Ponencia alternativa del Presupuesto 2019

Bogotá D.C. 12 octubre de 2018

Señor Edgar Alfonso Gómez Román Presidente Comisión Cuarta H. Cámara de Representantes

Miguel Amín Scaf Presidente Comisión Cuarta H. Senado de la República

Óscar Darío Pérez Pineda Presidente Comisión Tercera H. Cámara de Representantes

Rodrigo Villalba Mosquera Presidente Comisión Tercera H. Senado de la República

Ref: Ponencia alternativa proyecto de Ley Nos 052/2018 (Cámara) y 059/2018 (Senado) “Por la cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1º de enero al 31 de diciembre de 2019”.

Honorables Presidentes: En atención a la honrosa designación que se nos ha hecho, y en cumplimiento del mandato constitucional y de lo dispuesto por el Estatuto Orgánico del Presupuesto (EOP) y la Ley 5ª de 1992, rendimos ponencia alternativa para segundo debate en la Plenaria del Honorable Senado de la República y de la Honorable Cámara de Representantes del Proyecto de Ley Nos 052/2018 (Cámara) y 059/2018 (Senado) “Por la cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1º de enero al 31 de diciembre de 2019”.

1. OBJETO DE LA PONENCIA

El objetivo de esta ponencia es presentar una distribución alternativa en el Proyecto de Ley No. 052/2018 (Cámara) y 059/2018 (Senado), “Por la cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1º de enero al 31 de diciembre de 2019”, en la que se priorice la inversión,el  incremento del gasto social y la implementación del acuerdo de paz como principales necesidades del país.

2. ANTECEDENTES

Durante varias semanas, las comisiones terceras y cuartas de Senado y Cámara discutimos con el gobierno nacional, en cabeza del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, el proyecto de PGN para el año 2019.

La discusión no tuvo orden ni rigurosidad, porque la información no se entregó completa ni a tiempo, sino fraccionada, sobre la marcha y en forma caótica. Entre reunión y reunión, la información presentada por el gobierno cambiaba significativamente, haciendo así imposible la tarea de los ponentes de estudiar sus propuestas y sugerir alternativas oportunas. Esto nos aboca, presionados en el límite del tiempo, a debatir el PGN en primer debate solo hasta el último día.

No es comprensible ni procedente que el Ministerio de Hacienda, solo después de cerrada la discusión de la ponencia, haya enviado la información detallada del articulado del PGN y de los rubros de ingresos y gastos. Las últimas cifras que trae el proyecto, no se discutieron con los ponentes.

Las instalaciones del Ministerio de Hacienda donde se llevó a cabo el trabajo son inapropiadas, aisladas, cerradas al ingreso de los asesores de los congresistas, incómodas. Es inaceptable que los congresistas trabajemos en la formulación del presupuesto del Estado colombiano hacinados, aislados y en condiciones indignas. Estas circunstancias hacen que el papel de los parlamentarios sea subalterno y pasivo, de simples espectadores sin posibilidades de iniciativa. Resultados del primer debate

Desde el inicio de la legislatura, las comisiones terceras y cuartas han debatido el proyecto de ley de presupuesto. En todas las sesiones, en nuestra condición de ponentes de oposición, hemos insistido en la necesidad de financiar los sectores del Estado cuya misionalidad está dirigida a garantizar los derechos sociales, políticos, económicos, culturales y del medio ambiente para el buen vivir de los y las colombianas. En ese sentido, en cada sesión presentamos proposiciones y dimos el debate para consolidar una distribución del gasto más equitativa.

