La economía en la constitución del 91

septiembre 30, 2011 en Discursos

Foro 20 años de la constitución politica Universidad Libre Pereira Iván Marulanda

foto toma de la Universidad Libre

LA ECONOMÍA EN LA CONSTITUCIÓN DEL 91
UNIVERSIDAD LIBRE DE PEREIRA

Por: Iván Marulanda
Constituyente
Pereira 2011-09-30

Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía, fue semanas atrás hasta el Parque del Retiro en Madrid a dirigir estas palabras a jóvenes del 15M, el movimiento de “Los Indignados” que reclama cambios profundos en el sistema político español y abre caminos a la encrucijada de estos tiempos:

“La crisis económica ha mostrado los problemas actuales del capitalismo con unos mercados sin regular. La experiencia de las últimas décadas demuestra que hay una necesidad de que los gobiernos jueguen un importante papel en regular los mercados. Veo aquí una energía reconfortante, espero que la uséis en forma constructiva. No se pueden reemplazar las malas ideas por la ausencia de ideas sino que hay que cambiarlas por buenas ideas. Lograr que se integren en el debate público requiere organización y liderazgo. Va a ser una lucha difícil porque esas malas ideas están asentadas en el discurso económico dominante pero ahora tenemos una gran oportunidad para unir la ciencia económica con el compromiso y la justicia social y lograr así una nueva economía. Os deseo la mejor suerte.”
(Parque del Retiro, Madrid, 25 de julio de 2011).

En Colombia hay elecciones presidenciales cada cuatro años pero la política económica no cambia, es la misma. El debate público y la competencia electoral no se refieren al papel del Estado en la economía sino a otras cosas. El tema lo ventilan pocos analistas de prensa, cada vez menos y con menos frecuencia.

No voy a meterme en disquisiciones políticas e históricas para intentar explicar este fenómeno que por lo demás es interesante, porque fui invitado a hablarles sobre la Constitución del 91. Me limito a decir que la política económica colombiana está en “piloto automático” desde hace más de 20 años, montada en la matriz ultraconservadora que proscribió la intervención del Estado en los mercados,  doctrina que se regó por el mundo desde comienzos de la década de los ochenta y tiene a la economía planetaria al borde del abismo.

No resisto la tentación de afirmar algo con pena de demócrata. La discusión ideológica, la elaboración intelectual y la crítica sobre el proceso económico colombiano, se desvanecieron a lo largo de estos años y llegamos sin patalear a ser la sociedad más desigual del hemisferio. Hemos visto destruir sectores productivos y centenares de miles de empleos decentes sin chistar por cuenta de políticas públicas “neoliberales” dictadas sin compasión y con arrogancia. El que alzó la voz fue descalificado e increpado por “ignorante y anticuado”. Son de esos huecos negros en los que caen los pueblos cuando se les reducen los espacios democráticos, que en este caso los colombianos libres debemos iluminar si queremos salir del extravío y regresar a la idea del progreso con justicia social.

Vamos al asunto de esas políticas “neoliberales”. El sistema es simple. El Estado tiene funciones mínimas y entrega a las empresas privadas y a los particulares el papel de impulsar a su aire el desarrollo económico y social en la idea de que el libre juego de oferta y demanda hacen mercados inteligentes y dinámicos que asignan los recursos con eficiencia y generan el mayor crecimiento posible. Se supone que ese crecimiento distribuye en el camino ingresos y oportunidades en la medida que las personas y los actores económicos sean más despiertos, creativos y laboriosos. La idea la vendieron reforzada con el prejuicio de que el Estado es en sí mismo corrupto, estorboso y mal administrador.

Ha sido tal el frenesí de la vida humana y la evolución de las culturas, la ciencia y la tecnología, y de los negocios, que los mercados se desbocaron y no ha sido posible frenarlos para observar con cabeza fría hacia dónde va esta carrera loca de los países y del mundo y hacia dónde arrastra a los pueblos, y para dar respiro a la inteligencia de tal suerte que vuelva a tener control sobre los acontecimientos y defina con su propia razón y su voluntad las condiciones en las que deseamos vivir.

Es tan alucinante lo que acontece, que los países más ricos del planeta cayeron hace escasos tres años en el caos y la bancarrota de donde no han podido salir. Hoy no se sabe cuál es el futuro de sociedades que fueron opulentas en América, Europa y Asia durante décadas después de la Segunda Guerra Mundial y llegaron a disfrutar condiciones de confort nunca imaginadas por la especie humana en milenios de historia.

