ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE
COMISIÓN QUINTA
SUBCOMISIÓN PRIMERA

INFORME DE PONENCIA (preparado por Iván Marulanda)

PROPIEDAD

Lo suscriben:

Iván Marulanda
Guillermo Perry
Jaime Benítez
Angelino Garzón
Tulio Cuevas
Guillermo Guerrero

Introducción:

Esta reforma de los artículos relativos a la propiedad desarrolla el precepto constitucional para completarlo en cuanto a las distintas formas que esta adquiere en la realidad económica, y más adelante, cambia los procedimientos mediante los cuales puede expropiarse un bien.
También abre una opción a la pena de confiscación, modifica los términos de la protección a la propiedad intelectual y establece una línea de preferencia para la colocación de propiedades del Estado en el mercado.

Consideraciones generales:

No es necesario revivir ni reproducir el debate acerca de la existencia y la función de la propiedad. Ese es un capitulo profundo resuelto con lustre intelectual por los guías doctrinarios de la política colombiana a todo lo largo de la republica. Es más, este es un tema que tiene más de veinticuatro siglos en la historia de la humanidad, desde cuando se
ocupaban de él los filósofos de la antigua Grecia.

El proyecto aspira actualizar las instituciones en la materia para ponerlas a tono con las realidades y las necesidades modernas, y quiere profundizar en relación con los avances muy importantes que lograron los constituyentes de 1.936.

Nadie pone en duda a estas alturas que Colombia es un país de estirpe democrática como lo reafirma la Constitución en esta reforma. En el centro de su régimen de libertades está consagrada la libertad de empresarial, la cual opera en las condiciones del capitalismo universal contemporáneo, con la presencia orientadora y reguladora del Estado, en el marco
del juego de las fuerzas del mercado y de la competencia.

En este contexto, la propiedad es un sistema de ordenamiento económico para crear riqueza y extenderla en bien de toda la sociedad. No solo estimula la creatividad y la energía productiva de las personas, sino que las arraiga, les da estabilidad y seguridad. Les sirve de instrumento para asociarse y así potencializar su capacidad de acción, y hace
posible identificar los agentes que mueven la economía para que se coordinen y se busque la racionalidad y la eficiencia de su función.

La propiedad no es un título inamovible. No es un concepto estático. No es un resultado por sí sola ni un fin en sí misma. Tampoco es la individualización del patrimonio global de la comunidad. Es una forma de organizar y aplicar la riqueza social para que genere desarrollo económico. Es una convención fundada en la convicción acerca de su eficacia en materia social.

Por eso el atraso y la pobreza generalizada cuestionan, no el sistema capitalista sobre el cual hay una aceptación casi consensual que está en los cimientos políticos de la Nación, sino la forma como están distribuidos los bienes y los servicios, tanto para producir, como para satisfacer las necesidades de la población.

La Nación es un conjunto y una armonía para vivir bien, y la propiedad es uno de los elementos de la organización social con los cuales trabaja la colectividad para buscar y obtener esa felicidad o esas formas tangibles y posibles de felicidad.

Eso es la propiedad en Colombia. Así está  expresada en la Constitución política. Con ese alcance y dimensión la garantiza el Estado y dentro de esos conceptos y esos criterios la interviene en representación de los asociados para asegurar la idoneidad de su papel en el esfuerzo cotidiano que realizan los habitantes para superar sus condiciones de vida y el nivel de desarrollo de la Nación.

Propiedad privada, solidaria y estatal:

La propiedad de las personas para su usufructo y para la creación de riqueza, está consagrada y garantizada en la Constitución.

La reforma registra además la propiedad sin animo de lucro que consolidan personas en forma colectiva para acceder a bienes y servicios o para producirlos en beneficio del interés común. Este beneficio de los asociados no se materializa mediante la distribución de utilidades, sino en el mejoramiento directo de su calidad de vida, bien sea por el uso que hacen
de esos bienes y servicios, o por la oportunidad de empleo que les ofrece su esfuerzo solidario. Esta es una forma peculiar de propiedad que hace parte de la combinación de factores productivos que operan en la economía, distinta a la privada que actúa en función del lucro monetario directo. Es necesario tipificar la propiedad solidaria en el cuadro de las instituciones, para permitirle su adecuada armonización en el conjunto económico y para que pueda reconocérsele el debido tratamiento selectivo por parte del Estado, en función de sus características propias y de su importancia.

El Estado también es propietario de bienes y de medios de producción. Es otro propietario sui generis. Actúa en el mercado como titular de riqueza publica, y en tal virtud, ejerce funciones evidentes de propietario. En esa calidad, concurre al ejercicio permanente de la economía de muy diversas maneras y en múltiples escenarios. Ese el motivo para que sea
necesario caracterizarlo en la Constitución como agente económico, de tal suerte que sea factible fijarle sus espacios y los procedimientos de sus actuaciones ante los demás actores, dentro de un cuadro de acontecimientos previsible que ofrezca garantías claras a todos en las relaciones comerciales. La reforma hace esa caracterización.

Derecho de todos:

La distribución de la propiedad y de los beneficios del desarrollo es un prerrequisito para la paz y para la consolidación de una sociedad justa, equilibrada y avanzada en sus rasgos
culturales. Los mecanismos del mercado, si tienen una evolución sana, deben apuntar en este sentido, y la intervención del Estado en la economía con mayor razón.

La Constitución es la referencia más importante que tienen los ciudadanos y la sociedad en su conjunto para visualizar su razón de ser y sus objetivos como Nación. Resulta esencial entonces definir en la Carta con claridad el derecho de todos a la propiedad, no solo para que ese derecho se enseñe como una meta colectiva, sino también para que sea un camino
y un instrumento de acción que acelere la distribución de dicha propiedad y facilite el acceso a ella.

Cuando se distribuye esa propiedad, en que medida y mediante cuales procedimientos. Eso dependerá en cada momento de la vida nacional de las realidades políticas y sociales.

En los procesos electorales el país debatirá acerca de los problemas de cada época y escuchara las propuestas y los programas con los cuales los partidos ofrecen solucionarlos. Cualquiera que gane el derecho a gobernar y a tener las mayorías en el Congreso, deberá encontrar en la Constitución las herramientas suficientes para poner en practica su proyecto económico. De lo contrario, la estrechez de las propias instituciones impediría la marcha de la Nación.

Las decisiones populares quedarían bloqueadas por la falta de instrumentos jurídicos y prácticos para llevarlas a cabo, y esto conllevaría una frustración para la población. Y un traspié para la democracia, por cuanto los mecanismos de decisión colectiva no conducirían a la formación concreta de cambios en las situaciones que se desean superar. El
sistema perdería credibilidad y legitimidad. Apoyo entre la ciudadanía que no encontraría razones para continuar participando en los debates, en la política. En los procesos de conformación del poder y de los organismos de representación.

Es en buena parte lo que le ha venido ocurriendo a Colombia durante los últimos decenios y que ha llevado a la apatía en la participación y a la esterilización de las confrontaciones políticas, que ya no giran alrededor de las ideas ni de propuestas para interpretar las realidades sociales y formular caminos, puesto que ese tipo de intenciones quedan varadas
en un Congreso sin funciones y en el Gobierno que tampoco se mueve en un marco amplio de posibilidades de acción.

Un partido que crea en el intervencionismo del Estado en la economía y que obtenga el favor popular, podrá encontrar en este breve inciso que estamos tratando y que se refiere al derecho de todas las personas a acceder a la propiedad, una fuente jurídica para actuar en materia de redistribución, complementado con otras piezas jurídicas como la expropiación, en los términos de este mismo articulado y que más adelante se explican.

Ahora bien, si quien recibe el respaldo de las mayorías sustenta su liderazgo en la Nación sobre la base de las bondades del libre juego de la oferta y la demanda en el mercado, entonces querrá decir que no recurrirá a este tipo de expedientes para adelantar su obra de gobierno. Los textos quedarían escritos hasta cuando alguien creyera que necesita utilizarlos en beneficio de sus planes y programas

Expropiación por vía administrativa:

El proyecto de articulado cambia el sistema actual que ordena el trámite por la rama jurisdiccional. Es un cambio substancial, por cuanto la expropiación seria más expedita, lo que quiere decir que la voluntad política de las mayorías se vería expresada en realidades sociales por la sola decisión de quienes reciben un mandato que implique este tipo de procedimientos para convertirse en realidad.

Si esas mayorías representadas en el ejecutivo y en el parlamento tienen en el programa con el que ganaron el respaldo popular, por ejemplo, planes de reforma agraria, podrán aprobar la ley respectiva y luego proceder con agilidad a la obtención de los predios necesarios mediante tramites administrativos que están en sus propias manos.

Otro cambio importante que introduce el proyecto consiste en que habla de compensación y no de indemnización como la Constitución actual. Se considera que en un proceso de expropiación por razones de utilidad común, se está haciendo valer el bien general sobre el particular por lo cual no hay un daño implícito en la operación para quien tenga que entregar un bien expropiado.

Luego de definida la compensación por los procedimientos que establezca la ley, el bien pasa a manos del Estado para los efectos de los programas sociales que se propone adelantar. Si el antiguo propietario no está conforme con el monto o con la forma de pago de esa compensación, entonces podrá reclamar por la vía judicial, pero mientras
tanto su antigua propiedad se incorpora a los planes sociales que no sufrirán alteración por dicha inconformidad.

El inciso que se refiere a la expropiación sin indemnización continua igual, salvo que este termino se cambia por el de compensación.

Propiedad intelectual:
Este tema queda remitido a la ley que podrá discriminar las diferentes situaciones que se plantean: si se trata de inventos en ciencia y tecnología, o de obras literarias o según sea la reciprocidad en el trato que se dé a los colombianos en otros países.

Ocupación en caso de guerra:

Se armoniza con los procedimientos de la expropiación en cuanto habla de compensación, y se precisa que se trata de guerra con terceros países.
Confiscación:

El enriquecimiento ilícito ha sido un factor de corrupción social en Colombia, no solo por lo que implica el delito en sí mismo, sino porque quienes lo cometen hacen ostentación ante los demás con bienes lujosos que en verdad no les pertenecen y que no fueron obtenidos como fruto del trabajo honrado.

De esta situación de impunidad se ha derivado un ejemplo letal para la comunidad. Los ciudadanos se sienten desestimulados enfrente al esfuerzo de buscar sustento y progreso en actividades legales que no traen como compensación la fácil obtención de bienes costosos, cuando al tiempo ven expuestas ante sus ojos las riquezas conseguidas en forma fácil y rápida por quienes infringen la ley.

Esta comparación desmoraliza a la población y a las actividades marginales se ven tentados y arrastrados los individuos en forma masiva, en busca del progreso personal cómodo y exuberante. En tales circunstancias el país ha sufrido un desmoronamiento fatal y la corrupción y la criminalidad se han extendido en forma que hoy atenta contra la propia
estabilidad de la Nación y de sus instituciones.

Enajenación de propiedad del Estado:

Hemos dicho que consideramos necesario poner a la disposición del desarrollo del país instrumentos jurídicos que permitan expresar con rapidez en realidades las decisiones que las mayorías del la Nación adoptan a través de los procedimientos propios de la democracia. De esta forma se podría con agilidad, tanto privatizar empresas del Estado, como lo contrario.

Pero con el fin de que los eventuales procesos de privatización que puedan ocurrir en el futuro, no favorezcan en forma injusta e inequitativa a particulares que puedan obtener privilegios en las transacciones correspondientes a costa del interés colectivo, el proyecto propone un sistema de competencia comercial para estas operaciones, el cual
coloca en condición de privilegio a las organizaciones solidarias, que de por sí tienen un interés social y no abrigan animo de lucro. No puede olvidarse que en estos casos se enajenan bienes que le pertenecen a toda la sociedad.

Seguridad jurídica:

Se mantiene la formula de la actual Constitución en cuanto a los derechos adquiridos con justo titulo, lo mismo que la preeminencia del interés publico sobre el privado.

De otro lado, se cambia de manera substancial el alcance de la actual Constitución cuando se determina que los bienes de uso publico, los parques naturales y las tierras de resguardo, son inembargables, inalienables e imprescriptibles, así como el patrimonio familiar.

El articulo 37 de la Constitución:

Con las disposiciones que se están proponiendo acerca de la jerarquía del bien común y la posibilidad de colocar a su servicio instrumentos de intervención del Estado expeditos y efectivos, deja de tener sentido este articulo de la actual Constitución que dice así: “El destino de las donaciones íntervivos o testamentarias hechas conforme a las leyes para fines
de interés social, no podrá ser variado ni modificado por el legislador. El gobierno fiscalizara el manejo e inversión de tales donaciones.”

En cambio, consideramos que puede introducirse en el listado de funciones del Presidente de la Republica, un numeral que diga: “Fiscalizara el manejo e inversión de las donaciones intervivos o testamentarias hechas conforme a las leyes para fines de interés social.”