En los primeros debates,el Gobierno Nacional, encabeza de su ministro de Hacienda y Crédito Público, Alberto Carrasquilla, advirtió que, aunque el PGN radicado por el gobierno saliente se encontraba en equilibrio presupuestal, para dar cumplimiento al plan de gobierno en el 2019, con base en un Plan de Desarrollo que no ha sido ni discutido, ni aprobado, el PGN estaba desfinanciado en 25 Billones de Pesos. Sin embargo, el texto del proyecto de ley por el cual se decreta el Presupuesto de Rentas y Recursos de capital y ley  de Apropiaciones para la vigencia fiscal del 2019 presentado por el gobierno Duque denota un déficit presupuestal de 14 Billones de Pesos, por cuenta de una reducción de 13.2 Billones de pesos en los ingresos por Recursos de Capital de la Nación y 0.8 billones de pesos que se reducen de los ingresos de los establecimientos públicos y fondos especiales de la nación, exhibiendo un presupuesto de ingresos de DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO BILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCO MILLONES DOSCIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE PESOS MONEDA LEGAL ($244,997,305,209,927), manteniendo intacta la cifra del gasto público en DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO BILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCO MILLONES DOSCIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE PESOS MONEDA LEGAL ($258,997,305,209,927), presentando además del déficit, una redistribución del gasto respecto a 14,5 Billones de pesos liberados por cuenta de la reducción del servicio al pago de la deuda pública.

La nueva distribución del gasto presentada en el texto aprobado en primer debate exhibió la mayor cantidad de adiciones en los sectores de Hacienda por 1,9 Billones; Educación por 2,48 Billones; Inclusión Social y Reconciliación por 1,1 Billones; Minas y Energía por 1,9 Billones; Salud y Protección Social por 3,8Billones y Transporte por 1 Billón.

Otros sectores que en principio iban a ser castigados presupuestalmente lograron adiciones por virtud de la postura de los congresistas de la oposición que defendieron causas como el medio ambiente, la ciencia y la tecnología, el deporte, la recreación y la cultura, como se describe en el siguiente cuadro.


El texto presentado para ser aprobado en primer debate también denota cambios en el articulado que generan preocupación en la bancada de oposición, artículos que se manifiestan en el siguiente apartado.

​3. CONSIDERACIONES

Durante semanas reiteramos la necesidad de que el Presupuesto General de la Nación se discutiera de cara al país y se construyera a partir de las necesidades reales delos colombianos, para que fuera herramienta de cambio. La conclusión a la que llegamos, y así lo manifestamos, es que el gobierno y las fuerzas que lo respaldan no tienen vocación de cambio. Como ha ocurrido a lo largo de la historia, representan el continuismo y solo tienen interés en la nómina.

El presupuesto que llega para aprobación en plenaria no es transformador. Por el contrario, perpetúa las enormes inequidades del país, así como vicios de la política contra los que nos manifestamos en las urnas cerca de 12 millones de colombianos hace menos de dos meses, con mensajes claros que deben ser escuchados por el Congreso y el gobierno.

El trámite mediante el cual se ha discutido y construido el PGN demuestra la urgencia de adoptar presupuestos participativos , con el fin de que sea desde los territorios y no desde salones en la capital, donde se construya el presupuesto, de tal manera que corresponda a las necesidades reales de los colombianos.

El proyecto de presupuesto 2019 no contribuye a resolver los problemas estructurales del país. Seguiremos siendo de las sociedades más desiguales del mundo. De hecho, Colombia es uno de los países latinoamericanos donde menos se reduce la desigualdad, después de la intervención estatal. Según la CEPAL, mientras países como Brasil logran disminuir sus índices de desigualdad en 7 puntos después de tomar en cuenta los subsidios, transferencias, impuestos y pensiones del gobierno, en Colombia el índice de desigualdad disminuye en menos de una décima (de 0.53 a 0.52). Este pobre resultado sólo es comparable con el de Honduras, El Salvador, Nicaragua y Paraguay.

El PGN 2019 debió ser la oportunidad para empezar a remediar dicha tendencia. Sin embargo, el proyecto del gobierno, sigue la misma línea que los anteriores y tanto los ingresos como los gastos,no contienen intervenciones que disminuyan la desigualdad.

3.1 Anotaciones acerca de los Ingresos

En cuanto a los ingresos proyectados por el gobierno para 2019, preocupan los siguientes aspectos:

● El servicio de la deuda y las amortizaciones para 2019 comprometen 51.9 billones, que corresponden al 5% del PIB, monto a todas luces excesivo que restringe el gasto social y las inversiones para el desarrollo productivo.

● No se conoce el plan de privatizaciones del gobierno que explique el arbitrio de 2.5 billones de ingresos en la cuenta de recursos de capital.