Lo que nadie discute es que el sistema económico se salió de las manos de las instituciones nacionales e internacionales hasta desembocar a esta situación y los dirigentes políticos más poderosos del planeta se miran perplejos sin saber qué hacer mientras observan la situación de desastre de sus países. Deshumanización de las sociedades, devastación ambiental, desempleo, ruina de millones de familias que lo pierden todo, miseria y endeudamiento por doquier, déficits fiscales, bancarrotas, colapso de mercados, freno del crecimiento, desestabilización de las instituciones y desconfianza en los liderazgos. Ese es el panorama.

Las movilizaciones multitudinarias de “Indignados” en Puerta del Sol en Madrid y de jóvenes estudiantes en Santiago de Chile, como las manifestaciones violentas en Grecia y los tumultos y las marchas en tantos otros lugares del mundo, desde Tel Aviv hasta Nueva York, son expresión del rechazo popular al sistema político y la concepción utilitarista que desprecian al ser humano y su entorno ambiental y cultural. Rechazo al modelo económico que impusieron por parejo a los países, fuerzas políticas homogenizadas en el ejercicio del poder a lo largo de este periodo histórico puesto en manos de partidos políticos y dirigentes desideologizados, perezosos, acríticos y sin sentido común, resignados durante 30 años a presenciar cómo los destinos de sus pueblos los dilapida la tecnocracia con sus fórmulas esotéricas mientras se dedicaron al retozo y el autoelogio, rodeados de la opulencia de los ambientes de especulación y la euforia de negocios que convirtieron a las economías en casinos.

Este panorama decadente viene dándose en ambientes deletéreos de corrupción y rabia en los que florecen organizaciones criminales y violencias, así como conductas desesperadas y desquiciadas como la que desató la masacre de Oslo semanas atrás.

Para reconocer el colapso del sistema y la crisis del mundo, basta mirar hacia Japón con más de diez años de estancamiento, hacia Islandia Irlanda Portugal España Grecia Italia al borde de la ruina y en general hacia la zona euro embotellada en la ingobernabilidad. Y cómo no, mirar hacia los EU que resultó de la noche a la mañana insolvente y país de pobres. El fin del Imperio.

En medio del desorden se buscan explicaciones y correctivos, aun cuando los propios responsables y los analistas coinciden en reconocer que la reacción fue tardía. Los hechos están consumados. Por lo pronto los incendios mayores se intentan aplacar con medidas improvisadas de viejo cuño, en contravía de la ortodoxia conservadora de “no intervención del Estado” que ocasionó los estropicios. Las válvulas de los presupuestos públicos se abren a pleno chorro, para solventar instituciones financieras desastradas por los abusos que cometieron con la complicidad de precarios controles montados por políticos fletados por ellas para proteger el libertinaje en el que se movieron a sus anchas para sabotear los ahorros del público. Y ruedan ríos de dineros provenientes de impuestos para rescatar empresas fabriles, comercializadoras y de servicios, arruinadas en este crac mundial desencadenado por los tahúres intocables de los mercados. Ellos no
pagan los platos rotos, son los contribuyentes y los ahorradores defraudados y los trabajadores en paro con sus familias y los adultos mayores y la población de discapacitados y enfermos y los niños y los jóvenes, quienes pagan la factura de derroche y corrupción en las altas esferas de poder económico y político.

Los Estados incluso echan salvavidas a terceros países acreedores en bancarrota, bajan al piso tasas de interés y pagan subvenciones a sus parados para intentar resucitar la demanda agregada y crear empleos. Y quién hubiera pensado, los Estados vuelven a regular la actividad económica para poner en práctica, a manera de salvavidas, medidas anticíclicas del viejo y denostado corte keynesiano.

“Todos nos hemos vuelto keynesianos” comenta un eminente economista norteamericano en medio de esta locura que se desató desde finales de 2008, refiriéndose a las políticas de intervención del Estado en la economía con las que el presidente Roosevelt rescató a Estados Unidos de la “Gran Depresión” de los años 30s en el siglo pasado.

Dejo de paso esta observación. No pocos analistas piensan que se vienen regalando enormes cantidades de dinero de los contribuyentes a especuladores que debieran estar en las cárceles, mientras quedan desprotegidos sectores sociales golpeados por la crisis.