Nota final:

Para la formulación de este articulado, la subcomisión tuvo en cuenta todas las propuestas de reforma constitucional presentadas a la Asamblea, así como las discusiones especializadas que se realizaron durante el periodo previo a su realización, y que constan en informes y documentos de trabajo.

foto toma de la Universidad Libre

LA ECONOMÍA EN LA CONSTITUCIÓN DEL 91
UNIVERSIDAD LIBRE DE PEREIRA

Por: Iván Marulanda
Constituyente
Pereira 2011-09-30

Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía, fue semanas atrás hasta el Parque del Retiro en Madrid a dirigir estas palabras a jóvenes del 15M, el movimiento de “Los Indignados” que reclama cambios profundos en el sistema político español y abre caminos a la encrucijada de estos tiempos:

“La crisis económica ha mostrado los problemas actuales del capitalismo con unos mercados sin regular. La experiencia de las últimas décadas demuestra que hay una necesidad de que los gobiernos jueguen un importante papel en regular los mercados. Veo aquí una energía reconfortante, espero que la uséis en forma constructiva. No se pueden reemplazar las malas ideas por la ausencia de ideas sino que hay que cambiarlas por buenas ideas. Lograr que se integren en el debate público requiere organización y liderazgo. Va a ser una lucha difícil porque esas malas ideas están asentadas en el discurso económico dominante pero ahora tenemos una gran oportunidad para unir la ciencia económica con el compromiso y la justicia social y lograr así una nueva economía. Os deseo la mejor suerte.”
(Parque del Retiro, Madrid, 25 de julio de 2011).

En Colombia hay elecciones presidenciales cada cuatro años pero la política económica no cambia, es la misma. El debate público y la competencia electoral no se refieren al papel del Estado en la economía sino a otras cosas. El tema lo ventilan pocos analistas de prensa, cada vez menos y con menos frecuencia.

No voy a meterme en disquisiciones políticas e históricas para intentar explicar este fenómeno que por lo demás es interesante, porque fui invitado a hablarles sobre la Constitución del 91. Me limito a decir que la política económica colombiana está en “piloto automático” desde hace más de 20 años, montada en la matriz ultraconservadora que proscribió la intervención del Estado en los mercados,  doctrina que se regó por el mundo desde comienzos de la década de los ochenta y tiene a la economía planetaria al borde del abismo.

No resisto la tentación de afirmar algo con pena de demócrata. La discusión ideológica, la elaboración intelectual y la crítica sobre el proceso económico colombiano, se desvanecieron a lo largo de estos años y llegamos sin patalear a ser la sociedad más desigual del hemisferio. Hemos visto destruir sectores productivos y centenares de miles de empleos decentes sin chistar por cuenta de políticas públicas “neoliberales” dictadas sin compasión y con arrogancia. El que alzó la voz fue descalificado e increpado por “ignorante y anticuado”. Son de esos huecos negros en los que caen los pueblos cuando se les reducen los espacios democráticos, que en este caso los colombianos libres debemos iluminar si queremos salir del extravío y regresar a la idea del progreso con justicia social.

Vamos al asunto de esas políticas “neoliberales”. El sistema es simple. El Estado tiene funciones mínimas y entrega a las empresas privadas y a los particulares el papel de impulsar a su aire el desarrollo económico y social en la idea de que el libre juego de oferta y demanda hacen mercados inteligentes y dinámicos que asignan los recursos con eficiencia y generan el mayor crecimiento posible. Se supone que ese crecimiento distribuye en el camino ingresos y oportunidades en la medida que las personas y los actores económicos sean más despiertos, creativos y laboriosos. La idea la vendieron reforzada con el prejuicio de que el Estado es en sí mismo corrupto, estorboso y mal administrador.

Ha sido tal el frenesí de la vida humana y la evolución de las culturas, la ciencia y la tecnología, y de los negocios, que los mercados se desbocaron y no ha sido posible frenarlos para observar con cabeza fría hacia dónde va esta carrera loca de los países y del mundo y hacia dónde arrastra a los pueblos, y para dar respiro a la inteligencia de tal suerte que vuelva a tener control sobre los acontecimientos y defina con su propia razón y su voluntad las condiciones en las que deseamos vivir.

Es tan alucinante lo que acontece, que los países más ricos del planeta cayeron hace escasos tres años en el caos y la bancarrota de donde no han podido salir. Hoy no se sabe cuál es el futuro de sociedades que fueron opulentas en América, Europa y Asia durante décadas después de la Segunda Guerra Mundial y llegaron a disfrutar condiciones de confort nunca imaginadas por la especie humana en milenios de historia.

Lo que nadie discute es que el sistema económico se salió de las manos de las instituciones nacionales e internacionales hasta desembocar a esta situación y los dirigentes políticos más poderosos del planeta se miran perplejos sin saber qué hacer mientras observan la situación de desastre de sus países. Deshumanización de las sociedades, devastación ambiental, desempleo, ruina de millones de familias que lo pierden todo, miseria y endeudamiento por doquier, déficits fiscales, bancarrotas, colapso de mercados, freno del crecimiento, desestabilización de las instituciones y desconfianza en los liderazgos. Ese es el panorama.

Las movilizaciones multitudinarias de “Indignados” en Puerta del Sol en Madrid y de jóvenes estudiantes en Santiago de Chile, como las manifestaciones violentas en Grecia y los tumultos y las marchas en tantos otros lugares del mundo, desde Tel Aviv hasta Nueva York, son expresión del rechazo popular al sistema político y la concepción utilitarista que desprecian al ser humano y su entorno ambiental y cultural. Rechazo al modelo económico que impusieron por parejo a los países, fuerzas políticas homogenizadas en el ejercicio del poder a lo largo de este periodo histórico puesto en manos de partidos políticos y dirigentes desideologizados, perezosos, acríticos y sin sentido común, resignados durante 30 años a presenciar cómo los destinos de sus pueblos los dilapida la tecnocracia con sus fórmulas esotéricas mientras se dedicaron al retozo y el autoelogio, rodeados de la opulencia de los ambientes de especulación y la euforia de negocios que convirtieron a las economías en casinos.

Este panorama decadente viene dándose en ambientes deletéreos de corrupción y rabia en los que florecen organizaciones criminales y violencias, así como conductas desesperadas y desquiciadas como la que desató la masacre de Oslo semanas atrás.

Para reconocer el colapso del sistema y la crisis del mundo, basta mirar hacia Japón con más de diez años de estancamiento, hacia Islandia Irlanda Portugal España Grecia Italia al borde de la ruina y en general hacia la zona euro embotellada en la ingobernabilidad. Y cómo no, mirar hacia los EU que resultó de la noche a la mañana insolvente y país de pobres. El fin del Imperio.

En medio del desorden se buscan explicaciones y correctivos, aun cuando los propios responsables y los analistas coinciden en reconocer que la reacción fue tardía. Los hechos están consumados. Por lo pronto los incendios mayores se intentan aplacar con medidas improvisadas de viejo cuño, en contravía de la ortodoxia conservadora de “no intervención del Estado” que ocasionó los estropicios. Las válvulas de los presupuestos públicos se abren a pleno chorro, para solventar instituciones financieras desastradas por los abusos que cometieron con la complicidad de precarios controles montados por políticos fletados por ellas para proteger el libertinaje en el que se movieron a sus anchas para sabotear los ahorros del público. Y ruedan ríos de dineros provenientes de impuestos para rescatar empresas fabriles, comercializadoras y de servicios, arruinadas en este crac mundial desencadenado por los tahúres intocables de los mercados. Ellos no
pagan los platos rotos, son los contribuyentes y los ahorradores defraudados y los trabajadores en paro con sus familias y los adultos mayores y la población de discapacitados y enfermos y los niños y los jóvenes, quienes pagan la factura de derroche y corrupción en las altas esferas de poder económico y político.

Los Estados incluso echan salvavidas a terceros países acreedores en bancarrota, bajan al piso tasas de interés y pagan subvenciones a sus parados para intentar resucitar la demanda agregada y crear empleos. Y quién hubiera pensado, los Estados vuelven a regular la actividad económica para poner en práctica, a manera de salvavidas, medidas anticíclicas del viejo y denostado corte keynesiano.

“Todos nos hemos vuelto keynesianos” comenta un eminente economista norteamericano en medio de esta locura que se desató desde finales de 2008, refiriéndose a las políticas de intervención del Estado en la economía con las que el presidente Roosevelt rescató a Estados Unidos de la “Gran Depresión” de los años 30s en el siglo pasado.

Dejo de paso esta observación. No pocos analistas piensan que se vienen regalando enormes cantidades de dinero de los contribuyentes a especuladores que debieran estar en las cárceles, mientras quedan desprotegidos sectores sociales golpeados por la crisis.

En este panorama y cuando se pensaba que el debate en el mundo había dado el triunfo al “neoliberalismo” como verdad indiscutible, se abre de nuevo la caja de herramientas del intervencionismo de Estado y se activan instituciones supranacionales, para intentar reconstruir los tejidos económicos, sociales e internacionales destruidos por la descaecida “inteligencia de los mercados” e intentar recuperar la senda del crecimiento y el bienestar.

No digo que las cosas serán fáciles ahora para las fuerzas socialdemócratas y el pensamiento keynesiano en el mundo. En varios países las izquierdas cayeron en la contradicción de administrar el poder con políticas “neoliberales” y perdieron credibilidad y apoyo del electorado. En otros, no impidieron que los países cayeran al abismo por cuenta de esas políticas y también se desacreditaron.

La capacidad de criticar y proponer de las izquierdas democráticas fue apestada durante décadas por derechas arrogantes, apoyadas en agencias multilaterales colonizadas por ellas y por conglomerados multinacionales y potentados beneficiarios de esa concepción del Estado y la economía. Para su soporte intelectual financiaron escuelas de economía connotadas en el mundo, para que formaran recursos humanos que administraran y expandieran el pensamiento “neoliberal” y centros de investigación que construyeran
conocimiento y documentaran, justificaran y actualizaran la doctrina.

Ahora hablemos de Colombia…

Quizás lo que más me entusiasma de hablar en este ambiente académico en el que conmemoramos 20 años de la Constitución, es la oportunidad de explicar lo que pasó en la Asamblea Constituyente en lo referente a los temas económicos y decirles a grandes rasgos cómo quedaron las cosas en la Carta Política a este respecto.

Para empezar hago esta afirmación tajante. La Constitución del 91 no es “neoliberal” como se dice con frecuencia. Óiganme bien, la Constitución Nacional es democrática, no es dogmática ni fue ideologizada. Desde el punto de vista doctrinario es neutra, por eso es democrática. No es de derecha ni de izquierda, es de todos los colombianos y para todos los colombianos… una sociedad democrática integrada por hombres y mujeres libres tiene ciudadanos de derecha y ciudadanos de izquierda… por lo mismo, si la Constitución interpretara a unos sí y a otros no… no sería pluralista ni nacional, ni sería democrática…
sería excluyente y sectaria… hegemónica… y resulta que a los constituyentes del 91 nos eligió el pueblo con el mandato de consagrar en la Carta la nación y el Estado de todos y para todos que echamos de menos a lo largo de generaciones de compatriotas segregados y siglos de abusos e intolerancia atravesados de violencias e infelicidades…

Qué quiero afirmar con esto… es sencillo. Hice parte de la Comisión 5ª de la Asamblea Constituyente en donde redactamos los textos del Título XII referentes al régimen económico y la hacienda pública, así como los artículos de derechos sociales incorporados al Título II sobre derechos, garantías y deberes.

Explico en dos platos… los constituyentes dijimos en los debates “… estamos trazando reglas de juego para que Colombia sea la nación democrática que los ciudadanos queremos… para eso fuimos convocados y para eso estamos reunidos…”

¿Qué significa esto en las materias económicas? Que nuestro mandato consistió en hacer normas que garanticen a las fuerzas políticas que compiten por el poder en las elecciones, que pueden proponer sus programas de gobierno desde su ideología y soluciones a los problemas de la gente de acuerdo con sus convicciones acerca de cómo debe funcionar el país, su visión del papel Estado, la organización de la sociedad y la manera como debe operar la economía.

Además, que los ciudadanos tengamos certeza que quien obtiene las mayorías en las urnas y gana el poder, encuentra herramientas jurídicas que le hacen posible realizar su pensamiento y sus planes de gobierno.

De lo que se trataba entonces era de acabar con el obstáculo de que los programas no se ejecutan, porque la Constitución lo impide. Ahora, si las promesas no se cumplen no será por limitaciones institucionales, sino porque son inapropiadas o irresponsables o desorbitadas, o por falta de voluntad política o por situaciones de fuerza mayor que cualquiera entendería.

Como me refiero a las fuerzas políticas que ganan el poder en las elecciones, permítanme esta disquisición sobre el poder para que nos entendamos.