● Más de la mitad de los ingresos del gobierno, 143 billones, provienen de impuestos indirectos (IVA 61 billones), que de por sí son regresivos y de impuestos a la renta (64 billones) que no gravan a los contribuyentes con tarifas progresivas que correspondan a las escalas de ingresos.

● Finalmente, preocupa cómo espera recaudar el gobierno 14billones por medio de una Ley de Financiamiento, que faltan para financiar el presupuesto.

● Igualmente desconcierta la actitud del gobierno, que al momento de calcular los ingresos, estableció un precio de referencia del petróleo de US$65 por barril, cuando hoy los precios fluctúan por encima de los US$81 por barril.

3.2 Apuntes acerca de los Egresos

En lo que respecta a los gastos presentados en el proyecto de presupuesto del 2019, hacemos los siguientes comentarios:

● Las partidas de ciencia y tecnología, medio ambiente, cultura, educación, salud, deportes, desarrollo rural y construcción de paz, son mínimas. En contraste con el pensamiento del gobierno, sostenemos que para transformar la sociedad y desarrollar la economía, estos sectores deben ser prioritarios. Si bien estas partidas aumentaron con respecto al año anterior, su aumento – con la excepción del sector educación – fue inferior al de la inflación, lo cual, en términos reales, implica de facto una estagnación en los montos asignados.

● Defensa: ​​Los recursos para el sector de defensa no cesan de aumentar: se propone que para el próximo año estos sean superiores a 33.5 billones de pesos. Si bien entendemos que una parte importante de este monto se destina a gastos inflexibles, en el contexto del posconflicto, no se justifica que dicho presupuesto represente el segundo mayor gasto del gobierno, es fundamental que el país empiece a determinar si todos los gastos reportados por el Ministerio de Defensa realmente son prioritarios, como por ejemplo la propuesta hecha para primer debate, de comprar un sistema de de defensade antiaérea, misiles que cuestan más de un billón de pesos.

Esto equivale a tres veces lo que se invierte en programas de inclusión social y reconciliación, como Familias en Acción, primera infancia del ICBF o atención a las víctimas. También equivale a catorce veces de lo que se invierte en el sector agropecuario, cuarenta y ocho veces de lo que se invierte en medio ambiente, sesenta veces de lo que se invierte en deporte y recreación y ochenta y dos veces de lo que se invierte encultura.E​n 2016 el gasto militar de Colombia era el 3.1% del PIB, el séptimo lugar entre 136 países, muy por encima de los demás países de Latinoamérica.

● Educación: ​​La inversión en educación, si bien representa el mayor rubro del gasto, sigue siendo insuficiente para estándares internacionales. Según la OCDE, el gasto por estudiante de primaria en Colombia es menor al de todos los miembros de la organización y menor también que el de los países latinoamericanos analizados, México, Argentina, Brasil y Costa Rica. Mientras Colombia invierte US$2.490 por estudiante de primaria, el promedio de la OCDE es US$8.733. En educación secundaria y media, el gasto es de US$3.060 por estudiante, mientras que el promedio de la OCDE es US$10.106. Así las cosas, la promesa de equidad del presidente Duque, no se refleja al momento de asignar los recursos en el PGN.

Así, los recursos asignados al sector de educación y primera infancia no son suficientes para atender las necesidades del país.

En lo que concierne la política de primera infancia, los recursos asignados al ICBF son insuficientes para atender la niñez. Si se quiere recuperar el déficit de cobertura heredado del año pasado y compensar los aumentos en el IPC y en el salario mínimo, la polít​ica de primera infancia del ICBF necesitaría entre 391 y 525 mil millones de pesos adicionales (dependiendo del aumento de la inflación, del salario mínimo del próximo año y si se construyen o no nuevas infraestructuras). Si no se aumenta el presupuesto, se dejarían de atender entre 168 mil y 208 mil niños el próximo año.

La formación técnica y tecnológica, en cabeza del SENA, también requiere de 39 mil millones de pesos para poder continuar con los programas de aprendizaje, tales como los programas de bilingüismo, investigación y los programas orientados al sector rural, actualmente en curso.