En este panorama y cuando se pensaba que el debate en el mundo había dado el triunfo al “neoliberalismo” como verdad indiscutible, se abre de nuevo la caja de herramientas del intervencionismo de Estado y se activan instituciones supranacionales, para intentar reconstruir los tejidos económicos, sociales e internacionales destruidos por la descaecida “inteligencia de los mercados” e intentar recuperar la senda del crecimiento y el bienestar.

No digo que las cosas serán fáciles ahora para las fuerzas socialdemócratas y el pensamiento keynesiano en el mundo. En varios países las izquierdas cayeron en la contradicción de administrar el poder con políticas “neoliberales” y perdieron credibilidad y apoyo del electorado. En otros, no impidieron que los países cayeran al abismo por cuenta de esas políticas y también se desacreditaron.

La capacidad de criticar y proponer de las izquierdas democráticas fue apestada durante décadas por derechas arrogantes, apoyadas en agencias multilaterales colonizadas por ellas y por conglomerados multinacionales y potentados beneficiarios de esa concepción del Estado y la economía. Para su soporte intelectual financiaron escuelas de economía connotadas en el mundo, para que formaran recursos humanos que administraran y expandieran el pensamiento “neoliberal” y centros de investigación que construyeran
conocimiento y documentaran, justificaran y actualizaran la doctrina.

Ahora hablemos de Colombia…

Quizás lo que más me entusiasma de hablar en este ambiente académico en el que conmemoramos 20 años de la Constitución, es la oportunidad de explicar lo que pasó en la Asamblea Constituyente en lo referente a los temas económicos y decirles a grandes rasgos cómo quedaron las cosas en la Carta Política a este respecto.

Para empezar hago esta afirmación tajante. La Constitución del 91 no es “neoliberal” como se dice con frecuencia. Óiganme bien, la Constitución Nacional es democrática, no es dogmática ni fue ideologizada. Desde el punto de vista doctrinario es neutra, por eso es democrática. No es de derecha ni de izquierda, es de todos los colombianos y para todos los colombianos… una sociedad democrática integrada por hombres y mujeres libres tiene ciudadanos de derecha y ciudadanos de izquierda… por lo mismo, si la Constitución interpretara a unos sí y a otros no… no sería pluralista ni nacional, ni sería democrática…
sería excluyente y sectaria… hegemónica… y resulta que a los constituyentes del 91 nos eligió el pueblo con el mandato de consagrar en la Carta la nación y el Estado de todos y para todos que echamos de menos a lo largo de generaciones de compatriotas segregados y siglos de abusos e intolerancia atravesados de violencias e infelicidades…

Qué quiero afirmar con esto… es sencillo. Hice parte de la Comisión 5ª de la Asamblea Constituyente en donde redactamos los textos del Título XII referentes al régimen económico y la hacienda pública, así como los artículos de derechos sociales incorporados al Título II sobre derechos, garantías y deberes.

Explico en dos platos… los constituyentes dijimos en los debates “… estamos trazando reglas de juego para que Colombia sea la nación democrática que los ciudadanos queremos… para eso fuimos convocados y para eso estamos reunidos…”

¿Qué significa esto en las materias económicas? Que nuestro mandato consistió en hacer normas que garanticen a las fuerzas políticas que compiten por el poder en las elecciones, que pueden proponer sus programas de gobierno desde su ideología y soluciones a los problemas de la gente de acuerdo con sus convicciones acerca de cómo debe funcionar el país, su visión del papel Estado, la organización de la sociedad y la manera como debe operar la economía.

Además, que los ciudadanos tengamos certeza que quien obtiene las mayorías en las urnas y gana el poder, encuentra herramientas jurídicas que le hacen posible realizar su pensamiento y sus planes de gobierno.

De lo que se trataba entonces era de acabar con el obstáculo de que los programas no se ejecutan, porque la Constitución lo impide. Ahora, si las promesas no se cumplen no será por limitaciones institucionales, sino porque son inapropiadas o irresponsables o desorbitadas, o por falta de voluntad política o por situaciones de fuerza mayor que cualquiera entendería.

Como me refiero a las fuerzas políticas que ganan el poder en las elecciones, permítanme esta disquisición sobre el poder para que nos entendamos.

El poder en Colombia no está solo en el gobierno. El poder en democracia es la suma de gobierno y mayorías en el Congreso. La aclaración es necesaria porque los colombianos subestiman la importancia del Congreso y creen que cuando eligen presidente, eligen el poder. No es cierto. Presidente que no tenga mayorías en el Congreso no puede hacer nada importante y al contrario, mayorías en el Congreso opuestas al gobierno, bloquean la acción del Estado. Son las dos cosas las que tienen que darse en esta democracia, para que los programas que escoge la ciudadanía en las elecciones puedan realizarse: elegir gobierno y elegir mayorías en el parlamento que apoyen su gestión.