El poder en Colombia no está solo en el gobierno. El poder en democracia es la suma de gobierno y mayorías en el Congreso. La aclaración es necesaria porque los colombianos subestiman la importancia del Congreso y creen que cuando eligen presidente, eligen el poder. No es cierto. Presidente que no tenga mayorías en el Congreso no puede hacer nada importante y al contrario, mayorías en el Congreso opuestas al gobierno, bloquean la acción del Estado. Son las dos cosas las que tienen que darse en esta democracia, para que los programas que escoge la ciudadanía en las elecciones puedan realizarse: elegir gobierno y elegir mayorías en el parlamento que apoyen su gestión.

Otra cosa es la lógica de los regímenes parlamentarios que están concebidos para elegir con el mismo voto los dos poderes a la vez, el legislativo y el ejecutivo… se convocan elecciones y la fuerza que elige más bancas en el parlamento y es mayoritaria, o la que congregue a su alrededor la coalición que sume la mayoría de miembros, obtiene el mandato de conformar gobierno.

No es el caso colombiano que es presidencialista como los Estados Unidos y las demás democracias latinoamericanas. En estos casos el primer mandatario y los legisladores se eligen por separado y los presidentes tienen que lidiar durante su período con el problema de administrar las bancadas de las cámaras legislativas, para poner de acuerdo a las mayorías en las leyes que necesita para sacar adelante el plan de gobierno. Si los presidentes se eligen de una vez con mayorías de su partido político en el Congreso y esas mayorías son disciplinadas y saben para dónde van, el poder se ejerce de manera expedita para cumplir las promesas a los ciudadanos. Si el presidente no tiene mayorías de su partido en las cámaras legislativas, le toca negociar su programa y la formación de su gobierno con otros partidos que no le apoyaron para su elección.

El calvario por el que atravesó hace pocas semanas el presidente demócrata Barack Obama explica este asunto. Cuando le votaron de manera abrumadora en 2008, los estadounidenses eligieron al mismo tiempo mayorías de su partido demócrata en la Cámara de Representantes y en el Senado, y el gobierno arrancó en coche. Desaprovechó esa oportunidad única para enfrentar la crisis y hacer cambios profundos, es verdad. Dos años después hubo elecciones parciales de congresistas y Obama perdió las mayorías en la Cámara. Ahora su administración vive atascada negociando con sangre cada ley con los opositores republicanos. Es tal el tropiezo, que el país más rico del mundo llegó a amenazar días atrás con entrar en cesación de pagos de su deuda pública. Algo increíble en la historia económica y de consecuencias insospechadas para el mundo.

La explicación era que se necesitaba una ley que permitiera acrecer la deuda norteamericana más allá del tope al que llegó, y los republicanos desde la oposición no se allanaron a ninguna de las fórmulas que propuso el presidente demócrata. Obama quiso preservar en lo posible ciertos gastos del gobierno en programas sociales, rebajar la cuantía del déficit fiscal y amortizar la deuda con aumentos de los ingresos fiscales, mientras los republicanos querían que el programa de austeridad fiscal y pago a los acreedores corriera por cuenta del recorte en el presupuesto del gasto social y de ser posible, se rebajaran impuestos a los ricos. Esa es la confrontación ideológica clásica en las democracias, entre la izquierda y la derecha.

Así funcionan estas democracias, cuando funcionan. Traigo la explicación a cuento porque en Colombia se piensa que el poder político se define en las elecciones presidenciales y descuida las elecciones de Congreso. Los desfiles de senadores y representantes hacia las cárceles y los continuos escándalos de corrupción, truculencia, mediocridad de las leyes, revelan que los ciudadanos no son exigentes cuando votan para elegir congresistas.

Luego de esta digresión, retomo el hilo reiterando que los constituyentes hicimos la Carta Política en materias económicas pensando que garantice a las fuerzas mayoritarias elegidas en las urnas, Presidente de la República y Congreso, herramientas suficientes para materializar su propuesta de gobierno a los ciudadanos cualquiera sea su naturaleza, de izquierda o de derecha. El pueblo decide qué espera del Estado, hasta dónde quiere que intervengan sus instituciones económicas y cómo quiere que se orienten los dineros de sus impuestos. Por supuesto que si el Presidente no tiene mayorías en el Congreso no hay nada qué hacer, sus programas se frustran. La decisión es de los votantes.

Con la Constitución que los colombianos teníamos antes del 91 no se podían ejecutar sino los planes económicos que obedecían a cierta línea de pensamiento y a cierta doctrina. Planes de estirpe diferente era inútil, aunque el pueblo los acogiera, simplemente no se podían llevar a cabo. Lo impedían las limitaciones que ponían las instituciones jurídicas hechas a imagen y semejanza de una sola de las vertientes del pensamiento político, el más reaccionario para más veras.

Era frustrante saber de antemano que si los ciudadanos elegían presidente y congreso progresistas, no podían cumplir su programa porque la Constitución se los impedía. De allí que se intentara tantas veces reformarla pero sin éxito, porque las mayorías calificadas que se exigían para cambiarla eran imposibles de alcanzar. En tales condiciones el ejercicio de la política era torneo de demagogia y mentiras piadosas, porque los gobiernos todos hacían lo mismo cualquiera fuera su filiación. Claro, la política sus protagonistas y las instituciones, se desacreditaron.

En qué consiste entonces la confusión que lleva a pensar que la Constitución del 91 es “neoliberal”… la respuesta es fácil… el poder en Colombia ha estado en manos de mayorías “neoliberales” a las que no les gusta ni les interesa que el Estado intervenga en la economía… esas son las mayorías que han elegido los colombianos, no la Constitución…

Los gobiernos y las mayorías parlamentarias durante estos 20 años se dedicaron a liberalizar los mercados, a mantener el estatus quo social y a proteger privilegios. El resultado es evidente en las desigualdades, el atraso y la pobreza de los colombianos, la violencia y la depredación ambiental, consecuencia de políticas decididas por gobiernos y congresos escogidos por voto popular. La verdad es que no hemos tenido fuerzas progresistas capaces de despertar la conciencia de la ciudadanía sobre su propio comportamiento político, que cierra las posibilidades de su redención económica y social.

Como los lectores sabrán quizás, soy liberal socialdemócrata, liberal de izquierda. Les pido dispensa para escribir desde mi bando político.

Si me preguntan qué tendrían que hacer gobiernos de mi partido, elegidos con bancadas mayoritarias de congresistas también liberales, para transformar la nación desde la visión de nuestras ideas de izquierda, les diría que es urgente voltear 180 grados el rumbo del Estado con la Constitución del 91 en la mano, dándole la lectura y la interpretación socialista. Aplicarla a las realidades colombianas desde el pensamiento de la socialdemocracia, en donde están nuestra razón de ser y los títulos que hemos ganado en la historia de la construcción de esta nación.

Es al punto al que quería llegar. Las izquierdas colombianas en vez de estar diciendo que la Constitución es “neoliberal”, más bien debieran aplicarse a pensar y a trabajar en la preparación de leyes de todas las naturalezas, ordinarias, estatutarias, orgánicas, marco, para interpretar y desarrollar la Constitución desde el pensamiento socialdemócrata. Porque las leyes de estas dos décadas como dije, fueron hechas con inspiración “neoliberal”. Así armaron el andamiaje económico y de Estado que tenemos, que es de estirpe conservadora. Para cambiar esa estructura jurídica por otra que permita poner en marcha políticas económicas, sociales y territoriales del corte socialdemócrata, no es necesario cambiar la Carta, sino hacer leyes de estirpe socialdemócrata que reemplacen las vigentes.

No soy de los que creen que ejercer el poder es solo legislar y legislar. Más bien estoy del lado de quienes piensan que se necesita acción en el campo de la sociedad, trabajar sobre el terreno en la solución de los problemas, emprender procesos sociales con la gente y las comunidades, impulsar los que están en marcha. Lo que ocurre es que al país lo montaron en esas legislaciones retrógradas que dan a la Constitución la lectura que conviene a las estructuras de poder que tienen constreñida y explotan a la sociedad en favor de intereses egoístas.

Es la paradoja de este país liberal gobernado por el pensamiento conservador, que ha desarrollado más la economía que la sociedad y que las personas. Lo demuestran los indicadores de pobreza, desigualdad, desarreglo ambiental y las manifestaciones de la violencia, cuando reclamamos ser humano, equidad, tejido social, calidad de vida, convivencia, equilibrio ecológico y equilibrio regional.

El reto no es sencillo. De entrada reconozco que no hay partidos de izquierda en Colombia, organizados para esa tarea monumental. Es lo que se debe hacer primero, organizarlos en vez de disculparse con que el atraso social es culpa de la Constitución. Son las ideas políticas y los partidos de izquierda los atrasados en Colombia. El Partido Liberal, el Polo Democrático, los Verdes deben construir sobre sus ideas, en vez de andar colgados de gobiernos de derecha para sobreaguar en la burocracia y de paso apuntalar el viejo régimen de familias. Todos metidos en el mismo saco no hacen democracia sino contubernio. Si quieren llegar al poder de verdad, tienen que presentar su proyecto de país con leyes y programas que concreten su propuesta y contraponerla al aparato tradicional de las elites.

Quiero imaginarme cualquier punto de la agenda pendiente de las izquierdas democráticas colombianas que nos sirva de ejemplo.

Observen Ustedes este caso. Es indispensable reformar la legislación minera con varios objetivos:

1. garantizar la conservación del medio ambiente
2. garantizar que la propiedad del Estado sobre el subsuelo y los recursos naturales se haga valer, para lo cual deben revisarse los sistemas de concesiones, la situación de
   las otorgadas y reconstruir las modalidades y las tarifas de las regalías que son
   irrisorias y hacen que estemos regalando la riqueza del subsuelo a consorcios
   multinacionales
3. determinar cuáles sectores mineros se reserva el Estado para explotar y comercializar
4. definir los sistemas reguladores y de control para impedir el saqueo de los recursos
5. proteger la integridad de los trabajadores de las minas y su justa remuneración
6. poner en marcha planes de desarrollo tecnológico y la definición de normas técnicas para que la pequeña y mediana minería sean eficientes y su accionar no resulte depredador
7. construir programas de capacitación para la población minera
8. establecer marcos organizacionales para los mineros pequeños y medianos en empresas solidarias, proporcionarles financiamiento y prestarles asistencia técnica
9. establecer normas que ordenen el desarrollo físico y social en los asentamientos mineros y den a los municipios instrumentos para regular e impulsar dichos desarrollos
10. formular programas de extensión de procesos manufactureros y comerciales que agreguen a la actividad minera mayor valor.

Apreciadas amigas, amigos, jóvenes… responder a la enumeración anterior implica montañas de trabajo y retos a la inteligencia y a la capacidad de acción política de los partidos colombianos de izquierda. Y escúchenme esto… ese vademécum se refiere sólo al primer artículo del capítulo 1º del Título XII de la Constitución… imagínense la magnitud de lo que queda por delante, si tenemos en cuenta que el Título XII tiene 51 artículos y si agregamos el articulado que consigna los derechos humanos y sociales que la Carta consagra en el Título II, para no hablar de otros aspectos neurálgicos para el desarrollo social, como es por ejemplo la organización territorial…

La tarea es inmensa. Para persuadirnos podríamos recorrer artículo por artículo, reconociendo la realidad colombiana con los ojos de quien quiere hacer valer el concepto constitucional fundamental de que el nuestro es un Estado Social de Derecho, es decir un Estado al servicio de la dignidad humana y el desarrollo integral de las personas. Hoy el Estado colombiano favorece estructuras de poder y castas privilegiadas, por tanto la Constitución no se materializa en el alcance social conque define la naturaleza del Estado.

Podría señalar infinidad de asignaciones pendientes de las izquierdas en cuanto a la interpretación de la Constitución. Cito otras.

La salud en Colombia es negocio corrupto, porque la ley lo permite. Pues hay que cambiar esa ley. Entonces les recuerdo que por mandato de la Constitución la seguridad social, como la prestación de los servicios públicos básicos, son obligatorios y responsabilidad del Estado. Responsabilidad que puede delegar en todo o en parte a particulares mediante ley, pero que puede delegar mucho poquito o nada, según lo determinen con su forma de entender el funcionamiento del Estado y la sociedad quienes gobiernan y hacen las mayorías en el Congreso. Es el carácter democrático de la Carta al cual me vengo refiriendo.

Igual sucede con la educación pública gratuita y el acceso al conocimiento, la ciencia y la tecnología, su cobertura y calidad, que conciernen a los objetivos del Estado. Son asuntos que se definen en los planes de desarrollo, los presupuestos públicos y en las leyes que reglan y acotan la materia, instrumentos estos que asignan a las instituciones del Estado la magnitud de su compromiso en la ejecución del mandato constitucional de ofrecer oportunidades, sobre la base de que la educación es derecho de la persona y un servicio público que tiene función social y como todos los derechos fundamentales, está afincado en el principio de la solidaridad.

Por lo demás, también se establecen en la ley las regulaciones y los controles que garantizan a la sociedad que el Estado está en capacidad de impedir que la educación sea factor de explotación y campo de violaciones de principios éticos y jurídicos en los que se funda la nación, por mandato de la Constitución.

