Informe de ponencia – Comisión quinta Asamblea Nacional Constituyente

Marzo 31, 2012 en Constituyente

Iván Marulandad con su hijo durante la constituyente de 1991

ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE
COMISIÓN QUINTA
SUBCOMISIÓN PRIMERA

INFORME DE PONENCIA (preparado por Iván Marulanda)

PROPIEDAD

Lo suscriben:

Iván Marulanda
Guillermo Perry
Jaime Benítez
Angelino Garzón
Tulio Cuevas
Guillermo Guerrero


Introducción:

Esta reforma de los artículos relativos a la propiedad desarrolla el precepto constitucional para completarlo en cuanto a las distintas formas que esta adquiere en la realidad económica, y más adelante, cambia los procedimientos mediante los cuales puede expropiarse un bien.
También abre una opción a la pena de confiscación, modifica los términos de la protección a la propiedad intelectual y establece una línea de preferencia para la colocación de propiedades del Estado en el mercado.

Consideraciones generales:

No es necesario revivir ni reproducir el debate acerca de la existencia y la función de la propiedad. Ese es un capitulo profundo resuelto con lustre intelectual por los guías doctrinarios de la política colombiana a todo lo largo de la republica. Es más, este es un tema que tiene más de veinticuatro siglos en la historia de la humanidad, desde cuando se
ocupaban de él los filósofos de la antigua Grecia.

El proyecto aspira actualizar las instituciones en la materia para ponerlas a tono con las realidades y las necesidades modernas, y quiere profundizar en relación con los avances muy importantes que lograron los constituyentes de 1.936.

Nadie pone en duda a estas alturas que Colombia es un país de estirpe democrática como lo reafirma la Constitución en esta reforma. En el centro de su régimen de libertades está consagrada la libertad de empresarial, la cual opera en las condiciones del capitalismo universal contemporáneo, con la presencia orientadora y reguladora del Estado, en el marco
del juego de las fuerzas del mercado y de la competencia.

En este contexto, la propiedad es un sistema de ordenamiento económico para crear riqueza y extenderla en bien de toda la sociedad. No solo estimula la creatividad y la energía productiva de las personas, sino que las arraiga, les da estabilidad y seguridad. Les sirve de instrumento para asociarse y así potencializar su capacidad de acción, y hace
posible identificar los agentes que mueven la economía para que se coordinen y se busque la racionalidad y la eficiencia de su función.

La propiedad no es un título inamovible. No es un concepto estático. No es un resultado por sí sola ni un fin en sí misma. Tampoco es la individualización del patrimonio global de la comunidad. Es una forma de organizar y aplicar la riqueza social para que genere desarrollo económico. Es una convención fundada en la convicción acerca de su eficacia en materia social.

Por eso el atraso y la pobreza generalizada cuestionan, no el sistema capitalista sobre el cual hay una aceptación casi consensual que está en los cimientos políticos de la Nación, sino la forma como están distribuidos los bienes y los servicios, tanto para producir, como para satisfacer las necesidades de la población.

La Nación es un conjunto y una armonía para vivir bien, y la propiedad es uno de los elementos de la organización social con los cuales trabaja la colectividad para buscar y obtener esa felicidad o esas formas tangibles y posibles de felicidad.

Eso es la propiedad en Colombia. Así está  expresada en la Constitución política. Con ese alcance y dimensión la garantiza el Estado y dentro de esos conceptos y esos criterios la interviene en representación de los asociados para asegurar la idoneidad de su papel en el esfuerzo cotidiano que realizan los habitantes para superar sus condiciones de vida y el nivel de desarrollo de la Nación.

Propiedad privada, solidaria y estatal:

La propiedad de las personas para su usufructo y para la creación de riqueza, está consagrada y garantizada en la Constitución.

La reforma registra además la propiedad sin animo de lucro que consolidan personas en forma colectiva para acceder a bienes y servicios o para producirlos en beneficio del interés común. Este beneficio de los asociados no se materializa mediante la distribución de utilidades, sino en el mejoramiento directo de su calidad de vida, bien sea por el uso que hacen
de esos bienes y servicios, o por la oportunidad de empleo que les ofrece su esfuerzo solidario. Esta es una forma peculiar de propiedad que hace parte de la combinación de factores productivos que operan en la economía, distinta a la privada que actúa en función del lucro monetario directo. Es necesario tipificar la propiedad solidaria en el cuadro de las instituciones, para permitirle su adecuada armonización en el conjunto económico y para que pueda reconocérsele el debido tratamiento selectivo por parte del Estado, en función de sus características propias y de su importancia.