Otra cosa es la lógica de los regímenes parlamentarios que están concebidos para elegir con el mismo voto los dos poderes a la vez, el legislativo y el ejecutivo… se convocan elecciones y la fuerza que elige más bancas en el parlamento y es mayoritaria, o la que congregue a su alrededor la coalición que sume la mayoría de miembros, obtiene el mandato de conformar gobierno.

No es el caso colombiano que es presidencialista como los Estados Unidos y las demás democracias latinoamericanas. En estos casos el primer mandatario y los legisladores se eligen por separado y los presidentes tienen que lidiar durante su período con el problema de administrar las bancadas de las cámaras legislativas, para poner de acuerdo a las mayorías en las leyes que necesita para sacar adelante el plan de gobierno. Si los presidentes se eligen de una vez con mayorías de su partido político en el Congreso y esas mayorías son disciplinadas y saben para dónde van, el poder se ejerce de manera expedita para cumplir las promesas a los ciudadanos. Si el presidente no tiene mayorías de su partido en las cámaras legislativas, le toca negociar su programa y la formación de su gobierno con otros partidos que no le apoyaron para su elección.

El calvario por el que atravesó hace pocas semanas el presidente demócrata Barack Obama explica este asunto. Cuando le votaron de manera abrumadora en 2008, los estadounidenses eligieron al mismo tiempo mayorías de su partido demócrata en la Cámara de Representantes y en el Senado, y el gobierno arrancó en coche. Desaprovechó esa oportunidad única para enfrentar la crisis y hacer cambios profundos, es verdad. Dos años después hubo elecciones parciales de congresistas y Obama perdió las mayorías en la Cámara. Ahora su administración vive atascada negociando con sangre cada ley con los opositores republicanos. Es tal el tropiezo, que el país más rico del mundo llegó a amenazar días atrás con entrar en cesación de pagos de su deuda pública. Algo increíble en la historia económica y de consecuencias insospechadas para el mundo.

La explicación era que se necesitaba una ley que permitiera acrecer la deuda norteamericana más allá del tope al que llegó, y los republicanos desde la oposición no se allanaron a ninguna de las fórmulas que propuso el presidente demócrata. Obama quiso preservar en lo posible ciertos gastos del gobierno en programas sociales, rebajar la cuantía del déficit fiscal y amortizar la deuda con aumentos de los ingresos fiscales, mientras los republicanos querían que el programa de austeridad fiscal y pago a los acreedores corriera por cuenta del recorte en el presupuesto del gasto social y de ser posible, se rebajaran impuestos a los ricos. Esa es la confrontación ideológica clásica en las democracias, entre la izquierda y la derecha.

Así funcionan estas democracias, cuando funcionan. Traigo la explicación a cuento porque en Colombia se piensa que el poder político se define en las elecciones presidenciales y descuida las elecciones de Congreso. Los desfiles de senadores y representantes hacia las cárceles y los continuos escándalos de corrupción, truculencia, mediocridad de las leyes, revelan que los ciudadanos no son exigentes cuando votan para elegir congresistas.

Luego de esta digresión, retomo el hilo reiterando que los constituyentes hicimos la Carta Política en materias económicas pensando que garantice a las fuerzas mayoritarias elegidas en las urnas, Presidente de la República y Congreso, herramientas suficientes para materializar su propuesta de gobierno a los ciudadanos cualquiera sea su naturaleza, de izquierda o de derecha. El pueblo decide qué espera del Estado, hasta dónde quiere que intervengan sus instituciones económicas y cómo quiere que se orienten los dineros de sus impuestos. Por supuesto que si el Presidente no tiene mayorías en el Congreso no hay nada qué hacer, sus programas se frustran. La decisión es de los votantes.

Con la Constitución que los colombianos teníamos antes del 91 no se podían ejecutar sino los planes económicos que obedecían a cierta línea de pensamiento y a cierta doctrina. Planes de estirpe diferente era inútil, aunque el pueblo los acogiera, simplemente no se podían llevar a cabo. Lo impedían las limitaciones que ponían las instituciones jurídicas hechas a imagen y semejanza de una sola de las vertientes del pensamiento político, el más reaccionario para más veras.