Siempre que se habla del papel del Estado en el desarrollo, se ponen de presente las limitaciones fiscales. Con razón. Ese es asunto central que define también en las leyes el gobierno, junto con las mayorías del Congreso. Si quieren gastarse los recursos públicos en armas y en burocracia inútil y dejarlos escurrir por las rendijas de la corrupción, allá ellos y que pague la sociedad por cuenta de los ciudadanos que eligieron esas mayorías. Igual si deciden en las leyes regalar el erario a los ricos, mediante deducciones y exenciones tributarias, y “hacerles pasito” con los impuestos a los que tienen rentas y patrimonios de sobra en vez de cobrarles lo que en justicia pueden y deben pagar, desde el principio constitucional de la progresividad, para que el Estado tenga con qué invertir en la gente, en su salud en su educación en su recreación, en ciencia y tecnología, en infraestructura de transporte, en creación de fuentes de empleo.

Les recuerdo que el sistema impositivo lo estructura y lo tasan el gobierno y las mayorías del Congreso, de acuerdo como conciben el Estado y la sociedad. El asunto es ideológico de los que hacen la política y no de la Constitución, que está abierta a lo que decida la ciudadanía con su voto. Es tan abierta la Carta a cualquier filosofía de Estado encarnada en fuerzas democráticas que oficien desde el poder, que admite que se presenten y aprueben presupuestos de gasto desfinanciados. Todas las peripecias que vienen haciendo los norteamericanos y los europeos con los recursos fiscales para palear el crac y su devastador impacto social, y hasta más, pueden instrumentarse en Colombia con la Constitución del 91 que es recursiva y abierta a la inteligencia y al sentido de supervivencia de la sociedad,
como a su ambición de progreso y bienestar.

Cómo no, es papel del Estado “ejercer inspección, vigilancia y control sobre las personas que realicen actividades financiera, bursátil, aseguradora y cualquiera otra relacionada con el aprovechamiento o inversión de recursos captados del público” (artículo 189 de la Constitución). Ese universo de acción pública es enorme y complejo y las izquierdas deben tener su propia versión al respecto. Es más, los servicios financieros que son servicios públicos, puede prestarlos el Estado o delegarlos en particulares en la proporción y las condiciones que determinen los gobiernos y los Congresos, otra vez de acuerdo a las políticas que estos implementan por mandato de la ciudadanía en las elecciones. Igual si se trata de poner en cintura instituciones financieras que abusen con comisiones y tarifas desmesuradas en los servicios que prestan al público, o si se trata de que compartan sus ganancias exorbitantes con la sociedad, de la misma manera que los tributos de los ciudadanos acuden a rescatar a la banca cada que cae en barrena como ha ocurrido tantas veces en los últimos decenios.

Los procesos de construcción de los planes de desarrollo deben ser participativos y articularse desde los municipios y los departamentos hasta la nación y debe evaluarse su cumplimiento, dice la Carta. Es indispensable reformar las leyes que reglamentaron las normas constitucionales sobre planeación y exigir que estas se cumplan, empezando por reconocer al Consejo Nacional de Planeación, de origen ciudadano, el papel que le asigna la Constitución y que ha sido menospreciado, así como devolver al proceso de planeación el carácter participativo que le dieron los constituyentes y que también se burla. La participación popular no le gusta a las derechas, pero es la esencia de las izquierdas.

Lo que se ha hecho en la materia no sirve. Fue inspirado por gobiernos y mayorías parlamentarias que no creen ni quieren la planeación, les fastidia, les estorba. Creen en la inteligencia de los mercados, no en la inteligencia de los hombres.

Las izquierdas creemos en la planeación y la consideramos indispensable para racionalizar los esfuerzos sociales, dar al crecimiento condiciones de sostenibilidad, prever calamidades, articular las regiones, ordenar y dinamizar el desarrollo y hacerlo socialmente justo.

Si se desea dimensionar qué tan poderoso puede ser el Estado colombiano y cuánto se necesitan partidos políticos comprometidos con el servicio público, preparados para concebir y manejar el poder en toda su dimensión, lean con cuidado el artículo 334 de la Constitución que empieza diciendo… “La dirección general de la economía estará a cargo del Estado…”. Es un océano para la acción política de las izquierdas democráticas.

Si quieren que les diga, vivo convencido de que en Colombia no se ejerce el poder desde el Estado y se repartió con indolencia entre particulares, porque no hay partidos de izquierda de verdad ni líderes con vocación de izquierda consagrados y con los calzones amarrados para construir un pensamiento avanzado y coherente que interprete la Constitución en su compromiso humanista y social, resueltos a luchar con esas banderas por la conquista del poder para ponerlo al servicio de la gente y de los valores éticos del Estado Social de Derecho. Como no podría hacer esta afirmación sin mencionar personajes de carne y hueso, que hayan tenido semejante tamaño y hayan cumplido esa misión en nuestra historia, les recomiendo a los jóvenes que pregunten quiénes fueron y cómo pensaban y qué hicieron dos señores que se llamaron Alfonso López Pumarejo y Jorge Eliecer Gaitán en la primera mitad del siglo pasado, cuando la sociedad no había dejado de ser colonial y la Constitución que regía no tenía cuerda para nada que fuera de interés popular, porque había sido redactada por godos envalentonados y cerreros después de salir victoriosos de los campos de batalla.

Quienes entiendan el fondo de los artículos de la Constitución del 91 que se refieren a la propiedad y a la competencia, se darán cuenta que entregan al Estado resortes de intervención poderosos para impedir que los particulares ejerzan posiciones dominantes y actúen como si esta nación fuera tierra de nadie, regalada a la voracidad y la codicia del capitalismo rampante, hoy cuestionado y hasta despreciado en el mundo entero. A quienes piensen que la Constitución de Colombia es “neoliberal” después de conocer el alcance de esos instrumentos jurídicos, como decimos en la jerga popular “¡que les piquen caña!”. Se puede expropiar por la vía administrativa para hacer valer el interés general por encima del interés particular y se pueden regular los mercados hasta donde sea necesario para impedir la explotación abusiva de las personas y la sociedad, en cuanto lo mande la ley que hacen gobierno y mayorías parlamentarias elegidas en las urnas. Esto, para no hablar de la extinción del dominio sobre los bienes adquiridos en deterioro de la moral pública.

Quisiera mencionar el caso del Banco de la República, que levanta ampolla en sectores de la sociedad y la política. El sentido de crear esa entidad con las autonomías que le otorga la Carta, no fue otro que impedir a los gobernantes la posibilidad de hacer populismo con la emisión de moneda, arma poderosa de demagogia y esclavitud. De ninguna manera se sustrajo a la Banca Central de responsabilidades sociales y de la obligación de coordinar las políticas monetaria, cambiaria y crediticia con la política económica general. Todo lo contrario, la Constitución es clara en exigir esa concordancia.

¿Qué pasó entonces para que el Banco se desentendiera de las metas de crecimiento, distribución del ingreso, generación de empleo y sostenibilidad ambiental? Pues lo que he dicho tantas veces… los gobiernos y los congresos de estirpe conservadora que han interpretado la partitura de la Constitución durante sus 20 años de existencia, dictaron leyes que recortan las responsabilidades del Banco de la República y lo reducen al papel desmirriado que viene desempeñando, a espaldas del lamentable escenario de pobreza desigualdad y depredación que presenta la sociedad colombiana, como si no tuviera que ver con las angustias de la sociedad. Es cuestión de la ley, no de la Carta Política.

Para terminar digo a las compañeras y compañeros de la izquierda colombiana: dejen de llorar y echar culpas de nuestra ineficacia política a la Constitución, que es inocente y representa lo mejor que nos ha pasado a los demócratas y en particular a los socialdemócratas en la historia de Colombia. Trabajemos duro en pensar al país desde las ideas socialistas democráticas y salgamos a convencer a la gente en la calle con la palabra, la inteligencia y la razón, de las bondades de nuestras convicciones y nuestras propuestas, cosa que no debe ser difícil si son humanistas, modernizantes, solidarias y coherentes con la misión de alcanzar el verdadero Estado Social de Derecho. Volvámonos serios y constructivos, que el fracaso del modelo de derechas que arroja como resultados miseria y desesperación a lo largo y ancho del mundo, no solo es oportunidad sino compromiso para nuestro accionar político y abre los caminos de estos tiempos de la humanidad a las corrientes socialdemócratas de todas las naciones como advirtió Stiglitz a los jóvenes españoles hace pocos días en el Parque del Retiro de Madrid. El momento excepcional del mundo habilita de modo sorprendente las ideas de izquierda democrática en todas las sociedades y nos propone a los colombianos progresistas el desafío de sacar a Colombia del desastre de la confrontación armada y la injusticia social que nos humillan, con los instrumentos democráticos que ya nos entregó la historia en la Constitución del 91, a la que le celebramos hoy 20 años de existencia.

Muchas gracias.

foto tomada de santiagolondonouribe.org

LA CARTA POLÍTICA PARA REINVENTAR LA DEMOCRACIA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA 20 AÑOS
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA UNIVERSIDAD NACIONAL UNIVERSIDAD EAFIT
ALCALDÍA DE MEDELLÍN CONCEJO DE MEDELLÍN

“¿QUÉ TANTO SE HAN HONRADO EN COLOMBIA LOS DERECHOS CIVILES ECONÓMICOS,
SOCIALES Y CULTURALES CONSAGRADOS EN LA CONSTITUCIÓN?”

INTERVENCIÓN DE IVÁN MARULANDA

Medellín 2011-05-26

La historia de la humanidad son muchas historias y la que las compendia a todas y por lo mismo la más antigua es la historia de las civilizaciones. Se refiere al relato del empeño milenario del hombre y la mujer en entender su razón de ser y su misión en este mundo y extender su existencia el mayor tiempo posible en la ilusión de la felicidad tal y como la conciben en cada época y en cada circunstancia y en armonía con el resto del universo.

Son dos convivencias superpuestas, los seres humanos entre sí y los seres humanos con el planeta y el espacio sideral.

No fue fácil para la humanidad llegar a esta abstracción y ponerla como referente de sus designios. Durante milenios los géneros se concebían aparte los unos de los otros, los sexos las etnias los orígenes geográficos las castas las sectas los oficios. Todavía es así, pero ahora esas especificidades se contrastan desde la visión de la igualdad en la diferencia, todos somos seres humanos aunque diferentes. También durante milenios los humanos se consideraron el centro del universo y asumieron que los cielos y la tierra estaban a sus pies. No ha cambiado mucho para multitudes, pero ese ya no es el patrón de pensamiento que rige el curso político de la humanidad globalizada.

Hay quienes se preguntan si no llegó tarde la idea de que todos nacemos iguales y la idea de que la relación en la naturaleza debe respetar equilibrios y que somos otro ser más del infinito compendio del planeta. Los desastres ambientales de los últimos tiempos dejan mucho qué pensar. Esperemos que no sea tarde, lo cierto es que esas convicciones de igualdad de todos bajo el mismo rasero de seres humanos y el reconocimiento de que hacemos parte del vasto y complejo concierto de la naturaleza, en el seno de la cual debemos ser armónicos y amigables con el conjunto si no queremos perecer, ya están sembradas para siempre en las conciencias de la mayor parte de hombres y mujeres que ejercen liderazgo en las comunidades y en las instituciones del mundo.

Amigas y amigos. El resumen del esfuerzo milenario de las civilizaciones son los derechos humanos compendiados en la Declaración Universal de 1948 suscrita en el seno de las Naciones Unidas y las demás cartas de derechos de segunda y tercera generación que se derivan de ella. Piensen que desde el momento de esa firma hacia atrás, hasta los tiempos más remotos del origen de la especie, sucedieron infinidad de ensayos de formas de ser y de prevalecer acompañados de sufrimientos de frustraciones de catástrofes de horrores para los pueblos y para los hombres.

Los derechos humanos se esclarecieron en la inteligencia de la humanidad después de la experiencia de milenios en los teatros de las guerras y las calamidades y luego de probar los amargos escenarios del sometimiento la explotación la humillación la infelicidad y el desperdicio. Los derechos humanos se fueron construyendo de hito en hito desde las civilizaciones de la antigüedad, pasando por las declaraciones revolucionarias del siglo XVIII y por las constituciones nacionales del siglo XIX hasta llegar a la resaca de la Segunda Guerra Mundial cuando nacieron las Naciones Unidas y se escribieron y suscribieron en la Declaración Universal que conocemos y que es desde entonces el referente ético y la fuente de la legalidad internacional. Su significado es que los poderes políticos de las naciones a partir de allí y para siempre, dijeron… así nos entendemos como personas y como pueblos y sobre la base de ese entendimiento nos relacionamos unos con otros si queremos convivir y porque queremos convivir.