En lo que respecta la educación superior, mientras que, entre el 2004 y el 2017 se aumentó en un 57% (de 365mil a 576mil estudiantes) y en un 184% (de16 mil a 46 mil estudiantes) la cobertura en programas de pregrado y de posgrado respectivamente, la inversión anual por estudiante pasó de 10millones 800mil pesos a 4millones 700mil pesos. Así mismo, mientras que en el 2000 el 82,9% del gasto público en educación superior estaba dirigido a los Institutos de Educación Superior, en el 2017 este porcentaje disminuyó al 59,4%. Dado lo anterior, se estima que los Institutos de Educación Superior, requieren de 3.6 billones para el próximo año.

Mientras tanto, los recursos destinados al ICETEX no han cesado de aumentar: entre la versión del presupuesto radicada por el gobierno anterior y la versión aprobada en comisiones económicas conjuntas, el ICETEX recibió recursos adicionales por 750mil millones. Teniendo en cuenta que el ICETEX es hoy una entidad ineficiente, con prácticas financieras cuestionables y un gran número de deudores morosos, estos aumentos sistemáticos son injustificados. Así, entre el 2004 y el 2018, los gastos administrativos aumentaron de manera desmedida. Por ejemplo, en ese periodo, los gastos en impresiones y publicaciones aumentaron en un 6662% (de 98 millones a 6 mil millones de pesos), los gastos en mercadeo en 3239% (de 343 a 11 mil millones de pesos), los gastos en arriendos en 1369% (de 238 millones a 3 500 millones), los honorarios y servicios temporales en 386% (de casi 2 mil millones a 9700 millones) y los gastos operacionales y administrativos en 273% (de 67 millones a 250 millones). Asimismo, la contratación directa pasó de representar el 64% del total de contrataciones en 2014 al 86% en 2018. Hoy, el ICETEX tiene 46 mil deudores morosos (sin contar alrededor de 50 mil deudores que fueron transferidos al CISA – otra entidad financiera del gobierno). Finalmente, contrario a lo que hacen las entidades financieras, el ICETEX capitaliza los intereses, lo cual aumenta de manera significativa la deuda que los estudiantes deben pagar.

● Investigación y Desarrollo: De igual manera, de acuerdo con informes del Banco Mundial, mientras los países de América Latina y el Caribe invierten en investigación y desarrollo el 0.8% de su PIB, Colombia invierte el 0.2%; Brasil más del 1%; Corea, un país que hasta hace poco tenía el mismo nivel de ingresos que el nuestro, el 4,2%. ​Si bien aumentaron las partidas para apoyar la ciencia y la tecnología, estas siguen siendo marginales ante los desafíos. ​El presupuesto de Colciencias para el próximo año, de 356 mil millones, es cerca de la mitad de lo que la entidad estima necesario para cumplir sus objetivos.

● Medio Ambiente: Hoy nuestra riqueza medio ambiental, de la que se enorgullece el país, está en situación crítica, en gran medida por la falta de acciones del Gobierno. Los recursos destinados al medio ambiente deben dejar de verse como costos. Invertir en la preservación de las áreas protegidas y las fuentes de agua, la calidad del aire, la reducción de la erosiónde las costas y la contaminación de los ríos, es condición necesaria para garantizar la sostenibilidad del país a largo plazo.

Los niveles de deforestación han alcanzado picos históricos que hoy hacen casi imposible cumplir con la meta de cero deforestación a 2030, a la cual se comprometió Colombia en el Acuerdo de París. Entre 2016 y 2017, se deforestaron casi 400 mil hectáreas. No obstante, en el presente año el Ministerio de Ambiente cuenta con la cifra irrisoria de 465 millones de pesos para luchar contra esta tragedia.

Como lo evidenció la Corte Constitucional, los estragos causados por la minería ilegal son irreversibles, contaminación de las fuentes de agua y desvío de cauces, empobrecimiento y erosión de los suelos, con las consecuencias en la salud y en la economía de las poblaciones. Sin embargo, en el 2018, el Ministerio de Ambiente solo contaba con 415millones de pesos para controlar la minería ilegal. Con los recursos asignados al sector de medio ambiente en el 2019, no es posible que la situación aquí descrita se revierta.