El Estado también es propietario de bienes y de medios de producción. Es otro propietario sui generis. Actúa en el mercado como titular de riqueza publica, y en tal virtud, ejerce funciones evidentes de propietario. En esa calidad, concurre al ejercicio permanente de la economía de muy diversas maneras y en múltiples escenarios. Ese el motivo para que sea
necesario caracterizarlo en la Constitución como agente económico, de tal suerte que sea factible fijarle sus espacios y los procedimientos de sus actuaciones ante los demás actores, dentro de un cuadro de acontecimientos previsible que ofrezca garantías claras a todos en las relaciones comerciales. La reforma hace esa caracterización.

Derecho de todos:

La distribución de la propiedad y de los beneficios del desarrollo es un prerrequisito para la paz y para la consolidación de una sociedad justa, equilibrada y avanzada en sus rasgos
culturales. Los mecanismos del mercado, si tienen una evolución sana, deben apuntar en este sentido, y la intervención del Estado en la economía con mayor razón.

La Constitución es la referencia más importante que tienen los ciudadanos y la sociedad en su conjunto para visualizar su razón de ser y sus objetivos como Nación. Resulta esencial entonces definir en la Carta con claridad el derecho de todos a la propiedad, no solo para que ese derecho se enseñe como una meta colectiva, sino también para que sea un camino
y un instrumento de acción que acelere la distribución de dicha propiedad y facilite el acceso a ella.

Cuando se distribuye esa propiedad, en que medida y mediante cuales procedimientos. Eso dependerá en cada momento de la vida nacional de las realidades políticas y sociales.

En los procesos electorales el país debatirá acerca de los problemas de cada época y escuchara las propuestas y los programas con los cuales los partidos ofrecen solucionarlos. Cualquiera que gane el derecho a gobernar y a tener las mayorías en el Congreso, deberá encontrar en la Constitución las herramientas suficientes para poner en practica su proyecto económico. De lo contrario, la estrechez de las propias instituciones impediría la marcha de la Nación.

Las decisiones populares quedarían bloqueadas por la falta de instrumentos jurídicos y prácticos para llevarlas a cabo, y esto conllevaría una frustración para la población. Y un traspié para la democracia, por cuanto los mecanismos de decisión colectiva no conducirían a la formación concreta de cambios en las situaciones que se desean superar. El
sistema perdería credibilidad y legitimidad. Apoyo entre la ciudadanía que no encontraría razones para continuar participando en los debates, en la política. En los procesos de conformación del poder y de los organismos de representación.

Es en buena parte lo que le ha venido ocurriendo a Colombia durante los últimos decenios y que ha llevado a la apatía en la participación y a la esterilización de las confrontaciones políticas, que ya no giran alrededor de las ideas ni de propuestas para interpretar las realidades sociales y formular caminos, puesto que ese tipo de intenciones quedan varadas
en un Congreso sin funciones y en el Gobierno que tampoco se mueve en un marco amplio de posibilidades de acción.

Un partido que crea en el intervencionismo del Estado en la economía y que obtenga el favor popular, podrá encontrar en este breve inciso que estamos tratando y que se refiere al derecho de todas las personas a acceder a la propiedad, una fuente jurídica para actuar en materia de redistribución, complementado con otras piezas jurídicas como la expropiación, en los términos de este mismo articulado y que más adelante se explican.

Ahora bien, si quien recibe el respaldo de las mayorías sustenta su liderazgo en la Nación sobre la base de las bondades del libre juego de la oferta y la demanda en el mercado, entonces querrá decir que no recurrirá a este tipo de expedientes para adelantar su obra de gobierno. Los textos quedarían escritos hasta cuando alguien creyera que necesita utilizarlos en beneficio de sus planes y programas

Expropiación por vía administrativa:

El proyecto de articulado cambia el sistema actual que ordena el trámite por la rama jurisdiccional. Es un cambio substancial, por cuanto la expropiación seria más expedita, lo que quiere decir que la voluntad política de las mayorías se vería expresada en realidades sociales por la sola decisión de quienes reciben un mandato que implique este tipo de procedimientos para convertirse en realidad.

Si esas mayorías representadas en el ejecutivo y en el parlamento tienen en el programa con el que ganaron el respaldo popular, por ejemplo, planes de reforma agraria, podrán aprobar la ley respectiva y luego proceder con agilidad a la obtención de los predios necesarios mediante tramites administrativos que están en sus propias manos.

