientas para impedir tal deformación de la democracia. Hay que utilizarlas.

Si el Congreso es expresión de los partidos políticos, y estos expresión del poder económico, en un campo abierto a la compra de votos -como es el nuestro- no queda remedio. No tendremos nunca partidos políticos, sino lo que tenemos: Microempresarios electorales. Hay que empezar, entonces, por reformar la base de la pirámide: Democratizar el suministro de recursos económicos y el acceso a los medios de comunicación, para que estén al alcance de las corrientes de opinión. Esto abriría el espacio a la libre competencia democrática y a la formación de nuevas fuerzas, abiertas a captar el interés y el respaldo del público. Esas fuerzas obligarían a los viejos partidos a regenerarse sobre la base de compromisos con el progreso de la comunidad, con propuestas serias y sinceras, y dirigentes idóneos.

Quizás habría que agregar un ingrediente. Limitar por ley el acceso al Senado solo a las fuerzas que obtengan más del cinco por ciento de la votación nacional. Esto obligaría a los partidos y movimientos a disciplinar la elaboración de listas y tal vez a presentar listas únicas, lo que seria ideal.

Como fruto de las reflexiones anteriores se podría decir que el trabajo público que se realice por estos tiempos debe poner acento en lograr que el Congreso sea expresión de las fuerzas y corrientes políticas que se mueven en el seno de la sociedad. Esas fuerzas y corrientes no han tenido oportunidad de organizarse a la luz de las realidades contemporáneas. Los intentos han sido aplastados por el dinero que invadió y condicionó la política, y también por violencias que sustentan esa estructuración del poder.

Hoy no tenemos en Colombia sino la presencia de un solo partido en las ramas del poder público que tienen origen en las urnas: El partido del dinero. En él terminaron fusionados los residuos de los partidos políticos tradicionales, entrados en la decadencia de la corrupción. No tenemos en la práctica una democracia, sino una plutocracia. Estamos en manos de ese bloque que representa intereses de pocas personas.

El partido único colombiano es pobre en valores, matices e ideales. Como cosa paradójica y curiosa, rige a un país rico en posibilidades y realidades culturales, históricas, espirituales y materiales. Son las distorsiones que crea la pobreza y la marginalidad de muchos, asediada por la riqueza de pocos. Es una especie de esclavitud moderna, como queda dicho instrumentada con poderes en apariencia democráticos y legítimos, pero en realidad manipulados por el dinero, hegemónicos, corruptos, y cuando es necesario, violentos. Y se apropiaron del derecho para usarlo en su beneficio. Por eso quieren cambiar la Constitución hasta reducirla y moldearla a la medida de sus conveniencias.

Tal es el espíritu de las reformas que se promueven por estos días.

Muchas gracias

Iván Marulanda