● Agricultura:​​ el atraso y las desigualdades en el campo colombiano, además de generar pobreza, también han sido un combustible del conflicto. Según el informe de las Naciones Unidas “Razones para la Esperanza” (2011), 12 de los 32 departamentos tienen un Gini de tierras superior al 0,8. Además, solo el 22,7% de la superficie con vocación agrícola es utilizada para el establecimiento de cultivos. Como resultado, Colombia importa alrededor de 12 millones de toneladas de comida al año. ​​Con un presupuesto que no llega al 1% del presupuesto total, no será posible revertir esta realidad.

● Para transformar a Colombia es indispensable cambiar la estructura presupuestal. ​Las siguientes observaciones sirven para explicarlo:

o El Ministerio de Hacienda presentó en las cifras iniciales un faltante de 25 billones. Sin embargo, pocas semanas después afirmó que el faltante era de 14 billones. No conocemos los criterios y las razones por las cuales dicho faltante disminuyó en 11 billones.

o Según la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos, el próximo año se requieren más de 1.3 billones para sus programas. Sin embargo, en el proyecto de presupuesto no existe una asignación específica para esto, no obstante que el gobierno manifestó que honrará los compromisos con más de 96 mil familias que suscribieron acuerdos individuales en el marco de dichos programas.

o Existe una bolsa de 2.3 billones de pesos en el Ministerio de Hacienda para atender los gastos relacionados con la implementación del Acuerdo de Paz. Sin embargo, no se conoce de qué manera ni con qué criterios se repartirán estos recursos.

o Rechazamos los recortes de presupuesto realizados entre la primera y segunda versión del proyecto de PGN a entidades clave para la implementación del Acuerdo de Paz,como la Agencia de Renovación del Territorio (-200 mil millones), la Agencia de Desarrollo Rural (-243mil millones), la Unidad Nacional de Protección (-25 mil millones), Justicia Especial para la Paz (-1.500 millones), la Agencia de Reincorporación y Normalización (-400 millones) y la Unidad de Restitución de Tierras (-870 millones).

o Si bien los recursos de la Agencia Nacional de Tierras aumentaron con respecto a la primera versión del presupuesto, estos son insuficientes, pues la misma Agencia estima que se requieren 1.4 billones depesosal año para lograr la meta del Acuerdo dePaz, de formalizar 7 millones de hectáreas en 10 años. El proyecto de PGN solo destina 338mil millones.

o También preocupa la reducción de más de 7mil millones de pesos en el presupuesto del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, si se tiene en cuenta la trascendencia de implementar el catastro multipropósito para el país.

3.3 Disposiciones generales

Consideramos que algunos de los artículos incluidos en el texto aprobado en el proyecto de Presupuesto General de la Nación tienen consecuencias perjudiciales para el país, entre ellos:

1. Es el caso artículo 124 que determina que las entidades territoriales financien los costos de las consultas populares de iniciativa local.

2. De igual modo, es perjudicial el artículo 75 que busca trasladar los gastos de funcionamiento del Servicio Social Complementario de Beneficios Económicos Periódicos (BEPS) a Colpensiones, pues pone en riesgos la viabilidad financiera de esta institución.

3. Así mismo, una serie de artículos nuevos (131, 119 y 120) le otorgarían facultades al Gobierno para reprogramar vigencias futuras, transferir recursos entre entidades y reorganizar la administración pública del orden nacional. Estas medidas,si no cuentan con el control del Congreso de la República, le permitirían al Ministerio de Hacienda asignar recursos a programas o entidades que no corresponden a lo dispuesto en el Presupuesto General Nacional aprobado.

4. El artículo 133 se busca que las diferentes unidades de la Justicia Especial para la Paz (JEP) actúen como unidades ejecutorias independientes, lo que implicaría que diversas unidades dentro de la JEP empiecen a administrar recursos sin tener la capacidad para ello, que no sea posible distribuir los recursos dentro de la entidad según las necesidades del momento de cada sala y, sobre todo, que se deje a la discrecionalidad del Ministerio de Hacienda, los montos que se asignan a cada sala, poniendo así en riesgo el correcto funcionamiento de estas.

5. Finalmente, el artículo 136, el cual prevé la venta de las acciones de la nación en las centrales de abasto podría conllevar a una desregulación de los precios de los alimentos y su consiguiente aumento.