Otro cambio importante que introduce el proyecto consiste en que habla de compensación y no de indemnización como la Constitución actual. Se considera que en un proceso de expropiación por razones de utilidad común, se está haciendo valer el bien general sobre el particular por lo cual no hay un daño implícito en la operación para quien tenga que entregar un bien expropiado.

Luego de definida la compensación por los procedimientos que establezca la ley, el bien pasa a manos del Estado para los efectos de los programas sociales que se propone adelantar. Si el antiguo propietario no está conforme con el monto o con la forma de pago de esa compensación, entonces podrá reclamar por la vía judicial, pero mientras
tanto su antigua propiedad se incorpora a los planes sociales que no sufrirán alteración por dicha inconformidad.

El inciso que se refiere a la expropiación sin indemnización continua igual, salvo que este termino se cambia por el de compensación.

Propiedad intelectual:
Este tema queda remitido a la ley que podrá discriminar las diferentes situaciones que se plantean: si se trata de inventos en ciencia y tecnología, o de obras literarias o según sea la reciprocidad en el trato que se dé a los colombianos en otros países.

Ocupación en caso de guerra:

Se armoniza con los procedimientos de la expropiación en cuanto habla de compensación, y se precisa que se trata de guerra con terceros países.
Confiscación:

El enriquecimiento ilícito ha sido un factor de corrupción social en Colombia, no solo por lo que implica el delito en sí mismo, sino porque quienes lo cometen hacen ostentación ante los demás con bienes lujosos que en verdad no les pertenecen y que no fueron obtenidos como fruto del trabajo honrado.

De esta situación de impunidad se ha derivado un ejemplo letal para la comunidad. Los ciudadanos se sienten desestimulados enfrente al esfuerzo de buscar sustento y progreso en actividades legales que no traen como compensación la fácil obtención de bienes costosos, cuando al tiempo ven expuestas ante sus ojos las riquezas conseguidas en forma fácil y rápida por quienes infringen la ley.

Esta comparación desmoraliza a la población y a las actividades marginales se ven tentados y arrastrados los individuos en forma masiva, en busca del progreso personal cómodo y exuberante. En tales circunstancias el país ha sufrido un desmoronamiento fatal y la corrupción y la criminalidad se han extendido en forma que hoy atenta contra la propia
estabilidad de la Nación y de sus instituciones.

Enajenación de propiedad del Estado:

Hemos dicho que consideramos necesario poner a la disposición del desarrollo del país instrumentos jurídicos que permitan expresar con rapidez en realidades las decisiones que las mayorías del la Nación adoptan a través de los procedimientos propios de la democracia. De esta forma se podría con agilidad, tanto privatizar empresas del Estado, como lo contrario.

Pero con el fin de que los eventuales procesos de privatización que puedan ocurrir en el futuro, no favorezcan en forma injusta e inequitativa a particulares que puedan obtener privilegios en las transacciones correspondientes a costa del interés colectivo, el proyecto propone un sistema de competencia comercial para estas operaciones, el cual
coloca en condición de privilegio a las organizaciones solidarias, que de por sí tienen un interés social y no abrigan animo de lucro. No puede olvidarse que en estos casos se enajenan bienes que le pertenecen a toda la sociedad.

Seguridad jurídica:

Se mantiene la formula de la actual Constitución en cuanto a los derechos adquiridos con justo titulo, lo mismo que la preeminencia del interés publico sobre el privado.

De otro lado, se cambia de manera substancial el alcance de la actual Constitución cuando se determina que los bienes de uso publico, los parques naturales y las tierras de resguardo, son inembargables, inalienables e imprescriptibles, así como el patrimonio familiar.

El articulo 37 de la Constitución:

Con las disposiciones que se están proponiendo acerca de la jerarquía del bien común y la posibilidad de colocar a su servicio instrumentos de intervención del Estado expeditos y efectivos, deja de tener sentido este articulo de la actual Constitución que dice así: “El destino de las donaciones íntervivos o testamentarias hechas conforme a las leyes para fines
de interés social, no podrá ser variado ni modificado por el legislador. El gobierno fiscalizara el manejo e inversión de tales donaciones.”

En cambio, consideramos que puede introducirse en el listado de funciones del Presidente de la Republica, un numeral que diga: “Fiscalizara el manejo e inversión de las donaciones intervivos o testamentarias hechas conforme a las leyes para fines de interés social.”

Nota final:

Para la formulación de este articulado, la subcomisión tuvo en cuenta todas las propuestas de reforma constitucional presentadas a la Asamblea, así como las discusiones especializadas que se realizaron durante el periodo previo a su realización, y que constan en informes y documentos de trabajo.