Era frustrante saber de antemano que si los ciudadanos elegían presidente y congreso progresistas, no podían cumplir su programa porque la Constitución se los impedía. De allí que se intentara tantas veces reformarla pero sin éxito, porque las mayorías calificadas que se exigían para cambiarla eran imposibles de alcanzar. En tales condiciones el ejercicio de la política era torneo de demagogia y mentiras piadosas, porque los gobiernos todos hacían lo mismo cualquiera fuera su filiación. Claro, la política sus protagonistas y las instituciones, se desacreditaron.

En qué consiste entonces la confusión que lleva a pensar que la Constitución del 91 es “neoliberal”… la respuesta es fácil… el poder en Colombia ha estado en manos de mayorías “neoliberales” a las que no les gusta ni les interesa que el Estado intervenga en la economía… esas son las mayorías que han elegido los colombianos, no la Constitución…

Los gobiernos y las mayorías parlamentarias durante estos 20 años se dedicaron a liberalizar los mercados, a mantener el estatus quo social y a proteger privilegios. El resultado es evidente en las desigualdades, el atraso y la pobreza de los colombianos, la violencia y la depredación ambiental, consecuencia de políticas decididas por gobiernos y congresos escogidos por voto popular. La verdad es que no hemos tenido fuerzas progresistas capaces de despertar la conciencia de la ciudadanía sobre su propio comportamiento político, que cierra las posibilidades de su redención económica y social.

Como los lectores sabrán quizás, soy liberal socialdemócrata, liberal de izquierda. Les pido dispensa para escribir desde mi bando político.

Si me preguntan qué tendrían que hacer gobiernos de mi partido, elegidos con bancadas mayoritarias de congresistas también liberales, para transformar la nación desde la visión de nuestras ideas de izquierda, les diría que es urgente voltear 180 grados el rumbo del Estado con la Constitución del 91 en la mano, dándole la lectura y la interpretación socialista. Aplicarla a las realidades colombianas desde el pensamiento de la socialdemocracia, en donde están nuestra razón de ser y los títulos que hemos ganado en la historia de la construcción de esta nación.

Es al punto al que quería llegar. Las izquierdas colombianas en vez de estar diciendo que la Constitución es “neoliberal”, más bien debieran aplicarse a pensar y a trabajar en la preparación de leyes de todas las naturalezas, ordinarias, estatutarias, orgánicas, marco, para interpretar y desarrollar la Constitución desde el pensamiento socialdemócrata. Porque las leyes de estas dos décadas como dije, fueron hechas con inspiración “neoliberal”. Así armaron el andamiaje económico y de Estado que tenemos, que es de estirpe conservadora. Para cambiar esa estructura jurídica por otra que permita poner en marcha políticas económicas, sociales y territoriales del corte socialdemócrata, no es necesario cambiar la Carta, sino hacer leyes de estirpe socialdemócrata que reemplacen las vigentes.

No soy de los que creen que ejercer el poder es solo legislar y legislar. Más bien estoy del lado de quienes piensan que se necesita acción en el campo de la sociedad, trabajar sobre el terreno en la solución de los problemas, emprender procesos sociales con la gente y las comunidades, impulsar los que están en marcha. Lo que ocurre es que al país lo montaron en esas legislaciones retrógradas que dan a la Constitución la lectura que conviene a las estructuras de poder que tienen constreñida y explotan a la sociedad en favor de intereses egoístas.

Es la paradoja de este país liberal gobernado por el pensamiento conservador, que ha desarrollado más la economía que la sociedad y que las personas. Lo demuestran los indicadores de pobreza, desigualdad, desarreglo ambiental y las manifestaciones de la violencia, cuando reclamamos ser humano, equidad, tejido social, calidad de vida, convivencia, equilibrio ecológico y equilibrio regional.

El reto no es sencillo. De entrada reconozco que no hay partidos de izquierda en Colombia, organizados para esa tarea monumental. Es lo que se debe hacer primero, organizarlos en vez de disculparse con que el atraso social es culpa de la Constitución. Son las ideas políticas y los partidos de izquierda los atrasados en Colombia. El Partido Liberal, el Polo Democrático, los Verdes deben construir sobre sus ideas, en vez de andar colgados de gobiernos de derecha para sobreaguar en la burocracia y de paso apuntalar el viejo régimen de familias. Todos metidos en el mismo saco no hacen democracia sino contubernio. Si quieren llegar al poder de verdad, tienen que presentar su proyecto de país con leyes y programas que concreten su propuesta y contraponerla al aparato tradicional de las elites.