Con base en los argumentos antes expuestos, proponemos las siguientes modificaciones al proyecto de ley de presupuesto:

1. En lo que se refiere a las rentas y recursos de capital del Tesoro de la Nación para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 (artículo 1), proponemos aumentar los ingresos corrientes de la nación en 3.5 billones de pesos, fijando así los ingresos totales en $254.447.305.209.927 y reduciendo en un monto equivalente el monto necesario que se deberá recaudar pormedio de la Ley de Financiamiento.

Dichos recursos serán el resultado de mayores ingresos de la Nación resultado del aumento en las proyecciones del precio del petróleo durante el año 2019. En efecto, desde la presentación de este proyecto de ley por el Gobierno Nacional, los precios del petróleo Brent (referencia para Colombia) han aumentado continuamente, llegando hoy a más de 80 dólares por barril. Así, consideramos que el supuesto de 63 dólares por barril utilizado para definir los ingresos que recibiría la nación por cuenta de las rentas petroleras no se ajusta a las proyecciones más recientes. Un sondeo reciente de la agencia Reuters entre las principales empresas productoras, por ejemplo, sitúa el precio del barril entre 73 y 75 dólares por barril. Tomando dicha cifra como referente para el 2019, concluimos que el país podría recibir 3.5 billones de pesos adicionales.

2. En lo que concierne al presupuesto de gastos (artículo2), proponemos redistribuir los 14 billones de pesos que se adicionaron entre la versión del proyecto de ley radicada por el Gobierno nacional y la versión votada en las comisiones terceras y cuartas de Senado y Cámara el día 24 de septiembre de 2018 de la siguiente manera:

– Sector Defensa​​: se disminuyen los recursos de funcionamiento al Ministerio de Defensa Nacional por 2 billones de pesos.

– Sector Agropecuario: se adicionan recursos adicionales por 650 mil millones de pesos destinados a la Agencia Nacional de Tierras (200 mil millones de pesos), la Agencia para la Renovación del Territorio (200 mil millones de pesos) y la Agencia de Desarrollo Rural (250 mil millones de pesos) con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en punto 1 sobre Reforma Rural Integral del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera.

– Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible: se transfieren recursos adicionales por 320 mil millones de pesos a los programas destinados a luchar contra la deforestación – dando así cumplimiento a la meta de cero
deforestación en el 2030 a la cual se comprometió Colombia en el Acuerdo de París – y de minería ilegal.

– Ciencia y Tecnología: se adicionan recursos adicionales al funcionamiento por 335 mil millones de pesos.

– Sector Comunicaciones: se disminuyen los recursos en funcionamiento por 127 mil millones de pesos.

– Congreso de la República: ​​se disminuyen los recursos de inversión por 85mil millones de pesos.

– Sector Cultura: se aumentan los recursos de funcionamiento por 385 mil millones de pesos.

– Sector Deporte y Recreación: se incrementan los recursos de funcionamiento por 70 mil millones de pesos.

– Sector Educación: ​​se aumentan los recursos de funcionamiento en 2.5 billones. Dichos recursos serán invertidos así: 1.5 billones de pesos para las Instituciones de Educación Superior y 1 billón para la educación básica y media.

– Sector Hacienda: se disminuyen los recursos en 812mil millones de pesos por funcionamiento.

– Inclusión social y Reconciliación:​​se adicionan recursos adicionales por 500 mil millones de pesos a la política de primera infancia del ICBF.

– Sector Interior: ​​se disminuyen los recursos de funcionamiento en 323 mil millones de pesos.

– Justicia Especial para la Paz​​: se aumentan los recursos de funcionamiento por 100 mil millones de pesos, los cuales se asignarán de manera equitativa entre las tres entidades: 33 mil millones de pesos para la Justicia Especial para la Paz (JEP), 33 mil millones para la Comisión del Esclarecimiento y de la Verdad y 33 mil millones para la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas.

– Sector minas y energía: se reducen los recursos de inversión por 335 mil millones de pesos. – Organismos de control: se incrementan los recursos de funcionamiento por 35 mil millones de pesos.

– Sector relaciones exteriores: se reducen los recursos de funcionamiento por 113 mil millones de pesos.