La cuestión que importa desde la escritura y la firma de la Declaración Universal de Derechos Humanos para acá es ¿cómo se ponen en práctica? ¿Cómo se vuelven verdad en el pellejo de cada individuo día a día en cada instante de su existencia? El asunto tiene enorme complejidad… tanta que lo cierto es que vivimos en estado de barbarie y en riesgo inminente de catástrofes, guerras y violencias… para ver el panorama de las conflagraciones y las violencias atroces basta mirar hacia Oriente Medio y el Magreb, basta mirar hacia México, basta vernos a nosotros mismos en Colombia… para ver el panorama de las calamidades basta mirar hacia los tornados, los huracanes y las inundaciones en EU, lo terremotos y los tsunamis en Chile Japón y el sudeste asiático, los veranos y los inviernos en Europa, las erupciones volcánicas en Islandia en el Pacífico Sur y en nuestros propios páramos y de nuevo, basta observar las inundaciones de Colombia.

Señoras y señores, jóvenes… la cuestión es simple… tenemos en las distintas generaciones de derechos humanos la fórmula de la felicidad de los pueblos hasta donde al parecer es concebible la felicidad en este mundo, pero no tenemos la manera de aplicarla con el detalle y la sofisticación que se requiere… el reto de enriquecer las culturas y formar hábitos civilizados en la masa humana es monumental… les recuerdo, estamos hablando de más de seis mil millones de individuos que poblamos el planeta en infinidad de comunidades, de culturas, de historias, de poderes y estamos hablando de multiplicidad de ecosistemas… Piensen nada más que a cada niño que nace hay que domesticarlo en ese compendio ético ideal y refinado de la civilización… hay que dotar su conciencia y su inteligencia y sus hábitos en la convicción de los derechos individuales para que en la medida que vaya creciendo, no sea la reedición del bárbaro, del depredador… Cada niño cada niña dejado al libre albedrío sin esos referentes éticos podría ser cualquier ejemplar espantoso y salvaje de los que han inundado de destrucción este mundo. Y luego piensen Ustedes que a cada nación a cada región a cada comunidad a cada tribu hay que inducirla a dotarse de organizaciones y contenidos y valores y paradigmas que se manifiesten en sus costumbres y en sus legislaciones, inspirados en los derechos económicos sociales y culturales, derechos humanos de segunda generación que garanticen a los individuos sociedades en las que puedan ser personas cabales en la plenitud de sus derechos individuales, para que se entiendan con los demás que viven con ellos o con otros que están organizados a sus maneras más allá de sus límites vitales y jurídicos. Organizaciones que sean capaces de responder porque las personas tengan oportunidades de desarrollarse en la plenitud de su condición y su dignidad humanas.

Ya ven la ingente responsabilidad que implica estar vivo y procrear y el enorme desafío que impone a los individuos y a las comunidades humanas el sueño y el derecho de ser felices.

Bueno… dejo esta elaboración del intelecto ahí para seguir con lo más nuestro y más de la agenda del día, pero les recomiendo no abandonen el asunto… esa reflexión no solo es apasionante sino importante…

Los derechos civiles y políticos llamados derechos humanos de primera generación y los derechos económicos sociales y culturales llamados derechos humanos de segunda generación, están claros y están ahí servidos en la mesa de quienes habitamos este planeta. Unos países los tienen en sus Constituciones como Colombia, otros en su derecho consuetudinario, otros los incorporan en sus instituciones con la firma de Tratados Internacionales. No importa cómo, pero todos los pueblos del planeta los tienen escritos y asumidos de una u otra manera y su comprensión y explicación y la implementación de esos derechos está expuesta y explicada en infinidad de ideas interpretaciones matices formas y experimentaciones, en el vasto cúmulo de información dispuesta al público en archivos, bibliotecas y en los medios electrónicos de los que se sirve en mayor o menor medida la humanidad entera cuando quiera y como quiera.

Otro cuento es que la realidad de esos derechos no llega a miles de millones de personas en el mundo. Ni los países más ricos ni los más antiguos ni los más civilizados ni los más populosos ni los más pequeños y manejables, pueden decir que llegaron a la civilización tal y como la conciben los compendios de derechos humanos. Mucho menos los pueblos poblados de miserias. Unos pocos –en realidad mínimos- están bien avanzados para su fortuna y para ejemplo y envidia. Pero el panorama es malo por casi todos los lados. Miremos casos al vuelo.

Panorámica sobre los EU: Invasión a Irak; Guantánamo; apresamientos ilegales y movimientos clandestinos de prisioneros por el mundo; torturas para obtener confesiones; la muerte sumaria de Bin Laden que abrió polémica internacional; la ley de inmigrantes de Arizona que parece expandirse; el racismo en distintos Estados.

Panorámica sobre China: Tiananmen; prisión y confinamiento del Nobel de Paz y numerosos luchadores por las libertades; trabajo esclavo; control a Internet; límites al movimiento de personas; límite a la elección de las parejas sobre la familia; escasez de libertades; no hay elecciones.

Panorámica sobre Italia y otros países de Europa: trato inhumano a refugiados e inmigrantes; trata de personas; servidumbre y tráfico de seres humanos en la forma de explotación sexual.

En América Latina hay situaciones deplorables:

Cuba está cercada para las libertades y confina y fusila personas sin juicios garantistas ni derecho de defensa; no se admite la expresión cabal de la democracia con respeto a la oposición y con la admisión de partidos políticos.

En países como Honduras, Nicaragua, Venezuela, Bolivia las elecciones y las garantías a la oposición no son transparentes.

El cuadro colombiano es por desgracia de los peores. Los grupos armados de derecha e izquierda y las organizaciones mafiosas condenan la vida de las personas y las comunidades de este país al terror, como en los peores tiempos del hombre en los lugares más sufridos de la tierra. El fraude electoral y la compra y manipulación de los electores vician el poder y la legitimidad de las instituciones. El Estado hace lo suyo en este ambiente predatorio de la dignidad y el derecho humano: espionaje telefónico ilegal -las llamadas “chuzadas”-; homicidios en personas protegidas e indefensas por miembros de la fuerza pública -los llamados “falsos positivos”-; la burla a la Constitución por parte de fuerzas mayoritarias -la “yidispolítica”-.

En ese contexto de descomposición, el desprecio por la vida y la dignidad humanas, los desplazamientos, el hambre y la pobreza extrema, la falta de oportunidades sociales, la explotación de poblaciones marginales, la expoliación del patrimonio público, la esclavitud de niños involucrados en los conflictos, las torturas, el hacinamiento y la descomposición de las cárceles y en fin, la violación de amplio espectro de los derechos humanos y la inseguridad social e individual son estremecedoras. La trata de personas y el reciente capítulo que se ha desvelado del mercado de virginidades en grandes ciudades colombianas, estremecen, angustian y desafían la conciencia civilizadora de esta nación.

Pero amigas y amigos, así como la crisis humanitaria del mundo no puede servir de pretexto para decir que la Declaración Universal de Derechos Humanos fracasó, el desastre humanitario colombiano no es culpa de la Constitución que apenas cumple 20 años… Nuestra Carta está escrita y concebida en la más profunda convicción democrática y civilizadora, como referente ético y como instrumento de derecho… fallamos los hombres y las mujeres que somos los responsables de los comportamientos individuales y del comportamiento de la sociedad, así como de la conformación y el desempeño de las instituciones… digamos con franqueza… somos así porque queremos ser así… no hacemos esfuerzos para ser diferentes… es algo deplorable y duro, pero cierto… A los políticos no les interesa sino ganar las elecciones y administrar el poder para ganar las elecciones que vienen, sin visiones coherentes, comprometidas y sostenidas en el largo plazo, referidas al devenir de la sociedad y de la nación, a su progreso y a su bienestar… y del otro lado, los ciudadanos son reacios a votar por otros políticos… votan por los mismos, para lo mismo… qué le vamos a hacer… algún día cambiaremos, eso espero… ese día, bajo la inspiración de los principios fundamentales de la Constitución del 91 que es democrática, moderna y humanista, construiremos el país que merecemos.

Muchas gracias.

IVÁN MARULANDA

2011-05-06

El Senador hablaba hace pocas semanas a mil personas conocedoras de los temas del desarrollo territorial llegadas de todas las regiones del país y a expertos internacionales convocados por la Región Capital bajo los auspicios de Naciones Unidas para conmemorar 20 años de la Constitución en el examen de la descentralización.

El orador decía que el Congreso Nacional tramita el proyecto de Ley de Ordenamiento Territorial (LOT) con particular cuidado porque senadores y representantes no pierden de vista que la descentralización desató guerras civiles en el siglo XIX y se cuidan de no instigar otra matanza entre los colombianos.

El abismo entre los constituyentes del 91 y los políticos tradicionales no podía verse más claro que en ese momento. Mientras los constituyentes miramos adelante los políticos miran atrás.

Los constituyentes fuimos enviados por la ciudadanía a la Asamblea a abrir el espacio de la palabra. A decir en ambiente de democracia lo que cada cual piensa y a escuchar lo que los demás tienen para decir sobre la manera como los colombianos quieren y pueden convivir sin demérito de sus creencias y sus gustos, sin imposiciones ni privaciones.

La ciudadanía cuando nos eligió nos dijo, lleven nuestras verdades y sueños y pónganse de acuerdo acerca de cómo podemos existir todos al tiempo tal como somos y sin matarnos. Esto sucedió después de casi dos siglos en los que fracasó el sistema de imponerse unos sobre otros por la fuerza. El sufrimiento y la miseria agotaron a la población.

En la Asamblea Constituyente se pusieron sobre la mesa los puntos de vista de las distintas expresiones sociales colombianas sin distinguir cuántos son y piensan de una manera y cuantos de otra. Esa es su razón histórica. Se trataba de reconocer las diferencias culturales bajo el respeto al derecho que tiene cada grupo social a ser tal como es y como se considera digno y de buscar acuerdo y concierto en la razón para que la existencia de unos no implique la extinción de otros.

No hay caso. Los políticos siguen pensando que su oficio tiene por fin y por método zanjar diferencias a golpe de mayorías que arrasan a minorías a las que no dejan más camino que armarse para intentar hacer valer en el campo de batalla las aspiraciones y argumentos que no son considerados en la lógica del poder que impone normas de vida para todos al golpe de sumas y restas de mayorías y minorías que no se hablan para acordarse sino que votan y mandan. Es la situación del siglo XIX a la que se refería el senador. Cien años después la Constitución del 91 quiere superar esa idea de que el recurso de la violencia está a la mano cada que sea necesario.

En la política colombiana se siente pánico de ser minoría. Es por lo que casi todos se refocilan sin pudor bajo la cobija del ganador aun cuando apeste.

El que gana el poder gana todo y el que pierde lo pierde todo. La oposición no es alternativa política como tampoco lo es el consenso. En minoría política, étnica, de género, en cualquiera que sea se menguan los derechos y las oportunidades en este país hasta quedar reducido a la condición de vasallo.

En esa lógica en la que ganar no solo es sobrevivir sino tenerlo todo, el primer escenario del proceso de la violencia es la trampa como instrumento eficiente en la lucha a muerte por la victoria electoral. Las elecciones en Colombia son tramposas desde siempre y por eso las urnas son antesala del campo de batalla. Se gana porque se gana, a las buenas o a las malas, con fraude y ventajas ilícitas, luego se imponen por el poder de esas mayorías espurias reglas de vida para todos pero que favorecen a quienes las dispensan y bajo el mismo principio se dispone de la riqueza pública para reforzar privilegios con criterio hegemónico. Y claro, al otro lado explota la rabia y se incendia el país. En esas, Colombia pena su condena de injusticia y de sangre por los siglos de los siglos.

El rosario de fraudes electorales a lo largo de la historia no se discute. Jurados cargados, votos mentirosos, actas alteradas, conteos truculentos, compras de votos, trasteos de votantes, recursos humanos y fiscales del Estado convertidos en servidumbres electorales, coimas de contratistas, fortunas de privilegiados al servicio del estatus quo, dólares
ensangrentados, reglas de juego parcializadas, medios de comunicación excluyentes, son ritos y expedientes que hacen parte de este baile macabro. Y lo que sigue es más tenebroso. Fuerza pública fanatizada y fuerzas armadas al margen de la ley entran a la danza del poder con su impronta de represión, violación de los derechos humanos, magnicidios, genocidios, tiro en la nuca y demás atrocidades.

No es difícil ponerle nombre propio a cada eslabón de esta cadena de barbaries a lo largo de la historia. Solo el muestrario de mediados del siglo pasado para acá es espeluznante. “La Violencia” que protagonizaron conservadores y liberales, el asesinato de Gaitán, la dictadura, el Frente Nacional excluyente con su Estado de Sitio de sobremesa, el “chocorazo” en las presidenciales del 70, el exterminio de la Unión Patriótica, las chequeras y los sicarios del narcotráfico en las elecciones, los asesinatos de Pardo Leal de Galán de Jaramillo de Pizarro, el “Proceso 8000”, la “Parapolítica”, la “Yidispolítica”, los “carruseles de la contratación”, el régimen soportado en el poder del Estado puesto al servicio
de sus candidatos y reforzado desde su gestación en el paramilitarismo, el espionaje y el acoso ilegales a la oposición, el fraude electoral y el influjo de sectores económicos dominantes que no compiten sino que compran e imponen.