Quiero imaginarme cualquier punto de la agenda pendiente de las izquierdas democráticas colombianas que nos sirva de ejemplo.

Observen Ustedes este caso. Es indispensable reformar la legislación minera con varios objetivos:

  1. garantizar la conservación del medio ambiente
  2. garantizar que la propiedad del Estado sobre el subsuelo y los recursos naturales se haga valer, para lo cual deben revisarse los sistemas de concesiones, la situación de
    las otorgadas y reconstruir las modalidades y las tarifas de las regalías que son
    irrisorias y hacen que estemos regalando la riqueza del subsuelo a consorcios
    multinacionales
  3. determinar cuáles sectores mineros se reserva el Estado para explotar y comercializar
  4. definir los sistemas reguladores y de control para impedir el saqueo de los recursos
  5. proteger la integridad de los trabajadores de las minas y su justa remuneración
  6. poner en marcha planes de desarrollo tecnológico y la definición de normas técnicas para que la pequeña y mediana minería sean eficientes y su accionar no resulte depredador
  7. construir programas de capacitación para la población minera
  8. establecer marcos organizacionales para los mineros pequeños y medianos en empresas solidarias, proporcionarles financiamiento y prestarles asistencia técnica
  9. establecer normas que ordenen el desarrollo físico y social en los asentamientos mineros y den a los municipios instrumentos para regular e impulsar dichos desarrollos
  10. formular programas de extensión de procesos manufactureros y comerciales que agreguen a la actividad minera mayor valor.

Apreciadas amigas, amigos, jóvenes… responder a la enumeración anterior implica montañas de trabajo y retos a la inteligencia y a la capacidad de acción política de los partidos colombianos de izquierda. Y escúchenme esto… ese vademécum se refiere sólo al primer artículo del capítulo 1º del Título XII de la Constitución… imagínense la magnitud de lo que queda por delante, si tenemos en cuenta que el Título XII tiene 51 artículos y si agregamos el articulado que consigna los derechos humanos y sociales que la Carta consagra en el Título II, para no hablar de otros aspectos neurálgicos para el desarrollo social, como es por ejemplo la organización territorial…

La tarea es inmensa. Para persuadirnos podríamos recorrer artículo por artículo, reconociendo la realidad colombiana con los ojos de quien quiere hacer valer el concepto constitucional fundamental de que el nuestro es un Estado Social de Derecho, es decir un Estado al servicio de la dignidad humana y el desarrollo integral de las personas. Hoy el Estado colombiano favorece estructuras de poder y castas privilegiadas, por tanto la Constitución no se materializa en el alcance social conque define la naturaleza del Estado.

Podría señalar infinidad de asignaciones pendientes de las izquierdas en cuanto a la interpretación de la Constitución. Cito otras.

La salud en Colombia es negocio corrupto, porque la ley lo permite. Pues hay que cambiar esa ley. Entonces les recuerdo que por mandato de la Constitución la seguridad social, como la prestación de los servicios públicos básicos, son obligatorios y responsabilidad del Estado. Responsabilidad que puede delegar en todo o en parte a particulares mediante ley, pero que puede delegar mucho poquito o nada, según lo determinen con su forma de entender el funcionamiento del Estado y la sociedad quienes gobiernan y hacen las mayorías en el Congreso. Es el carácter democrático de la Carta al cual me vengo refiriendo.

Igual sucede con la educación pública gratuita y el acceso al conocimiento, la ciencia y la tecnología, su cobertura y calidad, que conciernen a los objetivos del Estado. Son asuntos que se definen en los planes de desarrollo, los presupuestos públicos y en las leyes que reglan y acotan la materia, instrumentos estos que asignan a las instituciones del Estado la magnitud de su compromiso en la ejecución del mandato constitucional de ofrecer oportunidades, sobre la base de que la educación es derecho de la persona y un servicio público que tiene función social y como todos los derechos fundamentales, está afincado en el principio de la solidaridad.

Por lo demás, también se establecen en la ley las regulaciones y los controles que garantizan a la sociedad que el Estado está en capacidad de impedir que la educación sea factor de explotación y campo de violaciones de principios éticos y jurídicos en los que se funda la nación, por mandato de la Constitución.

