Sobre el Sistema General de Regalías

Constancia del Partido Alianza Verde en las Comisiones Económicas Conjuntas

Presupuesto Sistema General de Regalías 2019 – 2020

Noviembre 1 de 2018

Tal como lo resaltamos en repetidas oportunidades durante la discusión del Presupuesto General de la Nación recientemente aprobado por este Congreso, en el trámite de este proyecto de ley de regalías sostenemos lo mismo. La visión del país y del futuro que tenemos es opuesta a la defendida por el gobierno que preside Iván Duque. Representamos orillas distintas y defendemos ideas contrarias.

Acompañamos la ponencia presentada en las comisiones conjuntas de Senado y Cámara en cuanto respete la autonomía de las regiones y distribuya los recursos de acuerdo a lo establecido en la Constitución.

Destacamos, tal como lo hicimos frente al presupuesto, la necesidad de que estas discusiones sobre la ley de regalías se den de cara al país. Las reuniones de ponentes se siguen haciendo a puerta cerrada en el Ministerio de Hacienda y no de frente a las regiones y frente a la ciudadanía.

Hemos sostenido que las discusiones en torno al Presupuesto General de la Nación y las que se adelantan sobre regalías, ofrecen la oportunidad de reflexionar como sociedad sobre la inconveniencia de que nuestra economía dependa de la explotación del subsuelo y la necesidad de diversificar la oferta nacional de bienes y servicios. El sector extractivo representa hoy el 5,27% del PIB, atrae el 43% de la Inversión Extranjera Directa y reporta el 58% de las exportaciones. El próximo año se espera que los ingresos petroleros del gobierno representen alrededor del 4% del total de sus ingresos.

Sabemos que no es posible renunciar a los recursos provenientes del sector minero energético, cuyo papel ha sido fundamental para el desarrollo del país. Sin embargo, no se puede tapar el sol con las manos y negar el cambio de paradigma que experimenta el mundo. Si se sigue explotando la riqueza del planeta de la manera como se viene haciendo por décadas, quedan solo años de recursos y pocos años de vida.

El debate que promovemos gira alrededor de la urgente necesidad de transitar hacia energías limpias y renovables. Este estudio de la ley de regalías debería ser la oportunidad para trazar un plan estratégico de desarrollo para el país. Por el contrario, la falta de liderazgo del gobierno lleva a que el debate sea inocuo, vacío, y que el rol de los congresistas se limite a aprobar los montos de regalías que corresponden a la distribución dispuesta en la Constitución.

Es hora de hablar de lo realmente importante. Tenemos reservas de petróleo para los próximos 5, tal vez 6 años. ¿Qué va a hacer el país después de este tiempo? ¿Qué recibirán las futuras generaciones?

Reiteramos que los montos que acá se aprueben son recursos de las regiones. Pero sin un plan a largo plazo, sin un claro camino para invertirlas, en función del desarrollo de los territorios armonizados con el desarrollo nacional, el gasto de las regalías terminará siendo un despilfarro de oportunidades para las propias regiones y para Colombia. Esto, sin mencionar los daños ambientales, la corrupción, el atraso institucional y la violencia que surgen del mal manejo de la extracción de recursos naturales no renovables, explotados con afán desaforado, sin cuidado de la riqueza y del equilibrio ambiental. En suma, sin un plan estratégico claro, no se hace otra cosa que administrar la pobreza de este país, igual que se ha hecho durante décadas.

La industria extractiva es importante para Colombia, no se puede negar. No nos oponemos a ella. Nos oponemos a mantener un modelo económico dependiente a esta industria. Nos oponemos a la exploración y explotación hecha sin cumplir los estándares ambientales, sin la aprobación de las comunidades que poco reciben a cambio.

Nos oponemos también al otorgamiento de deducciones y beneficios tributarios innecesarios y gratuitos a las empresas del sector. Para el año 2016, el costo fiscal de los beneficios tributarios al sector extractivo se estimó a 19,3 billones. En un país de regiones abandonadas, en el que la pobreza alcanza el 26,9% de la población, estas concesiones no soportan ninguna justificación.

Tanto en la discusión del Presupuesto General de la Nación como la de este proyecto de ley de Regalías, se ha desnaturalizado la razón de ser de estas leyes consistente en ordenar y encausar el gasto público en función de una estrategia que conduzca al progreso sostenido del país. En cambio, se abrió la puerta para que se incluyan proposiciones que están por fuera del alcance y del objeto que señala la Constitución a estas leyes, con lo que se desgasta de manera ociosa la institucionalidad judicial de la nación.

En este debate de la ley de Regalías es fundamental señalar la urgencia de revisar las tasas de las regalías que recauda el fisco, que a nuestro juicio se deben incrementar en referencia a estándares internacionales. En la actualidad oscilan entre el 5% y el 10% para el carbón, y entre el 8 y el 25% para el petróleo.

Tampoco pueden descuidarse la pobre ejecución de los recursos de las regalías, que hoy varía entre el 24% y el 38% según el tipo de OCAD, ni los innumerables problemas que presentan los proyecto por falencias en la formulación, fallas en la contratación, deficiencias en la labor de supervisión e interventoría y retrasos en la ejecución, entre otras fallas.

Es cierto que las entidades territoriales tienen dificultades para formular y ejecutar con solvencia sus proyectos, pero de igual manera el Departamento Nacional de Planeación es deficiente a la hora de cumplir sus responsabilidades en el sistema. La solución a esta cadena de falencias no puede ser encargar la formulación y ejecución de los proyectos a empresas privadas mediante el procedimiento de “obras por regalías” que propone el gobierno. Esta fórmula terminaría por privatizar la planeación y el desarrollo de las regiones, lo cual es inaceptable.

Resaltamos la urgencia de fortalecer la capacidad de planeación de las entidades territoriales y asegurar el acompañamiento eficiente del Departamento Nacional de Planeación. De otra manera, no se cumple el espíritu descentralizador de la Constitución, que expresa el más profundo anhelo de los colombianos.

Por último, si bien celebramos que el gobierno nacional por fin se preocupe por encontrarles recursos a las universidades públicas como lo venimos reclamando desde el inicio de la legislatura, señalamos como lo hicimos en su momento, que era en la discusión del Presupuesto General de la Nación cuando se debió atender las demandas de las instituciones públicas de educación superior y no ahora en esta ley de Regalías. De hecho, así lo propusimos en la ponencia alternativa que presentamos de presupuesto, en la cual asignábamos un billón adicional de recursos para las universidades públicas.

Los recursos que se asignan mediante esta ley de Regalías, pertenecen a las regiones y no están expuestos al arbitrio del Presidente de la República.

Los mandatos del pueblo en respuesta a las promesas de campaña del presidente Iván Duque, así como las marchas de los estudiantes y profesores y la histórica votación de la consulta anticorrupción, deben marcar la hoja de ruta del gobierno nacional, un gobierno que hasta ahora no deja claro hacia dónde va ni qué caminos ciertos quiere transitar.

IVAN MARULANDA GÓMEZ                            KATHERINE MIRANDA PEÑA

Senador de la República                                        Representante a la Cámara