Repito que bajo esa realidad macabra subyacen las fundaciones de la cultura política colombiana que se expresa en arbitrariedad, desigualdad y violencia. Esas raíces son el poder del Estado convertido en botín que se apropia por la fuerza para imponer sistemas de vida y privilegios en detrimento de los derechos y la dignidad que en democracia se reconocen a los derrotados. Es la cultura política que la Constitución del 91 se propuso extirpar para traer a las costumbres de la sociedad la democracia en toda su expresión con el componente indispensable del poder que emana de la conciencia y la expresión libre de la ciudadanía.

Vuelvo a la presentación del Senador que discernía semanas atrás sobre las aprensiones de los congresistas colombianos cuando trabajan por estos días en la Ley de Ordenamiento Territorial (LOT). Según nos dijo, los recuerdos de las guerras civiles del siglo XIX los espantan. Y los comprendo. Los políticos colombianos siguen conectados a su tradición, es decir, a la memoria de las luchas fratricidas del partidismo. La nación por cuenta de los políticos padece esquizofrenia. Mientras las gentes del común viven el presente y se preocupan por el mañana, quienes las gobiernan no salen del tormento, la ceguera y la obsesión de sus pesadillas del pasado. Es el poder desconectado de la ciudadanía.

A los constituyentes del 91 nos dijeron las gentes que les resultaba imposible seguir viviendo alinderadas y constreñidas en las instituciones anacrónicas que regían sus vidas desde el lejano y ajeno siglo XIX y nos ordenaron modificar esa situación. Para describirlo de manera elemental les recuerdo que los constituyentes que hicieron la Carta de 1886 se transportaban a caballo por caminos de herradura para atravesar esta geografía inmensa que vista desde el lomo de la mula resulta infinita e inaprehensible. No había trenes ni automóviles ni se imaginaban los aviones. No existía el Canal de Panamá ni siquiera había puertos en nuestros litorales. Las comunicaciones se hacían mediante postas y estafetas, se escribía con pluma, tinta y carboncillo en pergaminos bajo la lumbre de la vela. Ese mundo reducido e incipiente que nutría las mentes de parroquia de los aldeanos de la época,
descalzos, agrestes y primitivos, fue el referente de quienes hicieron la Constitución de 1886 que rigió hasta un siglo después con sus remiendos hechos a trancos, como partos de mula, de cuando en vez cada que el hilo de la historia se exasperaba a punto de reventarse. Si algún visionario les hubiera hablado a los constituyentes de 1886 del teléfono a larga distancia o del celular o de la radiodifusión y la televisión o del computador o del internet, hubiera ido a parar al manicomio.

Imagínense señoras y señores lo diminuto que era ese mundo del siglo XIX, pero con todo y eso dictó desde la Constitución del 86 las normas de vida a los colombianos durante casi todo el siglo XX y las travesuras bélicas de las que fue escenario todavía asustan como fantasmas a legisladores colombianos. Ese mundo que no iba más allá de la punta de la nariz de cada individuo ni más allá de lo que se veía y se oía con los propios sentidos y de lo que se colegía de las lecturas que venían casi todas de ultramar y que transportaban a los pocos aldeanos que sabían leer a mundos que les eran ignotos y que debían parecerles imaginarios y que de contera les convertían las mentes en nudos de elucubraciones, fantasías, efervescencias y miedos.

A todas esas bajo los imaginarios políticos y sociales y los mandatos jurídicos del siglo XIX, los colombianos llegamos hasta 1989 y 1990, años terribles de terrorismo que zarandearon a la ciudadanía hasta la aflicción y el desespero. El desconcierto en ese momento llegó al límite y el pánico alcanzó el delirio con los asesinatos de Luis Carlos Galán de Bernardo Jaramillo y de Carlos Pizarro, quienes encarnaban el relevo generacional y el salto y la esperanza de practicar por fin otra política inspirada en la tolerancia y la diversidad de las ideas.

La situación que se vivía era esta. El país estaba asfixiado y entrabado en el anacronismo, embutido como he dicho dentro de instituciones precarias que venían del pasado lejano y que por su obsolescencia no permitían que Colombia se moviera a sus anchas para conocerse y comprenderse a sí misma, protegerse y desplegar sus energías y sus potencialidades. La legalidad que regía las relaciones sociales era estrecha, miope, proclive a la arbitrariedad, al abuso, a la exclusión, dada a huchear la represión, la humillación, el desencuentro y la violencia social.

Entonces la ciudadanía se sacudió, reaccionó y resolvió por sí y ante sí convocar mediante la “Séptima Papeleta” la Asamblea Constituyente para que representantes elegidos por el pueblo hicieran otra Carta Política inspirada en concepciones modernas del pensamiento, de la historia y en realidades de la vida, de la cultura, de la política, de la economía, del mundo cosmopolita en el que se movía la sociedad desde hacía decenios. Aquello ocurrió hace 20 años y es lo que conmemoramos en este acto.

Permítanme regresar de nuevo al relato de mi historia de días atrás cuando escuchaba al Senador hablar de los miedos de los congresistas, absortos y petrificados ante el recuerdo de las guerras civiles del siglo XIX que les impiden comprender y cumplir el mandato descentralizador que la ciudadanía ordenó colocar en el eje de la Constitución del 91.

Mientras le escuchaba pensaba para mis adentros que la Constitución del 91 ha permanecido desamparada durante estos 20 años en manos de políticos de viejo cuño incapaces de entender que a lo largo de estos tiempos la ciencia y la tecnología y la civilización y el comercio avanzan a velocidades de vértigo y nos desbordan.

Miren Ustedes. Hace algunos meses observé sobre el terreno el funcionamiento del Canal de Panamá y dirigentes empresariales del istmo me explicaron este detalle que les quiero compartir. Dentro de dos años es decir en el 2014, cruzarán por el Canal buques con 14.000 contenedores. Para transportar la carga de uno solo de estos buques en el sistema colombiano, se necesitan tractomulas que alineadas una detrás de la otra formarían una línea que se extendería a lo largo de 140 kilómetros de carretera. Bueno… y como si fuera poco si es de trochas y no de carreteras de lo que estamos hablando, aquello que estaba viendo y oyendo se convierte en pesadilla. Estamos fuera de las grandes ligas de competencia. Nuestra logística de transporte es absurda, la ubicación mediterránea de nuestras grandes ciudades y la visión centrista de nuestro desarrollo nos saca de las grandes ligas del comercio mundial que funcionan descentralizadas y tienen ubicados sus enclaves productivos y comerciales en las fronteras y en las costas.

Señoras y señores, los políticos que tienen su mirada puesta sobre los siglos XIX y XX están sepultados en la antigüedad y no dejan salir al pueblo colombiano de las cavernas… ¡qué bueno fuera sacudirnos…! Colombia necesita mentes modernas y audaces que con el instrumento de la Constitución den vuelta a las corrientes y a los esquemas del desarrollo tradicional para que fluya la creatividad y las regiones con autonomía devuelvan al ciudadano su papel protagónico en la definición de su destino económico y social. Si el país se descentraliza como lo ordena la Carta Política del 91, la economía de las fronteras y de las costas volará por sí sola como tiene qué ser y saldremos de la concepción asistencialista y miserabilista de la visión de Estado y del sistema de vida en el que está confinada la sociedad colombiana.

Me parece interesante describirles la manera como entendimos los constituyentes del 91 el oficio que nos pusieron los ciudadanos. Es sencillo. Nos pidieron les diéramos instituciones que les reconocieran sus diferencias y que sin renunciar a ellas, no solo les permitieran vivir juntos sin matarse, sino que además les permitieran sobrevivir y progresar, es decir competir en este pequeñísimo planeta reducido de la noche a la mañana al tamaño de un pañuelo. Les recuerdo a los políticos que tienen responsabilidades de
decisión que los campesinos y los artesanos y los empresarios pequeños y grandes y los trabajadores de todas las categorías y condiciones ya no están disputándose el pan y los mercados y los negocios con el vecino de al lado, sino que sus competidores vienen ofreciéndose desde las antípodas hasta acá y que a su vez los mercados les esperan a nuestros compatriotas en cualquier punto del mundo siempre y cuando vayan a buscarlos con las ventajas y la inteligencia que exigen los compradores en el regateo sin piedad que desató en el mundo la globalización. En este punto hay que decir señoras y señores, que nos modernizamos y descentralizamos o perecemos.

Reitero que esta Constitución además de echar los cimientos de la convivencia en la democracia y los derechos humanos, sentó las bases de la modernización y la descentralización del país que deben encontrar desarrollo por gobernantes y legisladores y jueces y por la población en general con la mirada puesta sobre realidades de la humanidad que son mutantes y dinámicas y con la imaginación y la creatividad disparadas, no con esos miedos seculares que los espantan desde épocas que no tienen vigencia en esta hora y que no volverán a tenerla nunca más como la tuvieron en los tiempos de las espadas y los caballos.

La evolución de las instituciones colombianas a partir de la Constitución del 91 ha sido vergonzosa. Miren nada más el proceso centralizador y concentrador de poder en la metrópoli que se experimenta de continuo contra el espíritu descentralizador y autonómico de la Carta Política. Qué ironía. Siendo que los ciudadanos integraron la Asamblea
Constituyente con provincianos que reconocieron que las sociedades que progresan en el mundo contemporáneo tienen por axioma que el desarrollo social y la competitividad y por lo mismo el progreso económico y la profundización de las culturas y la sostenibilidad ambiental y la seguridad y la soberanía se construyen en el territorio y no a control remoto. Las construyen en el sitio los pobladores porque están ahí y ahí viven bien o mal según sus esfuerzos y ahí está su memoria y su sentido de pertenencia y su orgullo y ahí trabajan con su experiencia de generaciones su conocimiento del medio ambiente y de sus oportunidades y sus fortalezas y sus limitaciones y sus arraigos y su adaptación al lugar que es su vida su porvenir su tradición en fin, su lugar y su existencia en este mundo. Siendo que Colombia es país de culturas diversas, de regiones, rico como ninguno en biodiversidad y en climas, extenso en tierras y aguas y en fronteras y prolijo en elementos y recursos, cada día para su desgracia está más confinado en los recintos helados y exclusivos del Capitolio y el Palacio de Nariño por cuenta del inmovilismo de esta política sin ideales y sin principios que domina a Colombia y la invade de corrupción.

Repito. Colombia se descentraliza y crea regiones con autonomía política es decir con instituciones territoriales que tengan competencias y recursos fiscales propios y suficientes o no será global en armonía con la evolución del mundo ni generará riqueza y oportunidades para la población ni logrará cohesionar sus comunidades ni hacer su desarrollo sostenible ni consolidar su soberanía ni deleitarse en sus culturas ni alcanzará la paz.

Me pregunto qué sentido tiene la Constitución del 91, constitución de ciudadanía hecha para que el pueblo se realice en sus propias dinámicas y se acople en las dinámicas de las demás comunidades del planeta, si se apropian de ella políticos a los que no les interesan estas cosas no las perciben no las obedecen ni las interpretan ni les gusta. Que tienen por deporte cambiar la Constitución y desnaturalizarla cuando se les da la gana y de cualquier manera, para que cada vez se parezca más a ellos y a sus intereses, que a sus compatriotas y a  los sueños de la gente. Políticos cuyas categorías de poder como ya expliqué no devienen de mandatos populares transparentes de los que se desprendan obediencia lealtad deberes, porque las elecciones funcionan como mercados de compraventa de votos y por lo mismo no interpelan las conciencias de los ciudadanos ni respetan sus libertades, sino que se desenvuelven bajo la creencia de que la lucha por el poder es batalla campal para hacerse a codazos al botín del erario y el control del Estado y obtener licencia para apropiárselo, saquearlo, ponerlo al servicio de privilegios y no volverlo a soltar… Y no los importa que este ciclo de tormentos culmine casi siempre en las cárceles… ¡qué ejercicio tan inútil y frustrante terminó siendo la política colombiana…! Y la ciudadanía aún no reacciona… sigue votando igual…

En medio de la debacle que transmiten minuto a minuto los medios de comunicación desde los juzgados y las prisiones y desde las obras públicas desastradas por la corrupción y la ineptitud, más que por el invierno, pongo de presente la siguiente circunstancia. La Constitución del 91 no fue hecha por jurisconsultos ni eruditos sino por ciudadanos comunes y corrientes que representaron según su procedencia expresiones culturales, sociales, regionales y políticas diversas que aunadas en esa mezcla variopinta encarnaron de forma peculiar el conjunto del pueblo colombiano. Allá estaba reunido el país en pequeña escala. Sus etnias sus regiones sus religiones sus géneros sus estratos sociales sus oficios sus ideologías sus historias sus maneras de ser y de vivir sus dichas sus sufrimientos sus esperanzas y sus frustraciones. Esos delegatarios investidos del mandato ciudadano y de la legitimidad de lo que fueron a representar, hicieron dos cosas.