Siempre que se habla del papel del Estado en el desarrollo, se ponen de presente las limitaciones fiscales. Con razón. Ese es asunto central que define también en las leyes el gobierno, junto con las mayorías del Congreso. Si quieren gastarse los recursos públicos en armas y en burocracia inútil y dejarlos escurrir por las rendijas de la corrupción, allá ellos y que pague la sociedad por cuenta de los ciudadanos que eligieron esas mayorías. Igual si deciden en las leyes regalar el erario a los ricos, mediante deducciones y exenciones tributarias, y “hacerles pasito” con los impuestos a los que tienen rentas y patrimonios de sobra en vez de cobrarles lo que en justicia pueden y deben pagar, desde el principio constitucional de la progresividad, para que el Estado tenga con qué invertir en la gente, en su salud en su educación en su recreación, en ciencia y tecnología, en infraestructura de transporte, en creación de fuentes de empleo.

Les recuerdo que el sistema impositivo lo estructura y lo tasan el gobierno y las mayorías del Congreso, de acuerdo como conciben el Estado y la sociedad. El asunto es ideológico de los que hacen la política y no de la Constitución, que está abierta a lo que decida la ciudadanía con su voto. Es tan abierta la Carta a cualquier filosofía de Estado encarnada en fuerzas democráticas que oficien desde el poder, que admite que se presenten y aprueben presupuestos de gasto desfinanciados. Todas las peripecias que vienen haciendo los norteamericanos y los europeos con los recursos fiscales para palear el crac y su devastador impacto social, y hasta más, pueden instrumentarse en Colombia con la Constitución del 91 que es recursiva y abierta a la inteligencia y al sentido de supervivencia de la sociedad,
como a su ambición de progreso y bienestar.

Cómo no, es papel del Estado “ejercer inspección, vigilancia y control sobre las personas que realicen actividades financiera, bursátil, aseguradora y cualquiera otra relacionada con el aprovechamiento o inversión de recursos captados del público” (artículo 189 de la Constitución). Ese universo de acción pública es enorme y complejo y las izquierdas deben tener su propia versión al respecto. Es más, los servicios financieros que son servicios públicos, puede prestarlos el Estado o delegarlos en particulares en la proporción y las condiciones que determinen los gobiernos y los Congresos, otra vez de acuerdo a las políticas que estos implementan por mandato de la ciudadanía en las elecciones. Igual si se trata de poner en cintura instituciones financieras que abusen con comisiones y tarifas desmesuradas en los servicios que prestan al público, o si se trata de que compartan sus ganancias exorbitantes con la sociedad, de la misma manera que los tributos de los ciudadanos acuden a rescatar a la banca cada que cae en barrena como ha ocurrido tantas veces en los últimos decenios.

Los procesos de construcción de los planes de desarrollo deben ser participativos y articularse desde los municipios y los departamentos hasta la nación y debe evaluarse su cumplimiento, dice la Carta. Es indispensable reformar las leyes que reglamentaron las normas constitucionales sobre planeación y exigir que estas se cumplan, empezando por reconocer al Consejo Nacional de Planeación, de origen ciudadano, el papel que le asigna la Constitución y que ha sido menospreciado, así como devolver al proceso de planeación el carácter participativo que le dieron los constituyentes y que también se burla. La participación popular no le gusta a las derechas, pero es la esencia de las izquierdas.

Lo que se ha hecho en la materia no sirve. Fue inspirado por gobiernos y mayorías parlamentarias que no creen ni quieren la planeación, les fastidia, les estorba. Creen en la inteligencia de los mercados, no en la inteligencia de los hombres.

Las izquierdas creemos en la planeación y la consideramos indispensable para racionalizar los esfuerzos sociales, dar al crecimiento condiciones de sostenibilidad, prever calamidades, articular las regiones, ordenar y dinamizar el desarrollo y hacerlo socialmente justo.

Si se desea dimensionar qué tan poderoso puede ser el Estado colombiano y cuánto se necesitan partidos políticos comprometidos con el servicio público, preparados para concebir y manejar el poder en toda su dimensión, lean con cuidado el artículo 334 de la Constitución que empieza diciendo… “La dirección general de la economía estará a cargo del Estado…”. Es un océano para la acción política de las izquierdas democráticas.