– Sector transporte: ​​se reduce el presupuesto en un 1.1 billones; 600 mil millones de pesos en la inversión del Instituto Nacional de Vías y 500 mil millones en la inversión de la Agencia Nacional de Infraestructura.

Finalmente, en lo que concierne las disposiciones generales, proponemos la modificación, eliminación o adición de los siguientes artículos: ● Adicionar un parágrafo en el artículo 32 con el fin de que el Departamento Nacional de Planeación (DNP) haga los ajustes correspondientes en el Banco Único de Proyectos de Inversión Nacional y en especial en las diferentes metodologías sectoriales para las fichas BPIN, de tal forma que el clasificador relacionado con la equidad de género, recoja información que permita presupuestar, contabilizar, controlar y evaluar, los recursos de los proyectos relacionados con la promoción de la igualdad de género.

● En el artículo 82, sobre las medidas de austeridad del gasto, incluir dos literales que prohíban celebrar contratos de publicidad que promocione la gestión del gobierno nacional y/o de los gobiernos territoriales o mediante los cuales se obligue a los contratistas del Estado, a realizar actividades para publicar la gestión del gobierno nacional y/o de los gobiernos territoriales.

● En el artículo 79, mantener el inciso “​Estos recursos serán devueltos por la Nación a Colpensiones, bajo los términos y condiciones acordados por las partes, sin que puedan pasar más de 6 meses del año siguiente para su devolución.” pues la eliminación de este podría tener repercusiones financieras importantes sobre Colpensiones.

● Eliminar el artículo 75, el cual establece que los gastos de funcionamiento del Servicio Social Complementario de Beneficios Económicos Periódicos (BEPS) será asumido por Colpensiones pues esto representaría una carga adicional para esta, lo cual podría poner en riesgo su viabilidad financiera.

● Eliminar el artículo 124 el cual supedita el derecho a convocar a una consulta popular a nivel territorial a la capacidad financiera de los municipios y departamentos.

● Eliminar el artículo 131, el cual autoriza a que se reprogramen vigencias futuras autorizadas por el Confis en la vigencia fiscal 2019, pues dicha medida pondría en duda la idea misma de las vigencias futuras (garantizar inversiones de mediano o largo plazo).

● Eliminar el artículo 133, el cual crea tres unidades ejecutoras distintas dentro de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), pues esto -además de romper con la unidad presupuestal de la entidad -implicaría que diversas unidades dentro de la JEP empiecen a administrar recursos sin tener la capacidad para ello, que no sea posible distribuir los recursos dentro de la entidad según las necesidades del momento de cada sala y, sobre todo, que se deje a la discrecionalidad del Ministerio de Hacienda, los montos que se asignarán a cada sala, poniendo así en riesgo el correcto funcionamiento de estas. Además, este artículo va en contravía de lo establecido en el parágrafo 2 del artículo 5 transitorio del Acto Legislativo 01 de 2017 el cual dispuso que: “Con el fin de garantizar el funcionamiento y la autonomía administrativa, presupuestal y técnica de la Jurisdicción Especial para la Paz, el Secretario Ejecutivo y el Presidente o la instancia de gobierno de la JEP que los magistrados mismos definan, ejercerán de manera exclusiva, todas las funciones asignadas a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura establecidas en el AL 02 de 2015 y en la ley 270 de 1996”.

● Eliminar el artículo 136 pues la venta de las acciones de la nación en las centrales de abasto podría conllevar a una desregulación de lospreciosdelos alimentos y su consiguiente aumento.

● Adicionar un artículo nuevo con el fin de garantizar la asignación de recursos adicionales para la implementación del Acuerdo Final según lo establecido en el Marco de Gasto de Mediano Plazo. Dichos recursos deberán ser priorizados en los programas de la Reforma Rural Integral y la Reincorporación Social y Económica de Exintegrantes de las FARC-EP.

PROPOSICIÓN
Dese Segundo debate al proyecto de ley número 052/2018 (Cámara) y 059/2018 (Senado): “Por la cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1o. de enero al 31 dediciembrede2019”, que incluye las modificaciones propuestas en el pliego de modificaciones que acompaña a esta ponencia.