Primero reconocerse y respetarse como seres humanos en la plenitud de su dignidad y en la autenticidad de aquello que representaron, así como en su condición de compatriotas. Del otro lado, conversar sin desmayar hasta ponerse de acuerdo en la Carta Política que interpretara la necesidad de gobernarse sin tiranías, con instituciones que representaran
la diversidad del país y garantizaran el ámbito de derechos y oportunidades que permitieran realizarse a cada comunidad y a cada individuo tal y como son, sin dejar de ser como son y como les gusta ser y sin tener que irse a las manos para sobrevivir o para resolver las diferencias.

Entonces, como les he dicho que la Constitución a la que le celebramos 20 años de existencia en este acto tiene espíritu ciudadano en cuanto fue hecha por ciudadanos del común por mandato de la ciudadanía y para la ciudadanía, habría que decir que lo que sigue para retomar el rumbo perdido es que el pueblo vuelva a tomarla en sus manos con responsabilidad, con mística democrática, la reivindique la proteja y cada que elija, tenga el cuidado de entregarla en manos confiables y respetables.

Señoras y señores. No podría terminar sin decirles que a lo largo de mi vida he tenido el honor de recorrer los caminos de la lucha por la democracia al lado de santandereanos que están en la historia. Viene a mi mente la imagen de Augusto Espinosa. El recuerdo fundamental de Luis Carlos Galán, líder y compañero. La presencia de Horacio Serpa, copresidente de la Asamblea Nacional Constituyente, con quien trasiego aún por los andurriales de la política colombiana llevando estas ideas al hombro.

Imagen de Robert Posada en flickr

“LA SEXTA PAPELETA POR LA COLOMBIA DE REGIONES”

INTERVENCIÓN DE IVÁN MARULANDA

FORO “COLOMBIA REGIONAL 2011” EN LOS 20 AÑOS DE LA CONSTITUCIÓN

Bogotá, marzo 31 de 2011

En estos dos días hemos compartido con gusto el ambiente de ciudadanía y laboriosidad que se ha respirado en la reunión y disfrutado la alta calidad de los conferencistas nacionales y extranjeros. La participación entusiasta de más de mil asistentes provenientes de todas las regiones del país ha sido ejemplar. Felicito a Sonia Durán, Secretaria de la Región Capital, por la convocatoria, la magnífica organización y el elevado nivel del Foro.

He sentido aquí el mismo ambiente de civismo y laboriosidad que rodeó a la Asamblea Nacional Constituyente.
Los constituyentes no fuimos elegidos para conseguirle puesto a los electores, ni auxilios, ni dádivas, ni para crear privilegios. Fuimos provincianos enviados por la gente del común para que buscáramos arreglar por las buenas lo que los colombianos no habíamos podido arreglar por las malas. Para que representáramos las realidades diversas de esta sociedad y creáramos en su nombre y de común acuerdo, un orden institucional que nos permitiera a los colombianos convivir en esta nación sin matarnos, realizar nuestros sueños y por lo mismo reconocer y respetar las diferencias regionales, culturales, étnicas, políticas, económicas, sociales, religiosas. Valorarlas como patrimonio y como oportunidades para construir el país justo, pacífico y progresista que anhelamos.

La realidad que se ha experimentado después de la Constituyente es que el sistema político no es funcional con el espíritu de la Constitución. Me atrevería a afirmar que cerca del 90% de los congresistas gastan como promedio en su elección alrededor de tres mil millones de pesos, un millón y medio de dólares, para no hablar de lo que pueden costar las campañas de otras autoridades que se eligen en las urnas. El poder político en Colombia se define así en una “subasta al alza” y quienes reciben mandatos populares bajo esa lógica del dinero, no representan proyecto político o social alguno, ni convicciones ideológicas ni propósitos altruistas. Representan intereses del dinero muchas veces proveniente de la corrupción y el delito.

La desconección entre los intereses ciudadanos y el sistema político que opera de tal manera, se pone de manifiesto en el siguiente ejemplo. Al candidato presidencial Mockus lo derrotaron diciendo que Santos era el candidato del continuismo y quien encarnaba la voluntad y el pensamiento del presidente Uribe. Por esa razón ganó. Pero desde cuando Santos se posesionó gobierna con las intenciones y las propuestas de Mockus, no con las de Uribe. Sin embargo, la falta de lealtad a sus promesas no recibe reproche de la ciudadanía. Las encuestas indican que la popularidad y aceptación de Uribe es elevada y que la de Santos igual a pesar de sus contradicciones, lo que prueba que el voto no expresa expectativas de los electores sobre sus proyectos de vida ni afinidades entre el pensamiento y la voluntad del candidato, con los anhelos de los votantes. Los ciudadanos no esperan que los elegidos interpreten aspiraciones individuales y comunitarias y cumplan sus promesas, porque saben que el sistema político no está estructurado en función de algún proyecto de país sino en función de otros intereses.

Esta paradoja no solo significa que el sistema político no es funcional a los sueños de la ciudadanía, sino que tampoco lo es al espíritu de la Constitución que como he dicho tiene hondo calado democrático. El voto mayoritario de los colombianos responde al influjo del dinero en las elecciones y no al imaginario social en el que se funda la Carta Política.

No es de extrañar entonces que los desarrollos legales y fácticos que se han dado a la Constitución bajo esta lógica política, no interpretan por lo general sus auténticas intenciones. Por ejemplo, la nación que concibe la Carta es descentralizada, con entidades territoriales autónomas, pero con el paso del tiempo las instituciones y las políticas públicas han venido siendo cada vez más centralistas. No se han generado ni consolidado por esta vía instituciones en la línea del ordenamiento constitucional, acordes con las realidades y las
necesidades del país diverso y de regiones que es Colombia, como lo demuestran los siguientes dos ejemplos.

Miren Ustedes cómo el disgusto y la animadversión del presidente de Colombia hacia el presidente de Venezuela llevaron a que se cortaran de tajo las relaciones entre los dos países, dejando en el desconcierto y al borde del colapso a cinco millones de compatriotas que viven en la frontera, sin consideración con sus intereses, ni con su sistema de vida ni con sus puntos de vista sobre las cuestiones en disputa. Ninguna institucionalidad democrática, descentralizada, permitiría semejante manejo abrupto y personalizado de las relaciones fronterizas.

Observemos desde otra perspectiva que la región con el comercio más dinámico y que mayor progreso tiene en el mundo es la Cuenca del Pacífico. No obstante Colombia, con más de 2 mil kilómetros de litoral sobre el Océano Pacífico, debe reconocer que su región Pacífico es más atrasada de América, junto con Haití.

Crecemos a espaldas de los mares y las fronteras, mientras desarrollamos megalópolis como Bogotá 500 kilómetros distantes de los puertos, sin posibilidades de competir en plena era de la globalización.

De acuerdo con informes de Naciones Unidas a Bogotá llegan cada año 75 mil desplazados. Pereira, mi ciudad natal, tiene 150 años de fundada en los que ha venido construyendo poco a poco condiciones de vida para sus habitantes. A Bogotá se le agrega cada 5 años una población equivalente a la Pereira, que tiene 150 años, pero además población desplazada, es decir migrantes desarraigados y desorientados que no tienen capacidad para instalarse e integrarse de manera eficiente en el seno de enormes comunidades urbanas. A este paso Bogotá pronto no será viable. A propósito yo confiaría en alcaldes de la capital que le dijeran al país que debe pararse el crecimiento de la ciudad, lo cual implicaría darle oxígeno al desarrollo de las regiones colombianas, empezando por la Región Capital.

Bogotá se traga al país mientras permanecen congelados los mandatos descentralizadores de la Constitución. Basta observar que la Ley de Ordenamiento Territorial (LOOT), que es instrumento fundamental para la evolución del proceso, no se ha hecho después de 20 años de expedida la Carta. Por estos días se tramita el proyecto de ley que se ha calificado en este Foro como inocuo, insulso e inútil, porque ni está inspirado en el espíritu de la Constitución, ni resuelve problema alguno relativo a la irracionalidad y la ineficiencia de las instituciones territoriales. Basta leer en el proyecto de ley la definición que trae del “Principio de Subsidiariedad”, principio reconocido universalmente, para darse cuenta que los legisladores no ubican a cabalidad los alcances técnicos y los fundamentos conceptuales del tema que tratan.

El Senador que habló ayer nos dijo que el Congreso tramita con extremo cuidado este proyecto de “LOOT” porque los legisladores no pueden olvidar que las guerras civiles del siglo XIX tuvieron origen en las pugnas entre centralistas y descentralistas.

Yo les diría a los congresistas que esa referencia es anacrónica. Que por supuesto la historia es importante en la concepción de las leyes, pero que son más importantes el presente y el futuro, la modernidad, en particular en este caso. El mundo se globalizó, la economía es mundial y los instrumentos tecnológicos y comerciales de estos tiempos no tienen nada qué ver con los del siglo XIX.

La verdad es que la mentalidad de los altos funcionarios del Estado colombiano es centralista en beneficio de sus intereses electorales, en contravía del espíritu desconcentrador de la Constitución, como se corrobora cada cuatro años en el hecho de que el Plan de Desarrollo del que nos habló ayer el Director Nacional de Planeación, no consulta los planes locales como lo ordena la Carta. Lo demuestra también el desinterés que pusieron de manifiesto hacia el suceso de este Foro los más altos dignatarios del Gobierno y del Congreso que fueron invitados y no se presentaron.

Como se ha dicho de manera reiterada en estos dos días, no es cierto que la corrupción sea problema exclusivo de la provincia colombiana. La corrupción es nacional. Debe preguntársele al poder central por qué el país retrocede en aspectos fundamentales como la distribución del ingreso y las oportunidades, la infraestructura de transportes, el equilibrio ambiental, el empleo, la paz, a pesar de los ingentes recursos humanos y tributarios que los colombianos le han pagado para atender esos frentes. Sabemos cuáles son las razones. La ineficacia del centralismo y sus problemas de corrupción.

Entonces pienso que al debate debe ponérsele cierta dosis de indignación que conduzca a la acción. Es por lo que les propongo que este Foro se constituya en “Cabildo Abierto” y como se ha pedido a lo largo de los debates, entregue a los cinco gobernadores y a la Secretaria de la Región Capital, quienes se dirigieron al auditorio para manifestar de manera consistente su convicción en la urgencia de la descentralización, el mandato de convocar al resto de gobernadores del país para que de común acuerdo, soliciten al Consejo Nacional Electoral y al Registrador del Estado Civil, incluir en las elecciones de octubre próximo una “Sexta Papeleta” que consulte a la ciudadanía si quiere que Colombia sea “Nación de Regiones”.

En las próximas elecciones habría una papeleta para elegir alcalde, otra para elegir concejales, otra para elegir ediles, otra para diputados y otra para gobernadores. Más esta “Sexta Papeleta” que consultaría la voluntad popular y soberana respecto de la descentralización.

En consecuencia me permito solicitar a los presentes se sirvan manifestarse sobre dicha proposición:

“Los que estén por la afirmativa, favor levantar la mano”.

“Los que estén por la negativa, favor levantar la mano”.

…Como la inmensa mayoría ha dicho sí y sólo se han expresado tres votos por la negativa, quiere decir que este “Cabildo Abierto” ha decidido entregar a los Gobernadores y a la Secretaría de la Región Capital, el mandato por la “Sexta Papeleta” que y que queda explícito en lo dicho en esta sala esperamos cumplan con rigor.

Muchas gracias.

Dentro de pocas horas se abren las urnas, y como saben mi nombre está en el tarjetón de precandidatos Liberales a la presidencia. He hecho un esfuerzo enorme y me siento feliz de contribuir a la democracia colombiana en momentos difíciles. Creánme, he recorrido el país por carreteras y en todos los medios imaginables de transporte. Como dicen los políticos “me he untado de pueblo”. Soy sincero, si queremos hacer nuestra parte con responsabilidad, debemos esforzarnos… la situación de Colombia es tremenda y sería imperdonable quedarnos cruzados de brazos…

Ojalá me acompañen mañana con su voto. Se los agradezco. Quiero servirle a nuestro país, pero para hacerlo, necesito respaldo.

Gracias de todas maneras. Si no votan por mi, no importa. Eso sí, les suplico: ¡VOTEN!… No se queden en la casa que Colombia les necesita.

Abrazo afectuoso

Iván Marulanda

En cada elección, por irrelevante que parezca, se juega en cierta medida el destino de las comunidades. Es el caso de estas elecciones. Pereira y Risaralda, de mayorías liberales, deciden este domingo buena parte de su suerte.
En manos de quién quedará el liberalismo, determinará en cierta forma en manos de quién quedarán Pereira y el departamento durante los próximos años. Los alcaldes, concejales, diputados y gobernadores de origen liberal que se elijan dentro de dos años, así como los congresistas liberales que se elijan el año entrante, saldrán del resultado de las urnas de hoy domingo.