Si quieren que les diga, vivo convencido de que en Colombia no se ejerce el poder desde el Estado y se repartió con indolencia entre particulares, porque no hay partidos de izquierda de verdad ni líderes con vocación de izquierda consagrados y con los calzones amarrados para construir un pensamiento avanzado y coherente que interprete la Constitución en su compromiso humanista y social, resueltos a luchar con esas banderas por la conquista del poder para ponerlo al servicio de la gente y de los valores éticos del Estado Social de Derecho. Como no podría hacer esta afirmación sin mencionar personajes de carne y hueso, que hayan tenido semejante tamaño y hayan cumplido esa misión en nuestra historia, les recomiendo a los jóvenes que pregunten quiénes fueron y cómo pensaban y qué hicieron dos señores que se llamaron Alfonso López Pumarejo y Jorge Eliecer Gaitán en la primera mitad del siglo pasado, cuando la sociedad no había dejado de ser colonial y la Constitución que regía no tenía cuerda para nada que fuera de interés popular, porque había sido redactada por godos envalentonados y cerreros después de salir victoriosos de los campos de batalla.

Quienes entiendan el fondo de los artículos de la Constitución del 91 que se refieren a la propiedad y a la competencia, se darán cuenta que entregan al Estado resortes de intervención poderosos para impedir que los particulares ejerzan posiciones dominantes y actúen como si esta nación fuera tierra de nadie, regalada a la voracidad y la codicia del capitalismo rampante, hoy cuestionado y hasta despreciado en el mundo entero. A quienes piensen que la Constitución de Colombia es “neoliberal” después de conocer el alcance de esos instrumentos jurídicos, como decimos en la jerga popular “¡que les piquen caña!”. Se puede expropiar por la vía administrativa para hacer valer el interés general por encima del interés particular y se pueden regular los mercados hasta donde sea necesario para impedir la explotación abusiva de las personas y la sociedad, en cuanto lo mande la ley que hacen gobierno y mayorías parlamentarias elegidas en las urnas. Esto, para no hablar de la extinción del dominio sobre los bienes adquiridos en deterioro de la moral pública.

Quisiera mencionar el caso del Banco de la República, que levanta ampolla en sectores de la sociedad y la política. El sentido de crear esa entidad con las autonomías que le otorga la Carta, no fue otro que impedir a los gobernantes la posibilidad de hacer populismo con la emisión de moneda, arma poderosa de demagogia y esclavitud. De ninguna manera se sustrajo a la Banca Central de responsabilidades sociales y de la obligación de coordinar las políticas monetaria, cambiaria y crediticia con la política económica general. Todo lo contrario, la Constitución es clara en exigir esa concordancia.

¿Qué pasó entonces para que el Banco se desentendiera de las metas de crecimiento, distribución del ingreso, generación de empleo y sostenibilidad ambiental? Pues lo que he dicho tantas veces… los gobiernos y los congresos de estirpe conservadora que han interpretado la partitura de la Constitución durante sus 20 años de existencia, dictaron leyes que recortan las responsabilidades del Banco de la República y lo reducen al papel desmirriado que viene desempeñando, a espaldas del lamentable escenario de pobreza desigualdad y depredación que presenta la sociedad colombiana, como si no tuviera que ver con las angustias de la sociedad. Es cuestión de la ley, no de la Carta Política.

Para terminar digo a las compañeras y compañeros de la izquierda colombiana: dejen de llorar y echar culpas de nuestra ineficacia política a la Constitución, que es inocente y representa lo mejor que nos ha pasado a los demócratas y en particular a los socialdemócratas en la historia de Colombia. Trabajemos duro en pensar al país desde las ideas socialistas democráticas y salgamos a convencer a la gente en la calle con la palabra, la inteligencia y la razón, de las bondades de nuestras convicciones y nuestras propuestas, cosa que no debe ser difícil si son humanistas, modernizantes, solidarias y coherentes con la misión de alcanzar el verdadero Estado Social de Derecho. Volvámonos serios y constructivos, que el fracaso del modelo de derechas que arroja como resultados miseria y desesperación a lo largo y ancho del mundo, no solo es oportunidad sino compromiso para nuestro accionar político y abre los caminos de estos tiempos de la humanidad a las corrientes socialdemócratas de todas las naciones como advirtió Stiglitz a los jóvenes españoles hace pocos días en el Parque del Retiro de Madrid. El momento excepcional del mundo habilita de modo sorprendente las ideas de izquierda democrática en todas las sociedades y nos propone a los colombianos progresistas el desafío de sacar a Colombia del desastre de la confrontación armada y la injusticia social que nos humillan, con los instrumentos democráticos que ya nos entregó la historia en la Constitución del 91, a la que le celebramos hoy 20 años de existencia.

Muchas gracias.