Hay qué preguntarse para quién es el liberalismo y para quién debiera ser.

El Partido Liberal se convirtió con los años, en una fuerza al servicio de los políticos y de quienes los financian.

En los últimos decenios el dinero se tomó la política colombiana y por tanto, al Partido Liberal. Más que convencer con ideas y propuestas, en las elecciones se mercadean aspiraciones de personas a costos exorbitantes.

Esto debe terminar si se quiere ser de nuevo opción de poder. El activismo masivo del partido y el debate interno, tienen que servir para contrarrestar las malas artes de la política.

Deben establecerse controles y hacer que el financiamiento del partido sea austero y riguroso. Su origen tiene que ser democrático para que el liberalismo sea de la gente y para la gente. No tenga dueños.

Cuando detrás de la acción política están donantes de quienes depende en un todo y por todo el funcionamiento de las campañas, su preeminencia pasa de ser financiera a ser política y termina reduciendo la militancia y el partido al simple papel de maquinaria electoral a su servicio.

La mística se pierde y los compromisos doctrinarios y programáticos pasan a ser simples elementos decorativos de las campañas. Cuando los candidatos y el partido tienen “dueño”, no hay liberalismo.

La naturaleza y fisonomía de los partidos dependen de la forma de financiarse. El “partido del pueblo”, como se llama a sí mismo el liberalismo, deja de serlo cuando de él se apropian capitales que luego disponen de su poder y de su influencia a su conveniencia.

El liberalismo necesita ser medido en sus gastos de campaña y costearlos por sistemas democráticos para que no sea el dinero el que determine quién ocupa los cargos de representación y quién define las políticas. Debe cifrar su prestigio y capacidad de convocatoria en sus líderes, en lo que piensa, en lo que propone y en lo que hace por la gente en los espacios de poder que ocupa.

Mientras el liberalismo se obstine en competir en el terreno de las maquinarias políticas, con la correspondiente bolsa de dinero que las alimenta, está perdido.

La desconfianza que generaron sus pasadas aventuras con financiamientos espurios y la experiencia del país con la parapolítica, debieran cerrar el camino a los sistemas de compra de votos.

Cada vez el clientelismo moviliza menos electores. El poder en Colombia lo decide la opinión independiente, alérgica a la manipulación electorera y a los políticos que a falta de argumentos para cautivar ciudadanos, pretenden comprarlos. Resignarse al clientelismo es resignarse a ser minoría y renunciar a la meta del poder.

El régimen que dirige a la nación es un fracaso.

Un fracaso económico y social, lo dicen el desempleo y la pobreza crecientes. Tres millones de desocupados y cerca de cuatro millones de desplazados. La caída de la producción y las exportaciones. El bajonazo de las ventas en los almacenes. La destrucción del comercio con Venezuela y Ecuador, dos de los tres principales mercados externos de Colombia.

El régimen es un fracaso en el combate contra el terrorismo, lo dicen las bombas guerrilleras que dejaron sin agua potable a Villavicencio y sin electricidad a regiones enteras del país. Los carros bombas de Bogotá, Cali y Neiva. La “limpieza social” y las matanzas de los paramilitares en el Valle y La Guajira. Las emboscadas al Ejército en Guaviare y a la Policía en Sucre y Antioquia. Los ataques a Corinto, Ipiales y Dagua.

El actual régimen fracasa porque la corrupción no sólo es más profunda y extensa. Lo peor, anestesia al país. A pocos parece importarles que decenas de congresistas gobiernistas estén presos o procesados por la justicia por ser fichas del paramilitarismo genocida y narcotraficante.

A pocos parece importarles que la primera reelección presidencial se haya logrado comprando conciencias de congresistas ya condenados por la Corte Suprema por el delito de cohecho, que también incrimina a ministros de Estado, y que la segunda se esté intentando mediante atropellos a la Constitución y a las leyes electorales.

A pocos parece importarles que miles de jóvenes inocentes hayan sido asesinados por miembros de la fuerza pública en los “falsos positivos”.

A pocos parece importarles el espionaje ilegal descubierto en el DAS, la agencia de seguridad a cargo del Presidente de la República, del que fueron víctimas Magistrados de las Altas Cortes, miembros de la oposición, periodistas, intelectuales y otros ciudadanos de bien. Estos espionajes son propios de regímenes totalitarios, como el estalinista, el nazista y el franquista.