El desempleo del 22% en Pereira lo dice todo. Es una vergüenza, el mayor de Colombia y de todas las ciudades de América Latina, no obstante la riqueza de la región. Me pregunto, la gente de mi ciudad qué piensa sobre esto ¿Que es castigo de Dios? ¿Que es mala suerte? ¿Que quién sabe qué pasó? ¡Ingenuos los que razonan así!
Se los digo de frente. La miseria que invade a Pereira es el resultado de la corrupción y la incompetencia de la dirigencia de mi ciudad y mi departamento, sobre todo, de la dirigencia liberal, que ha tenido en sus manos durante los últimos tiempos notables responsabilidades de gobierno.
Voy más allá. Es culpa de la ciudadanía en general, de los que venden el voto, pero en especial de quienes tienen educación y alguna independencia económica, que no han tenido el criterio y el compromiso de impulsar realidades políticas diferentes. Se equivocan en materia grave al creer que la toma de la política por mafias de narcotraficantes y paramilitares, no afecta sus vidas. Que el tener dirigentes políticos corruptos y mediocres, no importa.
Cuando la violencia, la chabacanería y la miseria les suba al cuello y apeste del todo el ambiente social que les rodea, se darán cuenta de que su negligencia y su irresponsabilidad echaron a perder la posibilidad de vivir en paz, confortablemente, de progresar, en una de las regiones más bellas y ricas de Colombia y Sur América.
No es tarde para reaccionar. Deben elegirse buenos liberales este domingo. Personas preparadas, a quienes les duela la ciudad y el departamento. Que no estén en la política con afán de enriquecerse, sino de servir. Conscientes de que la calidad de vida de cada individuo en la sociedad y las posibilidades de progreso de las personas y las empresas, dependen de la forma como se gobiernan los asuntos públicos. Que se olviden, nadie puede sobresalir en comunidades entrampadas en manos de mafiosos y ladrones.
Agradezco a Carlos Alfredo Crosthwaite que mantenga en pie su lucha contra la corrupción y su vocación de servicio a la sociedad. Y que haya decidido presentar su nombre a la consideración de los liberales de mi departamento y mi ciudad, que tanto quiero. Pueda ser que las gentes cívicas, los liberales de bien que no venden el voto y la conciencia, se levanten hoy en masa, venzan la pereza y la indiferencia, para votar por las listas que encabeza y promueve este dirigente limpio y consagrado, que no tiene tacha ni ambiciones personales, sino amor por su pueblo y afán de servicio.
Si además votan por Iván Marulanda para candidato liberal a la presidencia de Colombia, les prometo que cumpliré con el deber.

La Tarde, Septiembre 29 de 2009

Es cierto, pero yo aspiro a que el Partido salga unido y consolidado de todo esto. De todos modos, habrá que esperar que se clarifiquen las acusaciones que se han hecho.

Se habla por ejemplo de falta de garantías desde la Dirección Nacional ¿usted cómo lo ha sentido?

Creo es que no ha habido un liderazgo proactivo por parte del ex presidente César Gaviria para favorecer este proceso. Cada ha hecho lo que puede, unos con más recursos que otros, pero se necesita que a futuro, desde la Dirección Nacional Liberal, haya más colaboración y una total imparcialidad y transparencia.

¿Usted sigue firme con el compromiso de apoyar a quien gane la consulta?

No tengo la menor duda de que vamos a salir unidos, a menos de que surjan pruebas de que una victoria espuria, lo cual invalidaría el proceso. Yo no podría aceptar a estas alturas de la vida que dentro de la consulta interna se presente un proceso 8000 o una parapolítica.

¿Cree que quien gane la consulta debe asumir la dirección del Partido y que el ex presidente Gaviria se debe hacer a un lado?

Debe haber un cambio en la dirección del Partido, pero hacia una dirección plural, con tres o cinco miembros, encabezada por quien gane la consulta.

Después del domingo ¿cuál debe ser la estrategia del liberalismo?

Hay que buscar aliados que tengan un planteamiento coherente con el liberalismo en cuanto a la visión de país. No se puede pensar en alianzas simplemente para atajar al presidente Uribe, sino que tiene que ser algo propositivo que le plantee a los colombianos otros caminos y otra opción en cuanto a la solución de los problemas.

¿Alianza con Germán Vargas Lleras, por ejemplo?

No, porque la única diferencia que él tiene con el presidente Uribe es que no está de acuerdo con otra reelección, pero de resto ha sido una persona que ha compartido todo lo de este gobierno. No tendría sentido hacer ahora una propuesta al país y luego una coalición con quien ha sido nuestro contradictor en los últimos ocho años. Eso me parecería que no es responsable ni serio. La política no se puede hacer sobre la base de simples acuerdos electorales.

Hablando de propuestas ¿cree que el tema de la seguridad será el eje de la próxima contienda electoral?

Será central para el país, sobre todo porque no se ha resuelto el problema con lo de la seguridad democrática del presidente Uribe, que apunta sólo a un factor de desorden que son las Farc y el ELN. Pero en Colombia hay muchos factores que generan violencia, incluso mucho más proactivos que la misma guerrilla, que son la delincuencia común y el narcotráfico.

Dicen los uribistas que si no hay reelección se corre el riesgo de volver a ‘caguanizar’ el país…

La seguridad es un tema de Estado, es decir, cualquiera que sea el gobierno tiene que tener una política que le garantice la seguridad a los ciudadanos. Lo que pasa es que hay que tener una visión distinta, partir del fortalecimiento de la justicia en sus instrumentos técnicos, científicos, en sus recursos humanos y presupuestales, y naturalmente consolidar su autonomía. Pero por otro lado, el país necesita una política social porque con hambre no hay seguridad. Colombia tiene una situación de miseria y de marginalidad insostenible. Las propias estadísticas hablan de más de ocho millones de personas en la indigencia y más de 20 millones por debajo de la línea de la pobreza. Con esa situación, el tema de la seguridad es inmanejable.

¿Qué hacer entonces?

Tenemos que fortalecer el mercado interno y para eso se necesita subir el salario mínimo, volver a un contrato de trabajo y atener trabajadores bien remunerados, con prestaciones sociales y seguridad laboral. Hay que dirigir los recursos hacia la construcción de vivienda popular y las obras de infraestructura. Necesitamos también hacer inversión en educación pública, en escuelas, colegios y universidades; en hospitales y puestos de salud. El tema de la eficiencia de la economía es supremamente delicado porque nos va a costar mucho dinero y tiempo actualizar nuestros sistema de transporte e infraestructura para poder ser competitivos. Colombia no puede seguir creciendo en las ciudades del interior, como Bogotá y Medellín. Bogotá está a más de 500 kilómetros de los puertos y por eso cuesta más transportar una tonelada de carne hasta Buenaventura que de Buenaventura a Shangai o Hong Kong. Nosotros no podemos ser competitivos con este sistema de ciudades en el interior y en las cordilleras, por lo que tenemos que hacer inversiones en las plataformas industriales y comerciales en los litorales Pacífico y Atlántico, y en las riberas de los ríos navegables: en el Magdalena, en la Orinoquia, en el Atrato, en las fronteras con Venezuela, Perú, Brasil y Ecuador, para poder poner al alcance de nuestro sistema productivo los mercados internacionales.

¿Tenía usted también una propuesta en materia de eficiencia de la Fuerza Pública?

Es que me parece que el gasto en defensa tiene que ser más eficiente. Nosotros tenemos un gasto que pesa mucho sobre el Producto Interno Bruto y el presupuesto nacional, y que es muy ineficiente. Aquí se generó una escala del cuerpo de seguridad inmanejable e incontrolable para el Estado, hay unos problemas de indisciplina y corrupción en la Fuerza Pública absolutamente monstruosos, con falsos positivos, chuzadas telefónicas y complicidad de ciertos sectores con el narcotráfico y la delincuencia común. El país cuenta con cerca de 500 mil hombres en la Fuerza Pública, lo cual desborda la capacidad del Estado para garantizar una buena calidad. Por eso, hay que buscar algo más profesional, más reducido y manejable, liberando de paso recursos de la defensa hacia la inversión pública. Este país no tiene carreteras, no tiene ferrocarriles, no navega los ríos, hicieron unos puertos y aeropuertos ineficientes, y si no tenemos una infraestructura de transporte eficiente en una economía globalizada, la economía formal no puede crecer y no puede competir en los mercados internacionales, ni puede generar empleos de calidad. En esa medida, la gente va siendo absorbida por la informalidad y la criminalidad.

¿Pero acaso no se habla de una gran inversión extranjera y de confianza inversionista?

Son cifras macroeconómicas que no tienen estudiadas en su profundidad. En sus últimas publicaciones, la Cepal habla de que en América Latina solamente hay dos países donde aumentó la pobreza y la brecha entre ricos y pobres, a pesar de las buenas condiciones de la economía mundial en los últimos siete años: Colombia y República Dominicana.

¿No cree que el Partido Liberal se ha equivocado al dejarse llevar por peleas de maquinarias y no hacer propuestas en ese sentido?

Claro. El gran tema del Partido Liberal debe ser proponerles a los colombianos alternativas, caminos mejores para manejar la economía, el tema social, de orden público, los temas internacionales. Yo no he estado de acuerdo con la orientación que ha tenido la oposición por parte de Partido, que me parece que ha sido sólo de obstruccionismo, de conflictos, de mecánica política.

¿Cree que otro tema central de las próximas elecciones será la defensa de la Constitución de 1991?

La historia constitucional del país muestra unas constituciones que hicieron los vencedores en guerras civiles, es decir de acuerdo con su propia verdad y su propia estructura de poder. La Constitución de 1991 es distinta porque fue fruto de un acuerdo social y político, en donde se reunieron todos los actores de las violencias y de los conflictos sociales a tratar de resolver por las buenas lo que no habían podido resolver por las malas. Es una Constitución de consenso. Pero lo que vino después fue la irrupción de las fuerzas paramilitares en la política para tomarse el poder político. Hoy hay cerca de 90 congresistas judicializados por la Corte Suprema de Justicia porque sus campañas fueron fruto de una alianza o acción guerrera que el paramilitarismo, los cuales hicieron unas mayorías en el Legislativo. Es decir, estamos volviendo al escenario antiguo en el cual los guerreros ganaban las guerras y ponían sus constituciones y en eso estamos, en unas mayorías hechas a bala, con fosas comunes, con dólares del narcotráfico y con fraude electoral, que cambian la Constitución de acuerdo con su parecer y sus propios intereses.

¿Qué significaría para el país una segunda reelección del presidente Uribe?

Desde la constituyente yo soy enemigo de la reelección. Me parece que en un país como Colombia, una reelección y un presidente en campaña plantean un escenario donde no hay competencia y la democracia tiene dos características fundamentales: que haya competencia y que haya alternancia. Además, con un presidente haciendo campaña política con el presupuesto nacional, con la bandera y el escudo nacional, con la infraestructura del Estado, los helicópteros, aviones, ejércitos, ahí no hay competencia. Es la destrucción definitiva de la democracia colombiana.

¿Será que la Corte Constitucional avala el referendo reeleccionista?

Creo que sí. Ahora, yo como constituyente y demócrata, no soy enemigo del referendo. Se trata de una figura que está en la Constitución para que el pueblo sea consultado en determinados casos. Si el pueblo quiere una segunda reelección, pues que se lo pregunten en las urnas. Ahora, lo que pasa es que nosotros no tenemos que hacer oposición al referendo, que es un instrumento constitucional, sino a una segunda reelección. Hay que explicarles a los colombianos cuáles son las consecuencias que tendría un nuevo período del presidente Uribe, apelar a la conciencia del ciudadano para que en la decisión que van a tomar en el referendo tengan en cuenta los riesgos que implican para la democracia colombiana y para el manejo del Estado, para el progreso y la paz del país. Creo que la Corte tiene que tomar una decisión jurídica pero no política que le impida al pueblo expresarse.

¿Qué tanto de Luis Carlos Galán tiene hoy Iván Marulanda?

Todo. Yo estoy en la política porque a mí me daría pena con aquellos que dieron la vida por unos ideales: Luis Carlos Galán, Rodrigo Lara y muchos otros. Tengo las mismas convicciones. El país ha cambiado para mal y los problemas que nosotros planteamos han crecido en la medida en que perdimos porque nos mataron a los líderes. Creo que los hechos nos han dado la razón en el sentido de que estábamos enfrentando una problemática que era el narcotráfico en la política, la corrupción y la pérdida de los espacios democráticos. Yo estoy en esta lucha con mucho optimismo y alegría, pero en unas condiciones muy difíciles de soledad, porque a muy poca gente en la política colombiana les interesa esos ideales por los cuales nosotros construimos el Nuevo Liberalismo, por los cuales ellos dieron la vida y por los cuales yo permanezco luchando. Yo sigo totalmente leal a mis amigos y a las luchas que construí con ellos.

El Espectador, Septiembre 25 de 2009